Durante las décadas de 1980 y 1990 en Ecuador, los homosexuales, y las personas trans sufrieron la persecución extrema y represión violenta a manos de la policía; incluyendo extorsión, detención arbitraria e indefinida, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Cuando Ecuador despenalizó la homosexualidad en 1997, la represión policial se redujo ligeramente, mientras que en paralelo, los grupos neonazis comenzaron a realizar prácticas de 'limpieza social' contra esta población a finales de los años 1990 y 2000, incluyendo el hostigamiento continuo, las amenazas de muerte y los asesinatos. Como no había entidades estatales accesibles para denunciar estas violencias, aquellas violaciones de los derechos humanos nunca fueron investigadas ni sancionadas.

En 2007, el presidente Rafael Correa encomendó a la Comisión de la Verdad ecuatoriana que investigara las violaciones de los derechos humanos durante el período 1984-2008, con especial atención a la administración de León Febres Cordero (1984-1988). Temas en relación a la homofobia y transfobia fueron insertados en el informe final de la Comisión de la Verdad de Ecuador como elementos contextuales, porque contrataron a una especialista en el enfoque de género.

Pero, el diseño de la investigación inicial no fue creado tomando en cuenta las violaciones de los derechos humanos de personas con género o sexualidad no normativa. De los 119 casos legales que la Comisión pasó a la Fiscalía General para su procesamiento, uno es emblemático respecto a tortura de hombres homosexuales en prisión.

Ante este tema, prácticamente impune, y la necesidad de sistematizar las violaciones a los derechos humanos ocurridas a dicha población durante las décadas de 1980 y 1990, el 17 de mayo de 2019 el equipo de litigio político de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos (INREDH) y el Frente Gay y Transfeminina del Ecuador, Nueva Coccinelle", presentaron a la Fiscalía General de la Nación un reclamo legal que evidenciaba graves violaciones a los derechos humanos a causa del asesinato de 72 gays y personas trans, ocurridos durante las décadas de 1980 y 1990.

Específicamente, la demanda legal enmarca estas violaciones como crímenes de lesa humanidad y persecución, en relación con la represión policial. Las violaciones se tipifican como "un ataque general y sistemático a la población civil por razón de identidad y género", reflejado en los artículos 86 y 89 del Código Penal ecuatoriano.

Como el 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, las acciones realizadas incluyeron una marcha a la oficina del Fiscal General, la entrega formal de la demanda legal, una reunión con los representantes de la Comisión de la Verdad y una manifestación a las afueras de la Fiscalía General de la Nación.

Como explica el coordinador ejecutivo del INREDH, Luis Ángel Saavedra, esta iniciativa que busca romper con décadas de impunidad, se dio porque un día Purita Pelayo, también conocida como Alberto Cabral, una de las sobrevivientes travestis del período represivo, propuso escribir un libro desde la perspectiva de la Asociación Gay Transgénero Coccinelle, para hacer una crónica de la persecución a la población gay y trans en Ecuador, durante las décadas de 1980 y 1990.

Coccinelle se formó a finales de la década de 1990 en respuesta a estos abusos continuos, con el objetivo visionario de despenalizar la homosexualidad. Como ex-miembro de Coccinelle, Purita Pelayo sabía muy bien que los pocos sobrevivientes tienen más de 65 años de edad y que están muriendo, la mayoría en extrema pobreza, sin ninguna reparación o justicia.

Durante la investigación de la Comisión de la Verdad, que investigó las violaciones de derechos humanos entre 1984 y 2008, ninguno de los colectivos o grupos de homosexuales, lesbianas, trans y/o bisexuales presentó una denuncia formal de violaciones de derechos humanos. Sólo dos personas ofrecieron sus testimonios a la Comisión de la Verdad sobre sus experiencias como minorías sexuales, pero no hubo apoyo ni movilización de la sociedad civil para acompañar a estas personas y sus casos.

Como el informe final no fue concluyente en este tema, el libro que Purita Pelayo propuso escribir recuperaría esta memoria histórica y ofrecería un punto de partida para iniciar el proceso de sistematización de la amplitud y profundidad de las violaciones de los derechos humanos cometidos.

Después de dos años de intensa escritura, Purita Pelayo publicó Los Fantasmas se Cabrearon en el 2017, bajo el nombre de Alberto Cabral, con el apoyo constante del INREDH. Según Cabral, "El gobierno de León Febres Cordero (1984-1998) y del ministro Luis Robles Plaza diseñó una política de Estado para perseguir y reprimir a la minúscula insurgencia y comunidad GLTBI en Quito, Guayaquil, Cuenca y otras ciudades". La comunidad gay comenzó a desarrollar la sensación de que el objetivo subyacente del Estado era exterminar a las "personas indeseables".

Como la homosexualidad fue criminalizada hasta 1997, la policía se desplegó por la ciudad protegiendo la supuesta moralidad y decencia pública que era afectada por los homosexuales, quienes se vieron comprometidos en actos impropios e inmorales. Además de las extorsiones, detenciones y ejecuciones rutinarias, la policía los torturaba, obligándolos a entrar en lagos helados y violándolos con sus porras.

Los abusos, que incluyen la tortura, la violencia sexual y las privaciones de libertad arbitrarias e ilegales están contenidos en la demanda judicial y constituyen crímenes de lesa humanidad que no prescriben.

En respuesta a estos abusos continuos, y con mucha lucha y dificultad, en la década de los 90, un grupo de trabajadoras sexuales y activistas gays y personas trans establecieron y consolidaron la formación de Coccinelle en Quito. Realizaron la primera marcha pública sobre sus derechos, construyeron alianzas con defensores clave y recogieron las firmas necesarias para solicitar al Tribunal Constitucional la despenalización de la homosexualidad.

Cuando la homosexualidad fue despenalizada en 1997, abrió la puerta para que surgieran muchos nuevos grupos LGBTI de clase media y alta, las cuales se centraban en el empoderamiento político y la inclusión en los partidos políticos. Mientras tanto, los grupos neonazis reaccionarios aumentaron sus amenazas y ataques a personas trans que practicaban el trabajo sexual y que vivían en extrema pobreza, logrando desmantelar Coccinelle.

Como subraya Luis Ángel Saavedra, las luchas y victorias de Coccinelle fueron rápidamente olvidadas en los años 2000, al igual que la deuda pendiente de la justicia por las violaciones de los derechos humanos contra las minorías sexuales y de género en las décadas de 1980 y 1990. Cuando la Comisión de la Verdad comenzó su investigación a finales de los años 2000, los grupos políticos organizados LGBTI tenían otras prioridades políticas y poca o ninguna memoria histórica, por lo que nadie "asumió la reivindicación de los asesinados".

Ana Almeida y Elizabeth Vásquez refuerzan este análisis de una división generacional y de clases en su libro Cuerpos Distintos (2010): “después de la despenalización [de la homosexualidad], los grupos gay perdieron interés en la defensa de los derechos básicos, mientras que las personas trans todavía estaban profundamente impactadas por la discriminación en el trabajo y la vivienda, así como por las constantes violaciones violentas de su libertad física y el derecho a moverse por los espacios públicos”.

Sin embargo, Luis Ángel Saavedra pasa por alto a una organización, PROYECTO TRVNSGÉNE3RO, que desde 2002 ha estado trabajando con trabajadoras sexuales trans, a través del activismo paralegal en las calles, mediante la conformación de patrullas legales itinerantes.

Estas patrullas buscan prevenir la detención arbitraria de trabajadoras sexuales trans, ofrecer asesoría legal preventiva, mediar en conflictos y ofrecer intervención legal en casos de detención arbitraria, abuso policial y discriminación en instalaciones médicas.

Además, dicho proyecto ha presentado reformas al código penal, ha ganado el derecho a la identidad trans en la tarjeta de identificación nacional y ha introducido un protocolo policial sensible al género. Aunque el trabajo de PROYECTO TRVNSGÉNE3RO ha abordado con éxito muchas de las preocupaciones y demandas históricas de Coccinelle, esta iniciativa no cierra la brecha generacional con los sobrevivientes de Coccinelle.

En el 2017, la publicación de Los Fantasmas se Cabrearon coincidió con el vigésimo aniversario de la despenalización de la homosexualidad. Con lo cual, nuevos grupos se enteraron de las atrocidades del pasado y ganaron interés. Muchos jóvenes LGBTI nunca habían oído hablar de esta historia. Por lo tanto, la recuperación de la memoria histórica es uno de los resultados más importantes de la publicación de este libro.

El reclamo legal que actualmente se presenta ante la Fiscalía General de la Nación y su correspondiente demanda de reparaciones colectivas es también un resultado del impacto social del libro, en el sentido de que "despertó el interés de nuevos grupos por sumarse a la demanda de reparaciones", según Luis Ángel Saavedra. Además, el proceso de investigación y escritura proporcionó momentos de sanación catártica para Purita Pelayo y varios otros ex-miembros sobrevivientes de Coccinelle, así como la recuperación del archivo de Coccinelle con más de 200 fotografías y videos.

La actual demanda de memoria histórica, reparaciones colectivas y justicia para gays y travestis en Ecuador extrae los daños de los años 80 y 90 del olvido y la impunidad. El libro de Purita Pelayo, con el apoyo del INREDH, ha sido una fuente crítica de iluminación en este proceso.

En palabras de Purita Pelayo, "recuperar la memoria histórica de la movilización gay y travesti... es fortalecer el momento presente y continuar con la lucha que nos obliga cada día a consolidar las relaciones sociales entre grupos sociales discriminados y una sociedad que intenta construir marcos de inclusión social integral".