Desde el año 2015, medio millón de venezolanos han cruzado la frontera con Brasil, es decir, aproximadamente el 10% del total estimado de venezolanos desplazados por todo el mundo, ya sea para asentarse en el país (más de 250 mil) o en tránsito hacia otros países.

La mayoría cruzó la frontera entre los dos países a través de las ciudades de Santa Elena de Uairén (Venezuela) y Pacaraima (Brasil), llegando al estado brasileño menos poblado: Roraima.

Roraima tiene una infraestructura débil: con poco más de 600 mil habitantes, y distante de los centros económicos brasileños, tiene una economía dependiente de los recursos federales y servicios gubernamentales inadecuados, teniendo, por ejemplo, 4 camas en la UCI por cada 100 mil personas (la menor de todo el país). El índice Gini de Roraima es de 0,567, lo que muestra la desigualdad social, y más del 30% de la población del estado se considera en la pobreza. Roraima es el estado más septentrional de Brasil y comparte su frontera con el sur de Venezuela.

La combinación de la vulnerabilidad intrínseca de la migración forzada, como en el caso de los venezolanos, con el contexto de los desafíos sociales y económicos de Roraima ya supone un escenario de desafiante en tiempos normales, pero a la luz de la pandemia de la Covid-19, la situación se presenta, potencialmente, como una catástrofe humanitaria.

Lo bueno

En este contexto, los rayos de esperanza surgen principalmente desde dos perspectivas: el hecho de que los venezolanos puedan obtener un estatus migratorio regular en Brasil y el que haya habido respuestas específicas a la situación en la región, derivadas de acciones institucionales, y de la solidaridad de los propios venezolanos.

En lo que respecta a la situación migratoria, desde 2017 el Brasil ha adoptado diferentes medidas para la población venezolana. Por un lado, permitió a los venezolanos disfrutar de permisos de residencia, lo que benefició a unas 125 mil personas, con datos de noviembre de 2019. Por otra parte, la solicitud de la condición de refugiado en Brasil también es una posibilidad que se ha fortalecido desde junio de 2019, cuando el Brasil reconoció la existencia de violaciones graves y generalizadas de los derechos humanos en Venezuela, permitiendo así la aplicación de la definición regional de refugiado de la Declaración de Cartagena de 1984.

Hasta la fecha, más de 37.000 venezolanos han sido reconocidos como refugiados en el Brasil a partir de esta iniciativa. Las políticas de Brasil relativas a la condición migratoria de los venezolanos, aunque no son perfectas, han sido descritas como una buena práctica.

En relación con las respuestas específicas a la situación de la Covid-19 es pertinente señalar de manera preliminar que el acceso a la salud en el Brasil es universal (artículo 196 de la Constitución brasileña), independientemente de la condición migratoria. Sin embargo, la falta de camas vacantes es un problema continuo.

En este sentido, una primera iniciativa institucional destacable es la construcción de un hospital de 1200 camas (área de protección y atención) por parte de la Operação Acolhida (que se detalla a continuación) con el apoyo del ACNUR.

Además, la pandemia de la Covid-19 ha llevado a reforzar las condiciones de higiene en los refugios, a la construcción de espacios en los que los venezolanos enfermos, necesitados de asistencia o que tienen que ser aislados, puedan ser albergados y a la mayor presencia de médicos de la OIM en Roraima.

En relación con las acciones de los propios venezolanos, cabe destacar su participación en la construcción de dicho hospital y en las acciones preventivas en los albergues.

Lo malo

A pesar de estas buenas iniciativas, la frontera de la pandemia en Roraima ha traído consigo nuevos retos, con algunas respuestas no tan positivas, lo que nos lleva a lo malo.

En general, la integración, que abarca el acceso a los servicios, es un desafío para los migrantes en el Brasil, lo que también es cierto en el caso de los venezolanos. Aunque se puede considerar que Brasil tiene una posición de vanguardia en lo que respecta a la protección jurídica de los venezolanos en la región, la norma es la grave vulnerabilidad social de esta población. El escenario se complica aún más si se considera la mencionada realidad del estado de Roraima.

Este complejo escenario provocó tensiones entre la población nacional y los venezolanos, con una escalada de xenofobia y discriminación. La situación no pudo ser aplacada ni siquiera con la presencia de organizaciones internacionales que trataron de mejorar la integración. Las primeras iniciativas de acogida fueron especialmente precarias e insalubres. Un sistema de salud ya saturado era un punto continuo de contención, así como la falta de oportunidades de trabajo.

En respuesta a este contexto, en 2018 el gobierno brasileño estableció la Operação Acolhida - dirigida por la Oficina del Jefe de Estado Mayor (de la Presidencia) con una fuerte participación del Ejército - centrándose en primer lugar en el ordenamiento de la frontera, lo que condujo a la creación de espacios de refugio con más recursos y más personal, así como a la colaboración con ONG y organizaciones internacionales.

Como segundo paso, la Operação Acolhida inició la interiorización de los venezolanos, es decir, su redistribución en otros estados brasileños, con el objetivo de disminuir la presión en el estado fronterizo.

La Operação Acolhida y sus diversas acciones han sido consideradas una buena práctica, si bien no ha podido eliminar los conflictos sociales y la xenofobia (incluso por parte del gobierno local), lo que puede tener resultados desastrosos a la luz de la Covid-19.

Lo feo

Además de estos aspectos, también se observan malas prácticas en cuanto a las fronteras, la protección de los grupos vulnerables, las respuestas de los gobiernos y la actitud general hacia la Covid-19.

Primero fue el cierre de las fronteras, siendo la de Brasil-Venezuela la primera en ser cerrada. El razonamiento presentado fue que las condiciones sociales de Venezuela permitirían a la Covid-19 alcanzar cifras alarmantes. La medida parece inadecuada, ya que podría considerarse una violación de la no devolución y, en la práctica, las fronteras cerradas no impiden el cruce, sino que sólo crean condiciones más arriesgadas y peligrosas y un acceso inseguro para las personas que necesitan protección internacional.

La medida es también desproporcionada, ya que podrían establecerse otros medios menos perjudiciales (como cuarentenas) para controlar la Covid-19.

La atención de las necesidades de los grupos indígenas de Venezuela, especialmente los warao, es otro desafío, ya que tienen necesidades específicas en general, pero también a la luz de la Covid-19, como el acceso a la información sobre la enfermedad y la prevención en su propio idioma e iniciativas específicas de salud. Tanto los grupos indígenas brasileños como los venezolanos parecen estar al margen de las respuestas a la pandemia.

También hubo un comandante de la Operação Acolhida que sugirió a sus tropas de exponerse deliberadamente a la Covid-19 para alcanzar la inmunidad. Esto es consecuencia de los informes sobre la inadecuación de las medidas de prevención y el hecho de que el número de miembros del ejército infectados en Roraima es proporcionalmente alto, y puede ejercer una presión aún mayor sobre el sistema de salud, sobre todo porque el gobierno de Roraima no ha entregado el equipo esencial para luchar contra la pandemia, lo que significa que el mencionado hospital de 1.200 camas aún no ha sido inaugurado.

Se puede ver, así, que los refugiados venezolanos en Roraima se están enfrentando a mayores desafíos ante la Covid-19. Algunos ya existían antes de la pandemia, otros son peculiares de la situación actual. La dinámica de la integración (incluida la salud) en Roraima debe pensarse más allá de las fronteras.

El derecho internacional de los refugiados y los derechos humanos deben tenerse en cuenta para que las necesidades de los refugiados y otros migrantes forzosos se atiendan adecuadamente, en tiempos normales o durante una pandemia.