Centro de Confinamiento del Terrorismo. Este es el orwelliano nombre de la nueva megacárcel del presidente salvadoreño Nayib Bukele que, en sus 23 hectáreas de extensión, albergará a 40.000 presos. Lo que se conoce de esta nueva prisión es preocupante: está a 74 kilómetros de San Salvador, tiene ocho edificios, y 32 celdas de 100 metros cuadrados, con solo dos lavamanos y dos retretes. Se estima que cada celda albergará a 100 presos, situación que hace de este lugar una de las cárceles más superpobladas y de alta densidad del mundo.

El gobernante inauguró el recinto a comienzos de febrero y, tres semanas más tarde, hizo público un video que mostraba a 2.000 presos siendo trasladados al lugar en condiciones deshumanizantes. Las imágenes fueron espantosas: se ve a los reclusos caminando en ropa interior, prácticamente desnudos, con los cráneos afeitados, sin zapatos, sin camisa, encadenados de manos y pies. El video hace referencia directamente a la memoria del horror de los campos del holocausto o del horror de Pol Pot. El guión sugiere la tortura, cosifica al enemigo que se deshumaniza, los convierte en algo execrable que merece un castigo humillante, una vejación ejemplar.

Las tomas se hicieron virales y provocaron respuestas fuertemente polarizantes. Adhesiones entusiastas y repulsas indignadas. Tal vez una de las más sonoras fue la del presidente colombinao Gustavo Petro quien dijo: "Ustedes pueden ver en redes las fotos terribles —no me puedo meter en otros países— del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles, encarcelados, que le da a uno escalofríos. Yo creo que hay gente a la que le gusta eso, indudablemente. Ver a la juventud dentro de las cárceles y creen que eso es la seguridad. Y se disparan las popularidades, indudablemente. Lo vivimos también en Colombia".

Según Bukele, los presos que fueron trasladados a la mega cárcel son "terroristas", ya que son sospechosos de pertenecer a pandillas. Así mismo, la Policía Nacional Civil de El Salvador afirmó que ahora es el país más seguro del continente.

Cabe preguntarse si el presidente millenial realmente sabe lo que hace y si es algo histórico, como dicen sus seguidores y quienes los apoyan en otros países de la región.

Al analizar su política de seguridad, ésta no resulta novedosa, sino represiva. Durante su mandato, Bukele ha minado al ejército y a la policía y ha detenido a más de 63.000 personas. Es alarmante que el desmantelamiento de las Maras, las violentas pandillas salvadoreñas, esté asociado a la suspensión de garantías constitucionales debido al estado de excepción, que ya lleva vigente un año en el país cuando inicialmente su duración era de 30 días.

También es alarmante que las detenciones hechas para perseguir a las pandillas en El Salvador dejan claro que las siguientes medidas son legales en el país gracias al estado de excepción, que permite detenciones basadas en estereotipos, como tener el cabello largo o tener tatuajes; suspensión de la libertad de asociación y reunión; suspensión del derecho a la defensa; suspensión de la presunción de inocencia; suspensión del derecho a la privacidad de las comunicaciones; suspensión del derecho a ser informado del motivo de detención; suspensión del requisito de llevar a cualquier persona detenida ante un juez dentro de las 72 horas siguientes a la detención y suspensión del derecho a guardar silencio.

Otro punto preocupante de la estrategia de combate a las pandillas de Bukele es la detención de niños y niñas: el régimen bajó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 años con un máximo de prisión de hasta diez años. Desde que se aprobó la medida, cerca de 1.000 niños, en su mayoría varones, han sido enviados a prisión preventiva, según Human Rights Watch.

Medios locales, como El Faro, denuncian que efectivamente las pandillas, o al menos sus estructuras de poder, han sido diezmadas en el país. Sin embargo, cuestionan que sea el estado de excepción el que lo haya logrado, o que la construcción de la megacárcel haya tenido un efecto disuasorio.

En un artículo publicado el 3 de febrero de 2023, tres periodistas de El Faro narran cómo fueron a territorios antes impenetrables, por pertenecer a las maras, y hablaron con líderes pandilleros, con víctimas, con policías y con representantes de organizaciones no gubernamentales que afirman que en los meses del régimen de excepción se han registrado violaciones masivas de los derechos humanos y que la razón por la que se desarticularon las pandillas ha sido algún tipo de negociación oculta del presidente con los líderes encarcelados de las pandillas a cambio de beneficios.

El mismo reportaje cuenta que Bukele tenía un pacto con las pandillas que estaban en las calles, que rompió cuando declaró el régimen de excepción. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos el gabinete de seguridad de Bukele se reunió en secreto con los jefes de la Mara Salvatrucha, la pandilla más temida de El Salvador, para negociar un acuerdo por dos años. Esta versión fue soportada por los hallazgos del periodista de el mismo El Faro Carlos Martínez quien, en mayo de 2022, obtuvo grabaciones que dejan entrever las razones detrás de la matanza que dio inicio al régimen de excepción.

Lo cierto es que todo lo relacionado con el régimen es oscuro. Desde que se aprobaron las denuncias de hábeas corpus, se han roto récords históricos y se han superado los números del fin de la Guerra Civil. Al mismo tiempo, no hay forma de verificar el número oficial de detenidos, ya que la única fuente son los funcionarios públicos. El Faro, sin embargo, logró los expedientes de 690 detenidos que muestran la arbitrariedad de sus capturas donde los policías los detienen por cosas tan banales como que demuestran "nerviosismo”.

La megacárcel es, sin duda, la cereza del pastel propagandístico de Bukele, que gobierna vía Twitter y que, después de once meses, reina como un emperador en su país transmitiendo con éxito el mensaje de que todo se resuelve con “mano dura” y con políticas de seguridad agresivas, punitivas y radicales. Pero en realidad hay miles de salvadoreños que siguen encarcelados sin derecho al debido proceso, y con la perspectiva de ser juzgados por un gobierno en clara deriva autoritaria, al que poco le importan las garantías, los derechos y, lo que es más grave, la misma verdad.