América Latina es conocida mundialmente por sus altos niveles de homicidios. Nuestra región lidera el asesinato de defensores ambietales, muchos de ellos indígenas, jóvenes negros, y ahora en el número de feminicidios, extendiéndose a una escala sin precedentes en otras regiones. Lejos de ser un fenómeno novedoso, el feminicidio se ha presentado gracias al intenso activismo feminista desde la década de 1980 que impugnó los sellos duraderos y profundamente arraigados del patriarcado y las nuevas legislaciones adoptadas en la década de 2000 bajo esta presión política en curso.

Brasil está entre los líderes de esa lista. Curiosamente, el feminicidio está aumentando, mientras que el número total de homicidios ha disminuido ligeramente en los últimos dos años. En 2019, 1.310 mujeres fueron asesinadas, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, un aumento del 7,2% con respecto a 2018, cuando se denunciaron 1.222 casos tipificados como feminicidio. Entre enero y agosto de 2019, el Ministerio de Justicia de Brasil reportó 3.257 asesinatos de mujeres. Definir un delito como feminicidio sigue siendo polémico desde el punto de vista técnico, lo que dificulta caracterizar con precisión las formas generalizadas de violencia doméstica y de género que sufren las mujeres.

Un artículo publicado recientemente por The Guardian informa que, en el Reino Unido, a pesar de más de 50 años de campañas feministas contra la violencia masculina, el número de mujeres y niñas que son muertas por hombres también está aumentando. Aunque la magnitud de las tasas de feminicidios en Brasil y en el Reino Unido no son comparables, en el Reino Unido, como también ocurre en Brasil, las mujeres son asesinadas con mayor frecuencia con instrumentos punzantes y, como regla general, por parte de una pareja o ex. Los asesinos suelen ser alguien que está muy cerca de la víctima y cuyo motivo principal es decir un "no", "ya no".

Un serie de instrumentos legales están disponibles en Brasil para castigar diversas formas de violencia de género. La ley que Maria da Penha creó en 2006 fue seguida por el endurecimiento de las penas por violación (2009) y conducta sexual inapropiada (2018). También se sancionó una Ley de Femicidio en 2015, pero hasta ahora estas reformas legislativas no han resultado efectivas para reducir consistentemente los asesinatos de mujeres por ninguna otra razón que el hecho de ser mujer.

Se necesitan múltiples lentes para comprender mejor que las crecientes tasas de feminicidios en Brasil y la ineficacia de las leyes existentes también están entrelazadas con el entorno político general del país después de que el presidente Jair Bolsonaro asumió el poder en enero de 2019. Para comenzar, como lo observaron Careaga, Pecheny y Corrêa, en toda América Latina, la violencia de género y sexual se cruza profundamente con la guerra contra las drogas, los altos niveles de violencia perpetrados por narcotraficantes y actores estatales y la criminalización de la pobreza. En ese sentido, vale la pena señalar que las políticas contra la delincuencia de la nueva administración implica medidas que pueden aumentar la incidencia de feminicidio. La ley se modificó para facilitar el acceso a la posesión de armas e incluyó una disposición para disminuir o incluso renunciar a las sanciones penales cuando los homicidios se cometen "bajo estrés". Aunque esta última disposición no fue aprobada, puede volver por otros medios, lo que representa un riesgo importante para las mujeres porque los perpetradores de feminicidios a menudo argumentan haber matado porque estaban bajo una tensión emocional severa.

Otro elemento clave a tener en cuenta es que, en toda América Latina, los niveles crecientes de violencia de género no se pueden comprender plenamente si no se tiene en cuenta la reactividad de los hombres dominantes al feminismo y una mayor autonomía de las mujeres. En el caso de Brasil, esto significa que el número creciente de homicidios de mujeres registrados desde 2019 está relacionado con el repugnante clima antifeminismo y misógino instalado desde la elección de Bolsonaro. ¿Cómo podemos esperar una disminución en las tasas de feminicidio, violación y acoso sexual cuando el presidente se presenta de manera sistemática y orgullosa como el precursor del asunto?

El presidente es conocido por su grosería, falta de respeto y vulgaridad cuando se dirige a sus críticos u oponentes, ya sean periodistas, artistas o académicos. Su virulencia es especialmente dura cuando sus blancos son mujeres. Hace unas semanas, Bolsonaro calumnió públicamente a la periodista Patricia Campos Mello, de Folha de S. Paulo, con acusaciones de que intentó obtener una primicia por medio de insinuaciones sexuales. La verdad es que Patricia Campos Mello ha investigado y publicado pruebas sólidas sobre el uso no regulado de las estrategias de comunicación de Whatsapp por la campaña electoral de Jair Bolsonaro en 2018.

Esta no fue la primera vez que el presidente Bolsonaro agredió abiertamente a la periodista, pero nunca antes de manera tan brutal y cruel, cruzando la línea del delito menor. Dada la inusual respuesta pública que sacudió el debate nacional, su hijo Eduardo Bolsonaro, miembro del Congreso, acudió en ayuda de su padre en un debate de la Cámara, donde atacó una vez más a las mujeres. Replicó el gesto que el presidente Bolsonaro usa contra los periodistas cada vez que le disgustan sus preguntas, dándole el dedo a una parlamentaria.

Este lamentable episodio es solo uno más en una serie larga y acumulativa de actos realizados por el presidente Bolsonaro que comenzó incluso antes de asumir el cargo. Sin embargo, más claramente de lo que ha sucedido antes, el ataque vicioso contra Patricia Campos Mello viola evidentemente las reglas explícitas sobre cómo debe comportarse un presidente y lo hace potencialmente sujeto a acciones judiciales por mala conducta presidencial. La pregunta que debe hacerse es ¿por qué esto no está sucediendo como se esperaba?

En el transcurso de las últimas dos semanas, múltiples voces del mundo académico, la prensa y la sociedad civil pidieron que el acto de discurso repugnante de Bolsonaro sea interrogado judicialmente. Por otro lado, lamentablemente, los líderes clave de todo el espectro político permanecieron en silencio o hicieron un llamado a la moderación política y la paciencia histórica.

Por el contrario, en 2016, la presidenta Dilma Rousseff fue destituida de su cargo a pesar de la evidencia insuficiente y truncada de mala conducta. Su juicio político fue un espectáculo de agresividad, sexismo y prejuicio que nos obliga a concluir que, finalmente, en Brasil, el estado de derecho está profundamente sesgado por el género a favor del dominio masculino en todas las esferas, especialmente en política.