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Protesta, resistencia y giro político en Nicaragua

Nicaragua amanece con una nueva correlación de fuerzas sociales. Personas de todas las edades y condiciones se echan a la calle en solidaridad con la resistencia estudiantil a la represión gubernamental. La sangre ha llegado al río.

Oscar-René Vargas
25 April 2018

Más de 100 mil personas participaron en la marcha del lunes 23 de abril en Managua. Algunas vestían de negro en memoria de los fallecidos.

La resistencia estudiantil a la represión gubernamental en la Universidad Politécnica (UPOLI) se había transformado en el bastión de la lucha del movimiento social – de ahí la movilización de miles y miles de personas: estaban los padres, madres, primos, parientes, hijos, amigos, la sociedad en general. 

También hubo marchas en las ciudades de León, Estelí, Jinotepe, Bluefields y Matagalpa de manera simultánea. Fueron importantes. Se estima que en todo el país se movilizaron no menos de unas 250.000 personas.

El detonante de las protestas - que se han cobrado, de momento, al menos 30 muertos - ha sido una drástica reforma del sistema de seguridad social, aprobada el 16 de abril.

El detonante de las protestas - que se han cobrado, de momento, al menos 30 muertos - ha sido una drástica reforma del sistema de seguridad social, aprobada el 16 de abril. En un primer momento, Daniel Ortega ordenó el despliegue del Ejército en las ciudades más importantes del país y culpó a los manifestantes de vínculos con el narcotráfico y el terrorismo internacional, al tiempo que dejaba la gestión de la crisis en manos de la vicepresidente, su mujer, Rosario Murillo.

Pero finalmente Ortega se ha visto obligado a retirar el decreto. Aun así, las manifestaciones no solo han continuado, sino que se han ampliado, exigiendo ahora su dimisión – lo que demuestra que algo ha cambiado, y está cambiando, en Nicaragua.

Estos son los elementos sociológicos y políticos a retener:

La gran mayoría de los participantes son jóvenes menores de 30 años. Por lo menos el 50% de los manifestantes son mujeres.

Los partidos políticos tradicionales no tienen ninguna presencia significativa ni influencia en el desarrollo de los acontecimientos. Su incidencia en el movimiento social emergente es nula.

Las consignas dominantes en el transcurso de las protestas son: no más represión, apoyo a los estudiantes, condena de los asesinatos, Ortega y Somoza son la misma cosa, no a la corrupción, policías asesinos, eliminación de las fuerzas de choque, el pueblo unido jamás será vencido.

Todo lo anterior corrobora la tesis que el movimiento social estaba en una etapa de gestación, presto para salir en algún momento al escenario político nacional.

El reto del movimiento social es dotarse de un liderazgo representativo que tenga la capacidad de seguir aglutinando el descontento social que se ha manifestado.

Sin liderazgo representativo y visible existe el temor de que el movimiento social pueda encaminarse a la dispersión o al caos.

Es necesaria una pronta reunión de los liderazgos juveniles para establecer una estrategia a seguir y dar a conocer los pasos tácticos a dar.

Hay que reconocer que no se puede mantener el movimiento social sin un liderazgo reconocido por todos.

El espíritu de las protestas es de repudio a la pareja presidencial por su falta total de respeto a la vida y a los derechos de los ciudadanos.

El binomio Ortega-Murillo ha sido derrotado política y socialmente. Está aislado. Ha perdido el control de la calle. El espíritu de las protestas es de repudio a la pareja presidencial por su falta total de respeto a la vida y a los derechos de los ciudadanos.

Por la amplitud de las movilizaciones y por el grado de represión ejercido por el gobierno, los distintos poderes fácticos han cambiado de posición. Estamos en un proceso dinámico de conformación de una nueva correlación de fuerzas.

Los grandes empresarios toman distancia, aunque sin romper con el gobierno. El pacto entre Ortega y el Consejo Superior de la Empresa Privada en Nicaragua (COSEP) hace aguas. Y se están produciendo discrepancias entre diferentes sectores de los empresarios.

La mayoría de los obispos de la Iglesia Católica dejan de estar ausentes ante la problemática nacional y deciden apoyar al movimiento social.

El partido de gobierno está paralizado. La separación de los viejos cuadros lo ha dejado sin capacidad de repuesta. Por eso el gobierno ha recurrido a utilizar a fuerzas de choque (lúmpenes) sin base social.

Los sindicatos pro-gubernamentales, liderado por dirigentes sin legitimidad social, han demostrado su incapacidad de movilizar a las bases que dicen representar. El tema de la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), la represión y la muerte de estudiantes, los ha llevado a la parálisis.

El gobierno no puede contar con el apoyo de los funcionarios, ya que, aunque no se han manifestado públicamente a favor del movimiento social, tampoco constituyen una base incondicional.

A pesar de que el gobierno mantiene el control de los medios de comunicación, éstos han perdido influencia por la competencia de las redes sociales. Las redes sociales han sido el medio utilizado para estar informado de los acontecimientos.

Internacionalmente, el tema de Nicaragua y de la crisis política del gobierno Ortega-Murillo está en los principales medios escritos y audiovisuales, que tratan de averiguar el porqué y las causas del estallido social. El gobierno ha perdido la invisibilidad internacional que tanto le beneficiaba.

Internacionalmente,  la crisis política de Nicaragua está en los principales medios escritos y audiovisuales. El gobierno ha perdido la invisibilidad internacional que tanto le beneficiaba.

El gobierno Ortega-Murillo ha empezado a ser calificado como una dictadura familiar, similar a la de los Somoza. Esto le resta apoyos internacionales, tanto por parte de gobiernos como de la izquierda internacional.

Estados Unidos, la Unión Europea y distintos países latinoamericanos se han pronunciado a favor del cese de la represión y por la restauración de la democracia.

Los diferentes poderes del Estado (Judicial, Electoral, Legislativo y Contraloría) son cuestionados por el movimiento social. Por lo tanto, han perdido la poca legitimidad que todavía les quedaba.

El otro gran tema oculto para los medios internacionales, la corrupción gubernamental, ha estado muy presente en las movilizaciones sociales con la denuncia del enriquecimiento inexplicable de muchos funcionarios de los gobiernos municipales y central.

La policía es la institución más cuestionada por la población por su actuación represiva y las muertes ocasionadas. La destitución de los jefes policiales Aminta Granera y Francisco Díaz es una demanda generalizada. Uno de los mayores problemas será cómo limpiar esa institución para hacerla aceptable a los ojos de la población.

El Ejército se ha mantenido al margen del conflicto. El rol de los anteriores jefes del ejército Humberto Ortega y Joaquín Cuadra ha servido para que Ortega no usase a esa institución para reprimir a la población. Sin embargo, Ortega ha utilizado el ejército para proteger las sedes de institucionales estatales.

Hasta el día de hoy, 24 de abril de 2018, la situación es la siguiente: el gobierno Ortega-Murillo se encuentra más vulnerable que nunca en los últimos doce años; está socialmente aislado; económicamente, la situación tiende a deteriorarse, lo que provocará mayor descontento; internacionalmente, se encuentra más sólo que nunca; políticamente, le favorece que no existe, por el momento, un liderazgo visible y aglutinador.

La lucha inmediata es: la liberación de todos los presos políticos y que los hospitales públicos atiendan a los heridos.

Las demandas más importantes son: la formación de un gobierno provisional con representación de los jóvenes, académicos honestos y demás sectores de la sociedad civil (mujeres, campesinos en lucha contra el canal, mineros); el establecimiento de una Comisión de la Verdad para investigar y castigar a los responsables de los crímenes y asesinatos de 30 ciudadanos, así como los casos de corrupción por parte de funcionarios; recabar el apoyo de los sectores honestos del ejército y la policía al gobierno provisional.

Los principales objetivos del gobierno provisional deben ser: cambiar la lógica del Estado-botín, abolir el actual sistema autoritario, eliminar la impunidad de la clase política, defender los recursos naturales y luchar por disminuir la desigualdad social.

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