Miembros de la Mara Salvatrucha asisten a una misa en Ciudad Barrios, San Salvador, El Salvador. Edgar Romero/DPA/PA Images,. All rights reserved

Este artículo se publica como parte de nuesta serie ¿Qué violencias en América Latina? en colaboración con la Facultad de humanidades de la Universidad de Santiago de Chile

El Salvador es el hogar de las bandas más violentas en el mundo, tanto la Pandilla de la Calle 18 (Barrio 18) y Mara Salvatrucha (MS-13) comenzaron en Los Ángeles, California, en la década de 1960 y 1980 respectivamente. A medida que las bandas han evolucionado con el tiempo crearon problemas de seguridad para el gobierno de los Estados Unidos, la Reforma de Inmigrantes y Responsabilidad del Inmigrante Ilegal (IIRIRA) de 1996 dio lugar a la deportación de muchos miembros de las bandas a sus países de origen en América Central. No en vano, tales políticas contribuyeron a la expansión de las pandillas en toda la región. 

En 2012 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos catalogó al MS-13 como una organización criminal transnacional, tanto la MS-13 y la Pandilla de la Calle 18 participaban en una serie de actividades ilícitas, de las cuales la más rentable de estas en El Salvador es la extorsión. Las personas que viven y trabajan dentro de las comunidades están obligadas a pagar el alquiler (renta) a las bandas o pueden enfrentar serias consecuencias.

En 2015, El Salvador superó a Honduras como el país que no está en guerra más violento del mundo, con una tasa de homicidios de 104 por cada 100.000 habitantes. La violencia de las bandas en 2015 superó incluso los días de la violenta guerra civil de El Salvador, que duró desde 1980 hasta 1992. En 2016, la tasa de homicidios se redujo a 81,2 por cada 100.000 habitantes, sin embargo, las tendencias siguen siendo problemáticas y sugieren que la violencia continuará sin cesar.

Las pandillas y las políticas de gobierno han contribuido a los altos niveles de violencia que afecta al país. En la década de 2000, el gobierno de Francisco Flores puso en marcha la estrategia de Mano Dura para combatir las pandillas y la violencia relacionada con ellas, estas políticas provocaron un aumento en el número de pandilleros arrestados como resultado, la población penal proliferó de una tasa de 130 por 100.000 habitantes en 2000 a 567 por 100.000 en 2016, el aumento de la población reclusa ha dado lugar a graves problemas de hacinamiento en el sistema penitenciario.

Por otra parte, los funcionarios han separados bandas dentro de las cárceles, separación que parece lógica, los funcionarios de prisión no quieren colocar miembros de bandas rivales en las mismas celdas. Sin embargo, estudiosos como José Miguel Cruz, tienen en cuenta que estas estrategias han tenido consecuencias no intencionales. Las prisiones han servido como “escuelas del delito”, a miembros de bandas de diferentes camarillas alojados dentro del mismo complejo penitenciario, comenzaron a establecer contactos y organizarse. En suma, las cárceles se convirtieron en una parte integral de la vida de las bandas, y los líderes de las pandillas “toman las riendas” mientras están encarcelados.

Prisiones en todo el país requiere reformas significativas, el sistema penitenciario está plagado de altos niveles de hacinamiento en torno al 348 por ciento, los altos niveles de hacinamiento generan serias preocupaciones sobre violaciones de los derechos humanos debido a las terribles condiciones de vida de los prisioneros. El hacinamiento también puede aumentar la tensión entre los internos y fomentar altos niveles de violencia, además las cárceles salvadoreñas no rehabilitar con eficacia ex miembros de bandas. Los ex presos se enfrentan a grandes desafíos en su intento de encontrar empleo después de salir de prisión, los ex miembros de pandillas enfrentan altos niveles de discriminación por parte de la sociedad, n o sólo los ex pandilleros tienen enemigos dentro de su antigua banda, sino que también tienen que tener cuidado ya que miembros de bandas rivales pueden tratar de hacerles daño.

El actual gobierno de Salvador Sánchez Cerén ha seguido un enfoque duro contra el crimen de pandillas en el país. En 2015 la Corte Suprema etiquetó a la Pandilla de la Calle 18 y al MS-13 como terroristas. Estas controvertidas estrategias contra-pandillas han aumentado los niveles de violencia entre los miembros de la policía y pandilleros, y también han contribuido al hacinamiento en las cárceles. El gobierno no puede permitirse continuar encarcelando a tantos jóvenes salvadoreños, nuevas estrategias se deben implementar para reducir el número de personas en el sistema penitenciario y tratar de evitar que los jóvenes se involucren en actividades delictivas y la vida de las bandas.

El gobierno de El Salvador está en una coyuntura crítica. Estrategias de lucha contra las pandillas son a menudo populares entre el público porque la gente quiere sentirse segura y que aumenten los niveles de seguridad. Los miembros de las bandas participan del crimen y otros comportamientos delictivos, lo que ayuda a aumentar los niveles de inseguridad en El Salvador. Las duras estrategias de lucha contra las pandillas pueden ayudar al gobierno actual a demostrar a la sociedad la mano dura contra el crimen y la seriedad en la lucha contra las pandillas y la violencia relacionada con estas. 

Sin embargo, la historia demuestra que estas políticas sólo conducen a más violencia y no resuelven muchos de los problemas subyacentes. Estudios, como el realizado por José Miguel Cruz y sus colegas de la Universidad Internacional de la Florida, demuestran que los pandilleros en El Salvador son de comunidades marginadas con bajos niveles de educación. Es importante abordar las causas subyacentes de por qué las personas se unen a pandillas, la solución a estos problemas no es fácil, no existe una solución mágica, sin embargo, la lección de las políticas anteriores como la estrategia de mano dura sólo conduce a más violencia y no son eficaces.

Por último, los gobiernos de Centroamérica que se ven afectados por los altos niveles de corrupción, impunidad y desigualdad son lugares propicios para que bandas y otros grupos del crimen organizado operen. A medida que se acercan las elecciones en El Salvador, queda por ver quién ganará y qué estrategias de seguridad se implementarán, estos resultados podrían determinar si las mismas estrategias de mano dura diseñadas para combatir las pandillas y las actividades relacionadas con las pandillas continúan sin disminuir. 

El próximo presidente tendrá que hacer frente a muchos de los problemas de fondo del país, incluyendo los altos niveles de violencia, así como la corrupción y falta de transparencia, instituciones de todo el país, incluyendo el ejecutivo, se han contaminado por los escándalos de corrupción. El ex presidente Antonio “Tony” Saca, por ejemplo, está actualmente encarcelado en La Esperanza Mariona por el robo de cientos de millones de dólares del país, además, el ex presidente Mauricio Funes huyó a Nicaragua tras las acusaciones de corrupción, otras instituciones, como la policía y el ejército, supuestamente han participado en escuadrones de la muerte. 

En resumen, el futuro de El Salvador parece sombrío a menos que las instituciones dentro del país puedan fortalecerse mediante reformas serias.