Salvo huracanes, desprendimientos de tierra y alguna historia relacionada con el tráfico de drogas, Guatemala no suele aparecer en los periódicos o las pantallas de televisión. Pero en la primavera de 2013, este pequeño país centroamericano ocupó los titulares porque llevó a juicio a su ex presidente por genocidio y crímenes contra la humanidad. Los cargos contra el General Efraín Ríos Montt y su Jefe de Inteligencia, el General Rodríguez Sánchez, se fundamentaban en una campaña militar de 1982-3 que tuvo como objetivo a civiles, concretamente indígenas maya. No se trataba de los desmanes de unas tropas amotinadas, sino de un caso de sofisticada y brutal ingeniería social, camuflada de contrainsurgencia, ante el acoso de rebeldes izquierdistas. A diferencia de Yugoslavia y Ruanda, sin embargo, Guatemala no dispuso de un tribunal internacional, ni tan siquiera de un tribunal “híbrido” para los delitos de guerra, como Sierra Leona o Bosnia. En su caso, la justicia llegó con 30 años de retraso y desde una instancia insospechada: un tribunal ordinario.
Durante 59 días, en una amplia sala, un numeroso público asistió a las sesiones dividido, como invitados a una boda siniestra, rodeados de periodistas, equipos de grabación y policías que custodiaban las salidas metralletas en ristre. Supervivientes y activistas de derechos humanos se amontonaban a un lado, excombatientes del ejército y sus simpatizantes a otro, y diplomáticos y personalidades en las primeras filas. El 10 de mayo de 2013– un viernes de calor sofocante– Yasmin Barrios, la presidenta del tribunal, formado por tres jueces, leyó el resumen de su veredicto. Cuando anunció que al General Ríos Montt se le declaraba culpable y se le sentenciaba a 80 años, la sala irrumpió en llantos, aplausos e incredulidad. Gritando por hacerse oír en medio del barullo e incapaz de impedir que los periodistas se interpusieran en su visión del general, la jueza Barrios mandó a la policía controlar las salidas para evitar que los partidarios de Ríos Montt le escamoteasen por una puerta lateral. Se le condujo a la cárcel de Matamoros, mientras que el General Rodríguez resultó absuelto y pudo irse a su casa. Fue realmente una noticia de primera plana: la primera condena de un jefe de Estado por genocidio, tras un proceso penal creíble (Etiopía y Bolivia lo habían conseguido con anterioridad, pero a resultas de procedimientos legales cuestionables).
