Ardió Guatemala el último fin de semana. Literalmente. Miles de manifestantes salieron a las calles de las ciudades de todo el país el sábado, 21 de noviembre; una movilización que culminó con un grupo descontrolado prendiendo fuego a un ala del edificio del Congreso.

El detonante de las protestas fue un controvertido proyecto de ley de presupuesto para 2021 – el mayor en la historia de Guatemala, llegando a casi 13.000 millones de dólares – que proponía recortes financieros a la asistencia alimentaria a madres y niños, al sistema hospitalario del país y al presupuesto del sistema judicial. A la vez, ese presupuesto aumentaba la contribución para la alimentación de diputados y personal funcionario, y también la dotación destinada a infraestructuras, beneficiando a empresas y constructoras.

En un país con la sexta tasa más alta de desnutrición crónica del mundo, que afecta a cerca de la mitad de todos los niños con menos de cinco años, el recorte de 25 millones de dólares destinados a combatir la desnutrición causó indignación en todo el país, lo que obligó a los parlamentarios a aprobar una enmienda para restaurar esos fondos.

Sin embargo, la rectificación no fue suficiente para calmar la ira de la gente. El proyecto de ley presupuestaria fue solo la gota que colmó el vaso en un escenario de insatisfacción social que ya venía ganando fuerza en los últimos años.

Dos huracanes en dos semanas

La rapidez con la que el Congreso aprobó el presupuesto para el 2021 contrasta con la inacción del gobierno durante las inundaciones causadas por las lluvias torrenciales del huracán Iota, que asoló al Caribe y a América Central durante las primeras semanas de noviembre.

Las tormentas tropicales han dejado a miles de guatemaltecos sin hogar, enterrado a más de 100 aldeanos indígenas en los deslizamientos y destruido cultivos de subsistencia en vastas zonas del país.

Iota tocó tierra mientras el huracán Eta aún seguía causando desastres en toda la región. Combinados, los huracanes dejaron por lo menos 53 muertos, 94 desaparecidos, más de 100.000 sin hogar y 211.000 evacuados en Guatemala.

Muchos sectores de la sociedad juzgaron que el gobierno de Alejandro Giammattei – un líder de derecha – fue incapaz de ofrecer ayuda suficiente a las poblaciones afectadas, lo que ya venía causando indignación en la ciudadanía. Giammattei fue criticado especialmente por la incapacidad de las autoridades de protección civil para alertar a las poblaciones en riesgo.

Además, llueve sobre mojado. Poco antes de las tormentas, Giammattei había vetado un proyecto de ley aprobado por el Congreso para congelar las tarifas de servicios como electricidad, agua y transporte, en un esfuerzo para aliviar los efectos de la Covid-19.

La Covid-19 y la crisis económica

Para hacer frente a la pandemia, el Congreso aprobó un monto de 2.200 millones de dólares de incremento al presupuesto del 2020 como auxilio de emergencia destinado a familias de bajos ingresos.

Este “Bono Familia” prometía entregar 390 dólares en tres cuotas. Sin embargo, a ocho meses de identificar el primer caso de Covid-19 en el país en el mes de marzo, muchos creen que la distribución del auxilio ha sido, por lo menos, irregular. La ONG Paraíso Desigual estima que sólo 292 dólares serán entregados en total y que el gobierno ha priorizado la distribución del auxilio en la región central del país, descuidando los departamentos más pobres.

La mala gestión de las ayudas de emergencia dieron origen a uno de los principales gritos de protesta, repetidos por la gente durante el fin de semana: ¿Dónde está el dinero?

Su gestión de la crisis sanitaria tuvo un fuerte impacto en la popularidad de Giammattei. En abril, al principio de la pandemia, el presidente logró elevar su popularidad al 86% gracias a las primeras medidas de contención del nuevo coronavirus. Para octubre, su aprobación se había desplomado al 21%.

Crisis política

En sólo 10 meses de gestión, Giammattei ya ha acumulado una larga serie de críticas, más allá de la pandemia y de los huracanes. Luego en los primeros días de su presidencia, la prensa local publicó denuncias de que Giammattei estaba usando su posición para beneficiar a empresarios aliados o directamente vinculados a su gestión, como es el caso de Luis Miguel Martínez.

En enero, Giammattei confirmó la designación de Martínez como titular de la Comisión Presidencial de Centro de Gobierno, un organismo que regula los 14 ministerios y que da a Martínez gran poder político. Ambos son socios en una empresa con contratos gubernamentales, vínculos empresariales que han sido fuertemente cuestionados por la prensa guatemalteca.

La prensa también ha levantado sospechas sobre cómo los fondos de emergencia de la pandemia han sido desviados por funcionarios del gobierno de alto rango. Investigaciones llevadas a cabo por fiscalías locales sobre estos dos temas fueron bloqueadas por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala.

Las sospechas de corrupción del gobierno de Giammattei también estaban detrás de las demandas de limpieza de los manifestantes, que exigieron la renuncia del presidente.

Las críticas a Giammattei profundizan una crisis política de larga data en el país. En 2015 y 2017, los guatemaltecos tomaron las calles para protestar casos de corrupción que involucraron a los respectivos presidentes. El movimiento social de 2015 fue bautizado como “primavera guatemalteca” a la vista de su dimensión e impacto, ya que consiguió que el presidente Otto Pérez Molina renunciara en septiembre de aquel año.

Las protestas en Guatemala son las últimas en una serie de estallidos sociales que vienen marcando la agenda latinoamericana desde 2019.

En el último mes, Chile se vio otra vez en medio de una ola de violentas protestas durante el primer aniversario del estallido social de octubre del año pasado. Mostrando su indignación, los chilenos lograron abrir un proceso constitucional para reemplazar la Constitución, heredada de los tiempos del general Augusto Pinochet.

Este mes, los peruanos también tomaron las calles del país tras la decisión del parlamento de destituir al presidente Martín Vizcarra, acusado de corrupción, por incapacidad moral.

En una región que ya viene acumulando una serie de crisis políticas, económicas, institucionales y sociales, la pandemia tiene el potencial de llevar a América Latina a la pobreza y a la represión policial capaz de poner a la región al borde del caos si los gobiernos no reaccionan a tiempo y ponen el acento en la paz social. La gente está demostrando que no será una mera espectadora de esta tragedia anunciada.