Protestas contra Dilma Rousseff en Sao Paulo, 2015. Flickr. Some rights reserved.

El 16 de agosto se realizó una encuesta entre los manifestantes brasileños que se encontraban en las calles protestando contra el gobierno federal y la situación política en el país. Llegamos a la conclusión de que, al menos en São Paulo, los manifestantes reconocen que tanto el gobierno como la oposición son culpables de corrupción, a pesar del discurso selectivo de los grupos que organizaron las protestas. También encontramos un desacuerdo generalizado con los grupos de derecha que predican un gobierno más limitado, y apoyan los servicios públicos universales y gratuitos como la sanidad y la educación. Esta encuesta sigue a otra que se realizó en la manifestación del pasado 12 de abril, y que reveló que el descontento y la desconfianza de los manifestantes no solo se centra en la presidenta Dilma Rousseff y el Partido de los Trabajadores (PT), sino que se extiende a todo el sistema político, incluyendo a todos los partidos, organizaciones no gubernamentales, movimientos sociales y la prensa [1].

Aunque la desconfianza en el sistema político está muy extendida, los grupos que lideran las protestas están haciendo un esfuerzo para canalizar selectivamente la indignación, haciendo hincapié en la corrupción del gobierno federal y pasando por alto la de otros cargos políticos, como el presidente de la Cámara Baja del Congreso, Eduardo Cunha, que podrían ser aliados útiles en un hipotético proceso de “impeachment”.

Esta encuesta midió la percepción de la gravedad de los escándalos de corrupción que involucran al gobierno y a la oposición, así como la percepción del grado de participación de los líderes políticos de ambos lados. Casi todos los manifestantes (99%) consideran los escándalos de corrupción que involucran al Partido de los Trabajadores como graves - tanto el escándalo de la compra de votos, popularizado como el caso “mensalão” o la operación de lavado de dinero conocida como "Lava Jato.” Sin embargo, también encontramos que los escándalos de corrupción que involucran a la oposición, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), también se perciben como graves. En los escándalos en los que el PSDB está implicado, el 80% de los manifestantes considera que el caso "mensalão tucano” de financiación de la campaña electoral como grave y el 87% considera la fijación del precio en el contrato de obra de trenes de cercanías en São Paulo grave.

Cuando examinamos las percepciones del grado de corrupción individual de los dos lados, las cosas son un poco diferentes, aunque no tanto como cabría esperar. Entre los miembros del PT, el 90% de los manifestantes considera a la presidenta Rousseff corrupta, y el 77% considera también corrupto al alcalde Fernando Haddad. Pero una parte considerable (42%) de los manifestantes también considera al gobernador Geraldo Alckmin del PSDB corrupto y el 38% consideró al senador Aécio Neves del PSDB igualmente corrupto.

La desconfianza en el sistema político en su conjunto, reflejada en la encuesta de abril, podría allanar el camino para dos diferentes tipos de soluciones: las que tratan de ampliar y profundizar soluciones para la democracia, y las soluciones no políticas. El enfoque sociológico, por ejemplo, por lo general pone el énfasis en la democracia interna de las asociaciones cívicas y movimientos sociales como la base para una reforma en profundidad del sistema democrático.

En este sentido, nos preguntamos si los manifestantes estaban más de acuerdo con las soluciones no políticas, tales como dar poder a los militares, jueces o agentes externos a la política tradicional, o si en cambio, querían soluciones que fortalezcan el sistema democrático, mediante un mayor grado de participación - ya sea institucional (a través de plebiscito) o mediante la organización de la sociedad civil (participación en ONG y movimientos sociales).

Los resultados en este caso fueron variados. Un 56% estuvo de acuerdo en todo o en parte en que para resolver la crisis es necesario entregar el poder a alguien de fuera del sistema político. Un 28% se mostró de acuerdo en todo o en parte en que la solución es dar poder a los militares y el 64% a un juez honesto. Por otro lado, el 77% estuvo de acuerdo, en su totalidad o en parte, en que la participación debe incrementarse a través de mecanismos tales como el plebiscito y el 59% dijo que mediante el fortalecimiento de las organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales.

También hemos tratado de determinar si la indignación de las manifestaciones de 2015 es similar a las preocupaciones que motivaron las protestas de junio de 2013, a pesar de la profunda diferencia en la orientación política de los dirigentes y la composición social (formada por personas más mayores y adineradas). Varias encuestas de opinión han mostrado que la indignación de junio de 2013 consistió en una combinación de un rechazo al sistema representativo y demandas de más y mejores derechos sociales, en particular en salud, en educación y en transporte.

En este sentido, hemos tratado de investigar en qué medida los manifestantes coincidieron en que los servicios públicos que prestan los derechos sociales deben ser universales y gratuitos. Esta cuestión era importante no sólo porque indica conexiones entre las dos oleadas de protestas, sino también porque revela un desacuerdo importante entre las creencias de los manifestantes y las de los líderes de las protestas - que tienen una fuerte orientación neoliberal.

En esta encuesta nos encontramos con niveles extremadamente altos de apoyo a los servicios públicos universales y gratuitos. Entre los manifestantes, el 97% estuvo de acuerdo en su totalidad o en parte en que la salud debe ser universal, y el 96% dijo que debería ser libre. Por otra parte, el 98% estuvo de acuerdo en su totalidad o en parte, en que la educación debe ser universal y el 97% dijo que debería ser gratuita. La reciente demanda social y un tanto disidente de disponer de transporte público gratuito (la denominada "tarifa cero" o “zero fare" en brasileño) fue apoyada en su totalidad o en parte por el 49% de los manifestantes.

Por último, hemos tratado de investigar el alcance y la forma en que los manifestantes han incorporado la tendencia de moralización de la política conocida como “cultural wars" [2]. Esta tendencia se compone tanto de un protagonismo cada vez mayor de las cuestiones morales en la agenda política (como las drogas, derechos de los homosexuales, el aborto y la pena de muerte) como de un tratamiento moral de los asuntos sociales y políticos.

En este sentido, nos preguntamos si los manifestantes estuvieron de acuerdo con una serie de frases que expresan algunas de estas actitudes morales en la política. Además de identificar el alcance y la amplitud de los discursos morales, queríamos saber si las actitudes más punitivas son más frecuentes en los asuntos relacionados con las relaciones entre las clases sociales (como la desigualdad, la criminalidad y la inmigración) y si, en cuestiones relacionadas con los derechos individuales (por ejemplo, como la homofobia, los derechos de las mujeres y las drogas) predominan las actitudes más permisivas.

Encontramos que, en temas relacionados con las relaciones entre las clases sociales, el 70% estuvo de acuerdo en su totalidad o en parte en que "es justo que las personas que han estudiado y trabajado duro en su vida tengan algunos privilegios"; el 86% estuvo de acuerdo en su totalidad o en parte en que "la mejor manera de lograr la paz en la sociedad es a través de castigos más severos para los delincuentes" y el 80% estuvo de acuerdo en su totalidad o en parte en que "los negros no deben utilizar su color de piel para obtener privilegios tales como cuotas raciales”.

Mientras tanto, encontramos que las actitudes más permisivas y tolerantes prevalecen en materia de derechos y libertades individuales (tal vez debido a que pueden involucrar a personas de la misma clase social). El 79% de los manifestantes no estuvo de acuerdo en que la "violación sería menos frecuente si las mujeres fueran más cuidadosas y no llevaban ropa liviana"; 61% no estuvo de acuerdo en que "las relaciones entre los gays no son naturales y los gays no deberían mostrar afecto en público" y el 50%, incluso estuvo de acuerdo en su totalidad o en parte en que "la gente debería tener derecho a fumar marihuana legalmente, siempre que no perjudique a los demás”.

Versión original publicada en El País, Brasil.

Traducción al español por Cristina Casabón, miembro del Programa de Voluntariado de DemocraciaAbierta

Notas al pie:

[1] Esther Solano; Lucia Nader; Pablo Ortellado. "Um protesto contra todo o Sistema Político?" El País. 14 de abril de 2015. Disponible aquí

[2] Pablo Ortellado "Guerras Culturais no Brasil" Le Monde Diplomatique Brasil. Disponible aquí.