Ardió Guatemala el último fin de semana. Literalmente. Miles de manifestantes salieron a las calles de las ciudades de todo el país el sábado, 21 de noviembre; una movilización que culminó con un grupo descontrolado prendiendo fuego a un ala del edificio del Congreso.
El detonante de las protestas fue un controvertido proyecto de ley de presupuesto para 2021 – el mayor en la historia de Guatemala, llegando a casi 13.000 millones de dólares – que proponía recortes financieros a la asistencia alimentaria a madres y niños, al sistema hospitalario del país y al presupuesto del sistema judicial. A la vez, ese presupuesto aumentaba la contribución para la alimentación de diputados y personal funcionario, y también la dotación destinada a infraestructuras, beneficiando a empresas y constructoras.
En un país con la sexta tasa más alta de desnutrición crónica del mundo, que afecta a cerca de la mitad de todos los niños con menos de cinco años, el recorte de 25 millones de dólares destinados a combatir la desnutrición causó indignación en todo el país, lo que obligó a los parlamentarios a aprobar una enmienda para restaurar esos fondos.
