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Guatemala procesa a un presidente, pero poco más

La condena del ex presidente Efraín Ríos Montt sentó un precedente para la exigencia de responsabilidades a los jefes de Estado. Pero en Guatemala las estructuras de poder de la dictadura militar permanecen en su sitio. Publicado previamente en States of Impunity. English

Susan L. Kemp
29 April 2015
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Salvo huracanes, desprendimientos de tierra y alguna historia relacionada con el tráfico de drogas, Guatemala no suele aparecer en los periódicos o las pantallas de televisión. Pero en la primavera de 2013, este pequeño país centroamericano ocupó los titulares porque llevó a juicio a su ex presidente por genocidio y crímenes contra la humanidad. Los cargos contra el General Efraín Ríos Montt y su Jefe de Inteligencia, el General Rodríguez Sánchez, se fundamentaban en una campaña militar de 1982-3 que tuvo como objetivo a civiles, concretamente indígenas maya. No se trataba de los desmanes de unas tropas amotinadas, sino de un caso de sofisticada y brutal ingeniería social, camuflada de contrainsurgencia, ante el acoso de rebeldes izquierdistas. A diferencia de Yugoslavia y Ruanda, sin embargo, Guatemala no dispuso de un tribunal internacional, ni tan siquiera de un tribunal “híbrido” para los delitos de guerra, como Sierra Leona o Bosnia. En su caso, la justicia llegó con 30 años de retraso y desde una instancia insospechada: un tribunal ordinario.

Durante 59 días, en una amplia sala, un numeroso público asistió a las sesiones dividido, como invitados a una boda siniestra, rodeados de periodistas, equipos de grabación y policías que custodiaban las salidas metralletas en ristre. Supervivientes y activistas de derechos humanos se amontonaban a un lado, excombatientes del ejército y sus simpatizantes a otro, y diplomáticos y personalidades en las primeras filas. El 10 de mayo de 2013– un viernes de calor sofocante– Yasmin Barrios, la presidenta del tribunal, formado por tres jueces, leyó el resumen de su veredicto. Cuando anunció que al General Ríos Montt se le declaraba culpable y se le sentenciaba a 80 años, la sala irrumpió en llantos, aplausos e incredulidad. Gritando por hacerse oír en medio del barullo e incapaz de impedir que los periodistas se interpusieran en su visión del general, la jueza Barrios mandó a la policía controlar las salidas para evitar que los partidarios de Ríos Montt le escamoteasen por una puerta lateral. Se le condujo a la cárcel de Matamoros, mientras que el General Rodríguez resultó absuelto y pudo irse a su casa. Fue realmente una noticia de primera plana: la primera condena de un jefe de Estado por genocidio, tras un proceso penal creíble (Etiopía y Bolivia lo habían conseguido con  anterioridad, pero a resultas de procedimientos legales cuestionables).

Sin embargo, tanto la euforia de las víctimas como la indignación de los partidarios del general duraron poco. Unos días más tarde, en una decisión muy controvertida, el Tribunal Constitucional echó atrás en parte la sentencia y ordenó retomar el caso a partir de los alegatos finales de los abogados. Los jueces rechazaron esta insólita decisión porque, habiéndose pronunciado ya sobre la culpabilidad de los acusados, no podían volver a ejercer como un tribunal imparcial. En señal de protesta, o por miedo, decenas de jueces se negaron asimismo a hacerse cargo del caso. Finalmente se nombró un nuevo tribunal y se ordenó un nuevo juicio, que quizás no llegue a celebrarse nunca. La salud del general es frágil y las mociones de procedimiento de la defensa llevan camino de perpetuar las demoras. 

Intentos de descubrir el pasado 

Este es un hito espectacular en el largo camino de Guatemala hacia la superación de la impunidad y la negación de atrocidades en tiempos de guerra. En 1996, unos acuerdos de paz detallados pusieron fin a 36 años de lucha entre fuerzas estatales y grupos guerrilleros. Desde entonces, las víctimas y los colectivos de la sociedad civil han logrado avances importantes, poniendo al descubierto un pasado violento y persiguiendo a los responsables de atrocidades. Han recibido el apoyo de movimientos de solidaridad internacionales, de donantes comprometidos y, en los últimos años, de algunos jueces y fiscales.

Poco después de los acuerdos de paz, dos comisiones de la verdad abrieron nuevos caminos. La primera fue una iniciativa de la Iglesia Católica, el proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), considerado por muchos como un modelo de mecanismo de búsqueda de la verdad. Este esfuerzo de la sociedad civil congregó a historiadores, abogados, sociólogos, antropólogos e investigadores que recabaron más de 6.000 testimonios. Pero la resistencia a la exposición del pasado en Guatemala no podía simbolizarse de manera más brutal que con la muerte a golpes, a la puerta de su casa, del obispo Juan Gerardi, de 75 años de edad y líder del proyecto, a los dos días de su presentación en abril de 1998.

Le siguió una comisión de la verdad “oficial” patrocinada por Naciones Unidas: la Comisión para la Clarificación Histórica. Su creación se había negociado como parte de los acuerdos de paz, con el objetivo de que hiciera recomendaciones para prevenir futuros abusos. Después de un trabajo de campo y una investigación y análisis similar al anterior, su informe confirmó las principales conclusiones del estudio de la Iglesia. Salieron a relucir más detalles de crímenes horribles i el informe concluyó que militares, policías y paramilitares estatales fueron responsables del 93% de las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el conflicto. El informe se adentró también en el complejo contexto social, económico, político y cultural en el que se libró la guerra (la Guerra Fría formaba parte de ese contexto, pero ni los gobernantes ni los rebeldes guatemaltecos fueron en absoluto títeres de ella).

El informe de Naciones Unidas fue recibido con menos violencia, pero con el mismo desdeño que el anterior. El Presidente Álvaro Arzú presidió en febrero de 1999, en el Teatro Nacional, el acto en el que los comisionados leyeron sus conclusiones, pero rechazó aceptar el ejemplar que se le entregó ceremonialmente. Estas dos iniciativas siguen siendo hoy relevantes, porque no sólo expusieron las violaciones de derechos humanos, sino que revelaron hasta qué punto las estructuras de poder del país – económica, judicial, política, religiosa – fueron cómplices de las atrocidades cometidas.

Se fijaron posteriormente condenas en otros casos clave de crímenes de guerra: ejecuciones, masacres y desapariciones. Con el tiempo – y la asistencia de investigadores de la sociedad civil –, los fiscales han logrado ampliar la red e incluir en ella a oficiales de alto rango. En enero de este año, el antiguo jefe de la policía del país, que ya estaba en prisión por la desaparición de un estudiante, fue condenado por asesinato y crímenes contra la humanidad a raíz de su papel en el ataque de las fuerzas de seguridad contra civiles que se habían refugiado en la embajada de España en la ciudad de Guatemala en 1981. Hay actualmente más acciones judiciales en curso, incluyendo un caso emblemático de esclavitud sexual como crimen de lesa humanidad.

Las reglas del juego judicial

¿Cómo logró Guatemala dar estos pasos? Este país, una verdadera “república bananera” cuya breve primavera democrática expiró en 1954 tras un golpe militar apoyado por Estados Unidos a instancias de la United Fruit Company, es hoy un estado frágil con enormes niveles de impunidad, pobreza y corrupción. Pero se le abrió una ventana de oportunidad en 2010, cuando el entonces presidente del centro-izquierda progresista Álvaro Colom nombró Fiscal General a la Dra. Claudia Paz. Desde que ejerce su cargo, ha habido adelantos sin precedentes en la lucha contra el crimen organizado, pero se ha progresado también en la agilización de los casos de derechos humanos. Entre los factores que explican esto último, destacan cuatro.

Primero, la ley guatemalteca permite que víctimas y grupos de la sociedad civil, actuando como querellantes, tengan un papel similar al del fiscal en los procesos penales. A tenor de ello, varias organizaciones de derechos humanos se pusieron a documentar atrocidades y a litigar en distintos casos. Una de estas organizaciones, el Centro para Acción Legal en Derechos Humanos, lanzó un proyecto de procesos por crímenes de guerra en 1997. Tras consultar a cerca de 70 pueblos, 23 de ellos acordaron emprender un proceso legal contra el General Ríos Montt y otros implicados. Formaron la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), que se ha revelado crucial para mantener la solidaridad entre ellos: una respuesta colectiva, por parte de grupos indígenas de las tierras altas, a la violencia colectiva. Tras el descubrimiento de un documento militar clave, la fiscalía centró el caso exclusivamente en el pueblo Ixil, pero los supervivientes acogieron la noticia de la condena de  Ríos Montt como una victoria de todos los pueblos indígenas.

En segundo lugar, el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad se criminalizaron en Guatemala en 1973, con lo que no se planteó la retroactividad, que se ha revelado un problema para muchos otros países que han padecido conflictos. Tercero, la ley de amnistía que se negoció como parte de los acuerdos de paz excluía crímenes internacionales como el genocidio y la tortura. Y por último, Guatemala puede alardear de tener muchas víctimas, abogados, fiscales y jueces extraordinariamente valientes. A pesar del vandalismo judicial del Tribunal Constitucional, el veredicto de genocidio cambió el tablero de juego y el sistema judicial nacional fue capaz de llevar a cabo juicios de alta calidad por crímenes internacionales.

Desde el juicio a la Junta argentina en 1986, y gracias a Guatemala, Perú, Uruguay, Bolivia y Colombia, América Latina ha sido líder mundial en la celebración de juicios por crímenes internacionales y es hoiy un ejemplo, basado en su rica experiencia, de cómo la violencia colectiva genera respuestas colectivas por parte de las víctimas y la sociedad civil. La lengua ha sido a menudo una barrera para exportar esta experiencia, pero hay disponibles actualmente muchos recursos en inglés para los interesados en cuestiones de verdad e impunidad y como materiales didácticos. Los acontecimientos judiciales en Guatemala y en todo el mundo se recogen en el excelente blog International Justice Monitor y el sitio web del International Center for Transitional Justice. Para material audiovisual con subtítulos, búsquese en la serie "Dictator in the Dock". Para un análisis en profundidad, véase Digest of Latin American Jurisprudence on International Crimes.  

Preocupaciones de futuro

Entonces, ¿cómo queda Guatemala? Se ha progresado, sin duda, si bien la gran mayoría de los supervivientes todavía no ha obtenido justicia, información o reconocimiento - entre ellos, la destacada activista Helen Mack, cuya hermana Myrna fue asesinada en 1990. Pero aunque se investigaran adecuadamente todas las atrocidades, sólo se lograría derretir la punta del enorme y multifacético iceberg que se interpone en el camino del país hacia una democracia respetuosa con los derechos humanos. Las estructuras de poder que han sostenido a las sucesivas dictaduras militares han sobrevivido intactas a la guerra y al proceso de paz. Siguen formando alianzas estratégicas con los grupos de presión militares y el crimen organizado, y se oponen no sólo a los juicios y las comisiones de la verdad, sino a cualquier intento de reconocer los derechos económicos, sociales y culturales de la mayoría de la población. La reacción de los intereses creados ante el progreso de los procesos judiciales de todo tipo bajo la batuta de la Dra. Paz ha consistido en una estrategia coordinada para controlar el poder judicial a través de la cooptación de los nombramientos judiciales.

La historia podría correr ahora el peligro de repetirse, con la verdad y la impunidad en el centro del campo de batalla. El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, ex comandante del ejército implicado en crímenes de guerra, declaró a la prensa, durante el juicio a Ríos Montt, que no había habido genocidio en Guatemala y, muy poco tiempo después de la condena del General, el Congreso aprobó una resolución en la que se afirmaba que “no se cometió genocidio en Guatemala”. La jueza Barrios fue suspendida, la Fiscal General Dra. Paz se vio obligada a dimitir y no fue reelegida, y un grupo de extrema derecha llamado Fundación Contra el Terrorismo lanza ahora amenazas y plantea acciones legales espurias contra estos funcionarios y cualquier persona involucrada en casos de derechos humanos – recientemente, el fiscal del caso Ríos Montt, Orlando López. Cerca del 75% de los guatemaltecos vive por debajo del umbral de la pobreza y la discriminación contra los indígenas mayas y otros grupos minoritarios es endémica. Es difícil ver los beneficios de la paz casi 20 años después del fin de la guerra. Persisten las causas del conflicto y a su combinación ya de por sí peligrosa viene a añadirse ahora el crimen organizado. El retorno a la violencia en Guatemala sigue siendo una posibilidad real cuando se aproximan las elecciones presidenciales, previstas para este próximo mes de septiembre.

Pero la sociedad civil guatemalteca es una fiera resistente, que lucha en muchos frentes, en el país y en el extranjero. Presionó a Naciones Unidas y al gobierno de Guatemala para crear el primer organismo de investigación híbrido del mundo para el crimen organizado, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2008. Presiones ulteriores consiguieron que el Congreso de Estados Unidos supeditase la ayuda militar a Guatemala a la cooperación del gobierno en futuros juicios por crímenes de guerra y a la apertura de los archivos. La campaña por los derechos de los pueblos indígenas en Guatemala, que implica a empresas mineras extranjeras, culminó en la creación del primer Tribunal Popular Internacional de la Salud en 2012.

Esperemos que los próximos titulares sobre Guatemala sean positivos. Por ahora, la última palabra la tiene el Presidente de la Asociación Justicia y Reconciliación, Benjamín Jerónimo: "El veredicto reconoce los derechos de los pueblos a resistir, a elegir cómo vivir y a expresar su voluntad, que debe ser escuchada. Es nuestra obligación luchar por la justicia, de modo que los supervivientes sean reconocidos como seres humanos... Esta convicción es importante, pero es sólo parte de una lucha más amplia".

 


 

Derechos de Imagen: Flickr-Coolloud. Algunos derechos reservados.

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