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La desigualdad marcará el destino de esta pandemia

Los países latinoamericanos, con estados frágiles, con sistemas de salud muy precarios y con una institucionalidad estructuralmente débil, ¿cómo van a hacer frente a un confinamiento general de la población y sus enormes consecuencias económicas y sociales? Português

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1 April 2020
Favela en Salvador de Bahía, Brasil, al lado de un barrio de condominios de clase media, vista en Mayo 2019.
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Photo: Fabian Sommer/dpa/PA Images

Nadie pensó que sería un elemento tan diminuto el que traería el mayor terremoto económico, social y emocional en varias generaciones. Un simple virus, una minúscula cápsula de proteínas que contiene ARN y cuya única misión es reproducirse colonizando células del sistema respiratorio humano, ha conseguido cambiar el mundo. “Se trata de la mayor debacle observada desde la Segunda Guerra Mundial”, ha declarado el Secretario General de la ONU, António Guterres.

Y como nadie lo pensó -salvo las advertencias de algunos informes de expertos que siempre terminan en un cajón-, nadie estaba preparado.

La incertidumbre de no saber cuál va a ser el alcance final de la pandemia y cuáles las consecuencias reales para la vida cotidiana de millones de habitantes del planeta, provoca vacilaciones, errores y angustia entre los gobernantes, y también entre la población. El G-7, el G-20, la ONU, hasta el FMI, todos han dicho que hará falta un plan de emergencia gigantesco, sobre todo para atender a los países emergentes. Se teme por África, por la India y Pakistán. Y por América Latina, donde la CEPAL calcula que hoy hay 185 millones de pobres.

A medida que se ha evidenciado el alcance letal de la infección, y su impresionante nivel de contagio, los gobiernos se han visto obligados a improvisar medidas drásticas. Y cada uno lo ha hecho en clave nacional, teniendo en cuenta factores muy distintos en función de sus agendas económicas, políticas y sociales.

La mayor tensión en la toma de decisiones ha sido considerar que el remedio no sea peor que la enfermedad. El temor a una crisis económica sin precedentes, cuyos efectos devastadores sobre los más débiles hace temer una situación insostenible dentro de pocas semanas, pone en evidencia una vez más cómo los enormes desequilibrios y las profundas desigualdades existentes acabarán por hacer pagar la factura a los sectores más desfavorecidos y vulnerables de la sociedad.

Desigualdad y confinamiento

Hay un acuerdo generalizado (salvo raras excepciones) de que lo que hay que hacer es evitar los contagios entre humanos, y ello aconseja decretar, de manera inmediata, el confinamiento total de la población. Ya hay pocos países que se hayan resistido a declarar una cuarentena de 14 días, que seguramente se prolongará varias veces más, como hemos visto que hizo China, están haciendo en Europa y ahora se plantea en EE.UU.

Pero es más fácil decretar una cuarentena de la población que implementarla de verdad. Como siempre, las sociedades ricas, con sistemas de salud eficientes y con instituciones fuertes, pueden ser capaces de conseguir que la población atienda disciplinadamente las directrices de sus gobiernos y se quede en casa. Esto porque, entre otras razones, pueden confiar en que, si por alguna razón contraen la enfermedad, el servicio público sanitario vendrá a rescatarlo, y si pierden su empleo o se arruinan, al final el Estado saldrá en su ayuda.

Pero en los países del Sur Global la cosa es muy distinta, porque la desigualdad es el factor esencial que hará la diferencia en esta crisis.

Los países latinoamericanos, con economías desequilibradas, endeudadas, y fuertemente dependientes del precio del petróleo, de las commodites, del turismo y de las remesas de sus migrantes en el primer mundo, y con un nivel de informalidad que supera el 50% en muchos países, no disponen de margen de maniobra para actuar. Con estados mucho más frágiles, con sistemas de salud mucho más precarios, y con una institucionalidad estructuralmente débil, ¿cómo van a hacer frente a un confinamiento general de la población y sus enormes consecuencias económicas y sociales?

Si Singapur pudo contener la pandemia sin ni siquiera cerrar los colegios es porque es una ciudad-estado, rica y autoritaria, donde una población, muy vigilada, sigue disciplinadamente las órdenes de las autoridades sin excepción y donde escupir al suelo se ha castigado con multas costosísimas desde hace por lo menos treinta años.

Pero Ciudad de México, Bogotá, Sao Paolo o Buenos Aires no son Singapur. Las bolsas de pobreza siguen siendo monumentales, la brecha de desigualdad es abismal. Aquí, aplicar medidas de confinamiento no tiene nada que ver con hacerlo en París, Tokio, Seúl o Barcelona, donde todo funciona.

¿Cómo obligar a los habitantes de una favela en Río de Janeiro a quedarse ni siquiera 14 días en sus barracas? ¿Y en las villas miseria del gran conurbano bonaerense? ¿Y en Bogotá, donde, además de la economía informal y la venta ambulante, hay una población flotante de refugiados venezolanos sin techo que se calcula en decenas y decenas de miles, y donde hay millones que comen de los pesos que ganan cada día?

Las vacilaciones de Bolsonaro en Brasil o de López Obrador en México a la hora de reconocer el alcance de la pandemia responden a la angustia que les provoca perder el apoyo popular, que vive de la calle y que ve cómo las medidas de confinamiento significarán su ruina inmediata. Si se quedan en casa no comen, pero si salen a la calle a vender para subsistir el día a día y en la ciudad ya no hay nadie, tampoco comen.

Algunos argumentan, además, que la mayoría de la gente en estos países es joven y que este virus sólo ataca a los viejos. Pero esto no es del todo verdad, y la realidad es que muchas poblaciones vulnerables tienen sus sistemas inmunológicos debilitados por la malnutrición, e incluso en algunos lugares, por la tuberculosis.

El dilema entre salvar vidas y salvar modos de vida es insoportable. Entre morir del virus y morir de hambre, muchos elegirán el virus. Los gobiernos deben poner en marcha programas sociales de emergencia que cubran las necesidades mínimas de la población, incluida una renta mínima de subsistencia, a pesar de los problemas logísticos y burocráticos que plantea su implementación. Las colas para recibir los subsidios pueden ser focos de contagio inmediato. Aún así, serán inevitables.

No existe una bala de plata para hacer frente a las consecuencias del Covid-19. Pero allá donde reina una enorme desigualdad, es urgente empezar a reducirla desde hoy con agresivos programas keynesianos de gasto público.

Las voces que han venido denunciando la enorme desigualdad persistente en América Latina hoy se cargan de razón, puesto que la desigualdad será el factor clave que determine la dimensión de la catástrofe. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos están tomando medidas sociales y de apoyo financiero a la población, pero eso no es sostenible: las instituciones financieras internacionales y los países ricos deberán apoyarlos y acudir a su rescate con determinación.

Es cuando las crisis golpean con fuerza inusitada que emerge claramente la radical injusticia que comportan los sistemas abismalmente desiguales en que vivimos.

Reducir significativamente la desigualdad es una tarea que requerirá un cambio de profundo de mentalidad y de políticas, y seguramente llevará muchos años. Pero una de las lecciones que nos dejará el Covid-19 es que éste es un problema global tan urgente como el calentamiento global, y que el mundo post-pandemia ha de cambiar radicalmente la manera en que genera y redistribuye la riqueza, si es que quiere intentar sobrevivir.

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