democraciaAbierta: Interview

La gansterización de Haití

En Haití se está viviendo un estado de excepción y de terror en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos, afirma Nixon Boumba en entrevista exclusiva con democraciAbierta.

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Nixon Boumba Francesc Badia i Dalmases
15 febrero 2021, 11.07am
En manifestante es asistido para aliviar los efectos de los gases utilizados por la policía en una protesta contra la corrupción del gobierno en Port-au-Prince, Haití.
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Adam DelGiudice / Sipa USA/PA Images

Francesc Badia i Dalmases: ¿Puede describir brevemente la situación actual de Haití tras los acontecimientos del 7 de febrero?

Nixon Boumba: El 7 de febrero es un día muy simbólico en Haití. Es el día en que la dictadura saltó a la tiranía, después de 29 años de dominación y destrucción del país por parte de Papa y Baby Doc. El 7 de febrero fue el momento en el que el presidente Jovenel Moïse debía dejar el poder, siguiendo la Constitución, que es muy clara en su artículo 134-2.

En cambio, Moïse se niega a aceptar que su mandato terminaba ese día, desatando una crisis constitucional. Quiere mantenerse en el poder a toda costa. Esto crea una situación horrible, ya que el régimen ha ideado diferentes estrategias de represión.

Una de las estrategias es lo que podemos llamar la gansterización del país: apoyan bandas criminales para aterrorizar a la gente, para aterrorizar al movimiento popular de las barriadas, para mantener a la gente aislada en sus guetos y evitar que salgan a la calle y refuercen los movimientos sociales en el país.

Y, en el contexto de la covid-19, el gobierno fomentó la federación de las 9 principales bandas criminales, el G9, que sirven de pilar central para el régimen. Hay una distribución masiva de armas y municiones a las bandas en todos los barrios marginales y pobres de Puerto Príncipe, así como en las zonas rurales. Utilizando la gangsterización como estrategia de terror, están planeando mantenerse en el poder y mantener a la gente en silencio.

Desde 2018, hemos vivido nueve grandes masacres en las áreas metropolitanas de Puerto Príncipe. Utilizaron el contexto de la covid-19 para reforzar el régimen autoritario, y están gobernando por decretos. Y como no hay parlamento desde enero de 2020, hasta la fecha han firmado 41 decretos, sin ningún control.Uno de los decretos, por ejemplo, pretende crear una agencia nacional de inteligencia que esté fuera de la ley vigente, y que tenga total inmunidad. No pueden ser perseguidos por el sistema judicial y pueden ir a todas partes. Este caso en particular fue muy cuestionado por la comunidad internacional, porque realmente se trata de un liberticidio, va en contra de la libertad, de los derechos civiles básicos. Y aprobaron otro decreto para controlar instituciones como el tribunal de cuentas, destinado a controlar los gastos del gobierno y han cambiado el proceso de aprobación del presupuesto. Tratan de cambiarlo todo para que esté a su favor, y se sienten muy cómodos con la impunidad total.

En Haití ahora mismo estamos viviendo un estado de excepción y de terror, un estado en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos. La comunidad internacional (me refiero a los diplomáticos que están representados aquí, Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea, Canadá, Francia…), apoya a este gobierno porque este gobierno está jugando un papel en el conflicto geopolítico actual.

Por ejemplo, en América Latina, ahora mismo, el conflicto está relacionado con la situación de Venezuela y los intereses de China en las Américas. Necesitan contar con el apoyo de los, entre comillas, líderes del Caribe como Jovenel Moïse, para no reconocer a Maduro en la OEA, o para reconocer a Juan Guaidó como presidente legal en funciones de Venezuela. Tratan de utilizar la situación de Haití para manejar los conflictos geopolíticos en su propio interés.

Además, Brasil, México, España, Alemania y Francia, entre otros, se reagrupan en el núcleo que desempeña un papel similar al de los administradores coloniales en tiempos de la esclavitud y el colonialismo, y otorgan un trato racista a los haitianos.

Esta es la situación que estamos viviendo en Haití, una situación en la que se ha finiquitado el orden democrático y en la que falta un Estado que proteja la vida de las personas.

FB: Hemos visto que las protestas no han cesado desde 2018 / 2019. Tampoco lo ha hecho la represión. Acabamos de ver a 23 dirigentes encarcelados, acusados de preparar un golpe de Estado el 7 de febrero. La situación es nefasta. ¿Qué están haciendo los movimientos de derechos humanos al respecto?

NB: El movimiento de derechos humanos necesita tener alguna interfaz, alguna vis a vis para hacer su trabajo. Por ejemplo, necesita que exista un sistema judicial, donde haya un mecanismo para promover y proteger los derechos humanos en Haití.

Las organizaciones de derechos humanos son criminalizadas por el gobierno, que les dice: estáis haciendo política, no estáis haciendo derechos humanos.

Hay un par de informes realizados por las organizaciones de derechos humanos de Haití que han documentado abusos y violaciones sistemáticas de los derechos humanos, incluidas las masacres. También vigilan al Estado y al sistema judicial. Junto con otras organizaciones regionales e internacionales, intentan abogar por el establecimiento de un mecanismo de protección de los derechos humanos. En cambio, son criminalizadas por el gobierno, que les dice: estáis haciendo política, no estáis haciendo derechos humanos.

Se trata de un gobierno que no es capaz de impedir, por ejemplo, los frecuentes secuestros en el país. Esta es otra situación chocante que estamos viviendo aquí: el secuestro forma parte de la vida cotidiana de los haitianos. Llevamos cuatro meses con un elevado número de personas secuestradas a diario. Y tienen que pagar elevados rescates. No hay esfuerzos por parte de la policía y del gobierno para detener esta epidemia de secuestros.

Y ahora se suma toda esta cuestión sobre un supuesto golpe de estado. No hay golpe de Estado, en absoluto. En realidad, se trata de una estrategia para intimidar y perseguir a los líderes de la oposición y de la sociedad civil. Utilizan rumores infundados sobre un supuesto golpe de Estado para acusar a algunas personas que no están de acuerdo con ellos.

Pusieron a tres jueces del Tribunal Supremo en retiro. Detuvieron a un juez del Tribunal Supremo acusado de ser uno de los conspiradores del golpe. No hay pruebas. También arrestaron a la inspectora en jefe de la policía. Es una mujer realmente implicada en la lucha a favor de los derechos de la mujer, que estaba a cargo de las cuestiones de género en la policía. Y estaba muy comprometida. Fue acusada de conspiración contra la seguridad del Estado. Esto es algo que ya conocíamos bajo la dictadura de Duvalier en los años 60. Estamos viviendo una época que creíamos haber dejado atrás.

FBD: El escándalo de Petrocaribe y de los préstamos venezolanos ha jugado un papel importante en el actual malestar de la población. ¿Puede darnos algunas pistas sobre cómo la corrupción está destruyendo el país?

NB: Han pasado tres años desde el escándalo de Petrocaribe. Ese escándalo fue una oportunidad para que el pueblo haitiano comprendiera el impacto de la corrupción en su vida cotidiana. Este régimen está perdiendo toda credibilidad. En muchas ocasiones desde 2018, el presidente, implicado en el escándalo de la gran trama de corrupción de Petrocaribe, no ha podido moverse dentro del país por razones de seguridad, lo que demuestra hasta qué punto ha perdido el control de Haití.

Ante un escándalo de corrupción de gran magnitud la respuesta del régimen ha sido la represión, la respuesta ha sido 9 masacres desde noviembre de 2018.

Y ante el escándalo de corrupción y la exigencia de la gente de tener transparencia, de tener mecanismos de gobernabilidad, de tener una investigación debidamente limpia contra las personas que se involucraron en la corrupción, la respuesta del régimen ha sido la represión, la respuesta ha sido 9 masacres desde noviembre de 2018. Y últimamente hemos visto que han utilizado la crisis de la covid-19 para volverse más autoritarios, y gobernar por decreto.

Uno de los muchos decretos tenía como objetivo socavar la institución a cargo del tribunal de cuentas, donde nombraron a sus propios miembros partidistas para cambiar el marco legal, para bloquear cualquier proceso contra las personas involucradas en la corrupción.

Lo que estamos viviendo hoy es el resultado de la corrupción. Pero este régimen actual va a tratar de cambiar la Constitución, para evitar ser perseguido después del fin de su mandato. Según la propuesta de una nueva Constitución, cualquier presidente, incluidos los ex presidentes, vivirá con inmunidad frente a cualquier persecución.

Bajo la corrupción están utilizando fondos públicos para pagar a las bandas para que actúen como paramilitares operando contra los movimientos populares, contra los movimientos sociales, contra la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos de aquí.

FB: Háblenos un poco del camino que tiene por delante. Sé que se habla de un referéndum constitucional en abril, seguido de elecciones en septiembre. ¿Cuál es su opinión sobre la evolución de la situación? ¿Es realista esta agenda?

NB: Tengo algunas cosas que decir sobre este referéndum.

En primer lugar, es el presidente quien toma esa decisión por su cuenta, sin el consentimiento de nadie en el país, donde la idea de cambiar la Constitución es muy impopular.

En segundo lugar, ese referéndum es inconstitucional porque la Constitución actual dice que, si se quiere cambiar, hay que utilizar los procedimientos constitucionales. Éstos requieren la participación del parlamento; tenemos que utilizar un consenso nacional para cambiar la Constitución con los mayores debates, las mayores consultas del país. Y aunque es inconstitucional, el presidente intentó imponer su comportamiento autoritario y cambiar la Constitución mediante un referéndum.

En tercer lugar, es rechazado por todos los sectores del país, no quieren un referéndum porque este gobierno no tiene suficiente legitimidad para organizarlo. Es bastante impopular, ilegal. No hay un parlamento, no hay un sistema judicial para tener un proceso claro, justo y creíble para un referéndum en el país. No es algo que esté en la agenda de la gente.

Todo el país, la sociedad civil, los movimientos populares, la clase política, rechazan este proceso de reforma constitucional vía referéndum organizado por el gobierno.

Una de las principales novedades de esta reforma constitucional es que quiere quitarle el poder al parlamento como contrapoder, y concentrarlo en manos del presidente y del poder ejecutivo.

La otra novedad es evitar la posibilidad de que un ex presidente sea procesado por el sistema judicial, por denuncias de la sociedad civil y de otros procedimientos internacionales de derechos humanos, creando impunidad para las personas que ocuparon el cargo de presidente. Se convertiría en intocable. Nadie podría perseguir a alguien que sirvió al país como presidente.

Por tanto, el referéndum es parte del problema. Hay una preocupación general por la intención de Moïse de organizar tanto un referéndum en abril, como un proceso electoral en septiembre. Y todas las personas del país, la sociedad civil, los movimientos populares, la clase política, rechazan este proceso organizado por el gobierno.

FBD: Pasemos a mi última pregunta. Ha mencionado a la comunidad internacional, pero ¿cuál es el mensaje que le gustaría transmitir a la comunidad internacional para hacer frente a esta crisis? Si tuviera que elegir un mensaje, ¿cuál elegiría?

NB: Me refiero a la comunidad internacional no sólo como una entidad geopolítica, como las instituciones intergubernamentales, multilaterales y bilaterales, sino también como una formada por la gente, un aspecto que se ha ocultado tantas veces.

Vivimos una situación en la que la violencia, las masacres, la gangsterización se convierten en la característica principal de la vida cotidiana de los haitianos.

La cooperación entre Estado y Estado, gobierno y gobierno, está tratando de encuadrar la situación como si se tratase de un conflicto entre la oposición y el régimen, reduciendo la situación actual a una lucha de poder. Esto no es lo que está ocurriendo en el país.

Ahora estamos en un estado de excepción. Es como si estuviéramos bajo Duvalier: los espacios de libertad se están cerrando, los mecanismos para que los ciudadanos participen en el futuro de la comunidad son cada vez más restrictivos. Estamos viviendo el peor momento de nuestra vida.

Vivimos una situación en la que la violencia, las masacres, la gangsterización se convierten en la característica principal de la vida cotidiana de los haitianos, especialmente en las zonas urbanas.

Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que apoye este proceso por la justicia, por los derechos humanos, por el estado de derecho, por la democracia, para evitar lo que hemos visto que ocurre en otro país como Ruanda, donde la guerra civil destruyó la vida de la gente.

Y llamamos a las personas de la comunidad internacional, de Europa, de América Latina, del Caribe, de África y de Asia, a apoyar la voz del pueblo haitiano, a presionar a sus gobiernos y a pedirles que dejen de apoyar a un régimen criminal, al régimen corrupto y antidemocrático en el que vivimos.

Este es mi mensaje.

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