Mujeres reclaman la legalización del aborto el jueves por la noche.8 de diciembre de 2016. Avenida Paulista, São Paulo. Imágenes de NurPhoto SIPA USA / PA. Todos los derechos reservados.

A finales del año pasado, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaraba que el virus Zika ya no era una emergencia médica internacional, aunque el virus, que es propagado por mosquitos y transmitido sexualmente, sigue constituyendo una amenaza "significativa y duradera". Para aquellos que trabajan con y en nombre de las comunidades más expuestas al Zika en Brasil, la emergencia está lejos de terminar.

Aunque el Zika suele presentar síntomas leves en los adultos, su impacto en el embarazo puede ser grave. Según la OMS, sólo en Brasil hay más de 2.100 casos confirmados de trastornos neurológicos asociados con el Zika. El más común es la microcefalia: bebés que nacen con cabezas anormalmente pequeñas y ven reducido su desarrollo cerebral.

Como grupo más afectado por el Zika, las mujeres brasileñas se han quedado con pocas opciones de apoyo e información. Las medidas de austeridad del gobierno y las restricciones de los derechos reproductivos han exacerbado la crisis. A pesar del impacto desproporcionado del Zika en mujeres embarazadas, Brasil no ha cambiado su política sobre el aborto: sigue siendo muy restringida y no se permite ni siquiera en casos de microcefalia. La información sobre salud reproductiva y anticoncepción sigue siendo de difícil o costoso acceso para las mujeres más pobres – que son, precisamente, la población más vulnerable al virus.

Los socios de la Coalición Internacional de la Salud de la Mujer en Brasil, entre ellos el Grupo Curumim y el Instituto de Bioética ANIS, están tomando medidas para darle la vuelta a esta situación en la que se encuentran las mujeres.

A lo largo de los años 2015 y 2016, la cofundadora e investigadora principal de ANIS, Debora Diniz, visitó algunas de las regiones más afectadas por la epidemia. Y comprobó que con su enfoque exclusivo de erradicación de los mosquitos, el gobierno estaba dejando desatendidas a las mujeres y las familias más expuestas al virus. Los residentes en las regiones vulnerables carecían de información actualizada y precisa sobre la epidemia y las estrategias de prevención. Incluso el repelente de mosquitos gratuito o de bajo coste que se prometió para las mujeres embarazadas al inicio del brote nunca llegó. Además, las familias ya afectadas por el Zika – con niños con malformaciones neurológicas y otros problemas de desarrollo - tenían que emprender largos viajes para llegar a un centro de terapia más cercano. Debora Diniz grabó estas historias, así como el estrés y la incertidumbre del personal sanitario, en el documental Zika.

El año pasado, a la vez que estallaba la crisis del Zika, el liderazgo político del país entraba en crisis. Poco después de que se hiciera pública la emergencia del Zika, el Senado votaba la destitución de la presidenta, Dilma Rousseff. El vicepresidente, Michel Temer, asumía el cargo e inmediatamente lanzaba un ataque contra las prestaciones sociales. Temer y su gabinete sostenían que el derecho a la atención médica ya no podía garantizarse debido a la situación económica del país.

A finales de noviembre, el Senado brasileño aprobaba una enmienda constitucional para congelar el gasto federal para los próximos 20 años, incluyendo el gasto público en salud y educación. Esta medida tendrá un impacto devastador en las personas más vulnerables en el país, incluyendo los afectados por el Zika o en riesgo de estarlo.

La situación es alarmante. "Durante una epidemia, ¿cómo puede no aumentar el presupuesto para la protección social y la salud?", se pregunta Diniz. "¡Necesitamos un estado del bienestar más fuerte, no más débil!"

La mayoría conservadora en el Congreso brasileño parece haber hecho todo lo posible para empeorar la situación. Una de sus primeras iniciativas fue la de intentar aumentar la pena para las mujeres que tenían el Zika y solicitaban un aborto. De haberse aprobado la ley, las mujeres que hubiesen interrumpido su embarazo se habrían enfrentado a penas de cárcel.

Algunos diputados andan preocupados por la amenaza de lo que ellos denominan "ideología de género" y se dedican a ir tras los programas y las políticas relacionados con la educación sexual, las uniones civiles entre personas del mismo sexo y derechos derivados, así como los servicios de salud reproductiva. No es casualidad que los brasileños más expuestos al virus del Zika - afro-brasileños, indígenas y pobres- carezcan de acceso a servicios de salud e higiene adecuados.

Ante los planteamientos dañinos de este grupo en el Congreso y las amenazas a la salud y los derechos de las mujeres, a finales agosto ANIS y la Asociación Nacional de Defensores Públicos de Brasil presentaron una petición ante el Tribunal Supremo solicitando más apoyo y servicios para las mujeres y las familias afectadas por el Zika o en situación de riesgo. En ella, ANIS afirmaba que el gobierno brasileño no proporciona asistencia adecuada y exigía que se revisen las obligaciones constitucionales del gobierno para garantizar el acceso a la información y a los servicios sanitarios de atención y apoyo. ANIS presentó posteriormente una demanda amicus curiae basada en informes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, equiparando la negación del aborto en el contexto del Zika a la tortura y/o trato cruel, inhumano o degradante. El Tribunal Supremo debía pronunciarse sobre la orden judicial preliminar sobre el caso Zika el 7 de diciembre, pero se pospuso la sesión debido a la evolución del caso de corrupción del presidente del Senado.

Debora Diniz anda a la espera de noticias sobre el caso, que se supone que figurará en la agenda del Tribunal en los próximos meses. Mientras tanto, se mantiene firme pero realista: "Entre el Congreso conservador y ahora el gobierno Temer, no podemos esperar mucho. Nuestra única esperanza es que el Tribunal Supremo asuma la defensa de los derechos de las mujeres que contempla la Constitución".