En los últimos años el mundo se ha visto sacudido por las protestas que exigen una verdadera democracia y justicia por los agravios socioeconómicos. Una investigación (en la que participé) muestra que entre 2006 y 2013, y abarcando un amplio espectro de gobiernos, las protestas en contra de las políticas económicas antisociales y a favor de una democracia significativa encabezaron los resultados (ver la gráfica 1). Estas protestas se manifestaron de muchas formas: las violentas (disturbios exigiendo combustible, agua y alimentos seguros y asequibles), las tradicionales (campañas para reformar los servicios públicos y los sistemas de pensiones, crear buenos empleos y mejores condiciones laborales, decretar gasto fiscal e impuestos progresivos y emprender reformas agrarias) y las innovadoras (ocupaciones masivas de los espacios cívicos que exigían un cambio de régimen y la eliminación de la desigualdad).
Gráfica 1: Reclamaciones y exigencias que impulsaron las protestas mundiales, 2006-2013

Fuente: Gráfica elaborada por la autora a partir de los datos de la investigación de 2014 y la actualización del conjunto de datos realizadas por Burke S., M. Berrada, V. Rubio, Y. Cai, A. Heisig; datos compilados originalmente por Ortiz, I., S. Burke, M. Berrada y H. Cortes (2013) según se analizaron en “World Protests 2006-2013” (Protestas mundiales 2006-2013), Initiative for Policy Dialogue y Friedrich-Ebert-Stiftung Nueva York.
Si bien algunas protestas plantearon sus reclamaciones al menos en parte con base en los derechos, la mayoría no ha perseguido sus objetivos en términos de los mecanismos de derechos humanos. En cambio, han utilizado las exigencias directas en las calles y en Internet. Además de las numerosas exigencias prácticas al sistema económico, muchas de estas protestas también expresan quejas generales contra ese mismo sistema, y en particular contra su producción y reproducción de la deuda y la desigualdad.
A pesar del principio de que todos los derechos humanos son indivisibles e inter-dependientes, el campo de los derechos humanos no tiene un enfoque unificado. A pesar de que los derechos humanos y la justicia social tienen objetivos similares, resulta problemático articular el vínculo entre ellos como causal e implicar que los derechos humanos son un lenguaje, o mecanismo, para lograr la justicia social. En primer lugar, a pesar del principio de que todos los derechos humanos son indivisibles e interdependientes, el campo de los derechos humanos no tiene un enfoque unificado. Los avances en los derechos civiles y políticos, los llamados derechos humanos “de primera generación”, como los derechos de reunión, de expresión y de religión, se basan en el seguimiento de la presencia o ausencia de resultados negativos como el encarcelamiento ilícito y la censura. El marco dominante considera que los derechos de la segunda generación vienen después de los de la primera y se realizan de manera progresiva, con el tiempo.
Las raíces históricas de esta división se pueden encontrar en la Guerra Fría. Los EE. UU. promovieron como derechos humanos los mismos derechos políticos que consagra la Constitución estadounidense y que apoya la democracia liberal, mientras que la Unión Soviética promovió los derechos económicos y sociales centrales para una organización socialista de la sociedad. El desacuerdo histórico sobre la relación entre los derechos y la justicia se refleja hoy en día en las perspectivas contradictorias sobre las instituciones sociales y económicas que tienen los activistas de derechos humanos y justicia social por un lado, llamémosles participatistas, y los representantes institucionales de los órganos y organizaciones de derechos humanos, o institucionalistas, por el otro.
A diferencia de los institucionalistas, los participatistas valoran más los “conocimientos prácticos” de las experiencias de vida que el dominio técnico. Esto les da una mayor legitimidad para dar voz a las quejas y aspiraciones de los movimientos sociales que la que tienen los representantes institucionales, los cuales no pueden dar cuenta de su falta histórica de avances en la consecución de los derechos humanos universales. Si bien los participatistas a veces hacen solicitudes a los Estados nación y los órganos intergubernamentales, también adoptan la acción directa dentro y a través de las fronteras para conseguir justicia social. Algunos ejemplos recientes incluyen el Verano de Derechos en Brasil (2013), el movimiento del Derecho a la Ciudad de Estambul en torno al Parque Gezi en Turquía (2013), el movimiento a favor de la democracia en Hong Kong (2014) y el movimiento Black Lives Matter que se opone a la violencia estructural contra hombres negros en los Estados Unidos (2014-15). Las agrupaciones influyentes de derechos humanos mantienen un frágil equilibrio respecto a su reputación entre este tipo de activistas.

Flickr/Pasu Au Yeung (Some rights reserved)
Protesters call for democracy during Hong Kong's Umbrella Revolution.
Derechos + disturbios: ¿hacia la sinergia?
En noviembre de 2014, organicé un taller con estrategas de movimientos sociales y políticos, científicos sociales y políticos del mundo académico y representantes del gobierno y sus asesores sobre los conflictos internos y externos y el diálogo democrático. Todos fueron invitados debido a su trabajo en protestas o movimientos de protesta. La idea que abordamos puede resumirse mejor con la siguiente pregunta: “¿Es este fenómeno en las calles una protesta para expresar aspiraciones, quejas y exigencias, o se trata de un conflicto que hay que manejar o contener?”. El enfoque de las instituciones presuponía agentes externos, expertos, que manejaron episodios de protesta para alcanzar un estado de seguridad y estabilidad. El caso de los manifestantes, y de aquellos de nosotros en la reunión con un pie en una institución y otro en las calles, era diferente. Hablamos de cómo los manifestantes actúan como “expertos” en su propio nombre y para la transformación de su propia realidad, incluso en el caso de los disturbios y las protestas violentas, que pueden entenderse como expresiones de la injusticia y exigencias de que se revierta.
Por ejemplo, una investigación presentada en torno a los disturbios por alimentos en Asia mostró que, si bien puede ser que las demandas expresadas en el calor de un motín sobre alimentos no sean sofisticadas ni estén bien articuladas, de todas maneras transmiten la reclamación lo suficientemente bien como para que los gobiernos actúen. Este fue un resultado sorprendente: a veces los disturbios funcionan. Pero si los disturbios se ven como una manera de llamar a cuentas a los gobiernos en asuntos con una carga moral, como el hambre y la seguridad alimentaria, ¿qué papel desempeñan, pueden desempeñar y deben desempeñar los derechos humanos?
¿Una nueva agenda para las instituciones de derechos humanos?
A partir de la crisis económica de 2007-2008, los movimientos sociales han cambiado considerablemente el discurso sobre cuestiones de justicia social: consideremos el efecto que ha tenido el movimiento Occupy en el debate público sobre la desigualdad. Una mejor sinergia entre los activistas y las instituciones de derechos humanos requeriría un cambio más profundo del discurso, algo que se pueda traducir en nuevos diseños institucionales. De acuerdo con el sociólogo Patrick Heller, que también participó en el taller sobre la protesta y el conflicto, esto es lo que forjó la socialdemocracia europea durante décadas de movilización de la clase obrera, guerra y momentos revolucionarios, que dieron como resultado un estado de bienestar institucionalizado pero bastante eficaz.
Es evidente que la situación actual, sobre todo para los países en vías de desarrollo, no es similar al contexto histórico y político de Europa en esa época de luchas encabezadas por la clase obrera. Pero Heller ofreció una visión de cómo podría ser esta clase de colaboración a través de la experiencia de los Sanitaristas, un movimiento combativo, de bases populares, integrado por doctores y enfermeras en Brasil que se propusieron penetrar las instituciones gubernamentales para resolver el aparentemente insoluble problema de la prestación de servicios de salud. A través de su militancia y proceso participativo, pudieron establecer un sistema de atención médica primaria universal, una meta que aún elude a los EE. UU. Aquí es donde el movimiento de derechos humanos puede desempeñar un papel fundamental para ayudar a los movimientos a lograr la justicia social en la vida cotidiana: al desafiar al régimen mundial de derechos humanos, especialmente a las grandes ONG y los organismos intergubernamentales de derechos humanos, a que sintonicen sus agendas con los problemas de las calles. El cambio institucional requerirá una nueva era, más allá de la representación para aquellos cuyos derechos son negados, y hacia la creación de plataformas más democráticas, en las que las personas y las comunidades hablen por sí mismas.
Esta es una versión más breve de un artículo que apareció por primera vez en Can human rights bring social justice? (¿Pueden los derechos humanos conseguir la justicia social?), publicado por el proyecto Estudios Estratégicos de Amnistía Internacional, Holanda.

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