El pasado 11 de noviembre la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, por su nombre completo, fue aprobada por las plenarias del Senado de la República y la Cámara de Representantes de Colombia. Esto es un hito importante. Durante la campaña presidencial de Gustavo Petro fue una de sus banderas más llamativas, y es una de las más liberales de la historia del país.

Tiene como objetivo recaudar aproximadamente 20 billones de pesos colombianos (4.000 millones de dólares) el primer año, para combatir la desigualdad que oprime al país latino; según el Ministerio de Hacienda colombiano, Colombia es uno de los diez países más desiguales del planeta.

Un punto clave de la reforma aprobada es que defiende la salud y el medioambiente. Una de las discusiones álgidas de la reforma se centró en lo que se llamó “impuestos saludables”, cuyo fin es desincentivar el consumo de alimentos que aportan poco o nada a la nutrición y que, por otro lado, afectan la salud.

El primer impuesto es a las bebidas azucaradas, que quedó incluido y que ha sido foco de debate en Colombia desde 2016 cuando se propuso por primera vez en una reforma. Aunque fue aprobado, su implementación se ha suavizado y no se cobrará a las bebidas con niveles de azúcar más alto del inicialmente propuesto, lo que deja por fuera productos como el popular Postobón y la Coca-Cola.

El segundo “impuesto saludable” será el de los alimentos ultraprocesados, que son aquellos con un proceso industrial en el que se les agrega una proporción significativa de sal, grasas o azúcar. Extrañamente, quedaron excluidos el pan y el salchichón, dos de los productos más consumidos por los colombianos, y menos saludables.

La reforma, además, se centra en defender el medioambiente e impone, por primera vez, un impuesto a los plásticos de un solo uso como los envases desechables. Aumenta, además, el ya existente impuesto al carbono, lo que supone un mejor seguimiento a todos los procesos de bonos de carbono en el país.

Otro punto clave es que la mayor recaudación vendrá de los hidrocarburos, en línea con las promesas de campaña de Petro. La reforma busca gravar significativamente al sector petróleo; tanto así, que propone prohibir en el impuesto de renta el pago de regalías, que es el dinero que recibe el Estado por extraer bienes del subsuelo, que es de propiedad estatal.

Crea, además, un impuesto nuevo del 10% de las exportaciones de petróleo crudo, oro y carbón, siempre que el valor de estos productos supere un umbral, que sobrepasan con creces en la actualidad.

Si el objetivo de la reforma es recaudar cerca de 20 billones de pesos adicionales en 2023 para reducir el déficit fiscal en alrededor del 1,2% del Producto Interno Bruto (PIB), esto no bastará para cerrar del todo el déficit, aunque sí puede ayudar a acercar la recaudación en impuestos al promedio de América Latina. Según el Comité de la Regla Fiscal, un grupo autónomo de economistas encargados de hacer seguimiento a la sostenibilidad de las finanzas públicas, en 2023 el déficit sería del 7,3% del PIB. La ambición de la reforma de ayudar a responder a ese déficit, es clave.

Pero el objetivo de fondo, que fue además parte del discurso de posesión de Petro, es reducir la desigualdad en una Colombia donde el 10 % de la población tiene el 70 % de la riqueza. De forma coherente, la exposición de motivos afirma que “este proyecto de reforma tributaria tiene como objeto avanzar (...) en disminuir las exenciones inequitativas de las que gozan las personas naturales de más altos ingresos”.

El texto aprobado, sin embargo, dejó en el camino varios de los elementos que eran vitales para este tema, empezando por la eliminación del impuesto de renta a las megapensiones, o a las pensiones de 10 millones de pesos o más por presión de los grupos parlamentarios que no pertenecen a la izquierda, especialmente los conservadores. Así mismo, el texto deja de lado elementos como los techos a beneficios que puede descontar una persona y otros sobre elementos del impuesto al patrimonio o la tarifa de renta a los dividendos.

Otro fracaso del gobierno fue que no se aprobó instaurar un impuesto a las iglesias, algo que estuvo en el debate público en redes los últimos meses y que no tiene sentido que no exista en un país constitucionalmente laico.

La Reforma Tributaria de Petro tiene, sin duda, puntos positivos y negativos. Su embate directo a los hidrocarburos pone sus acciones en línea con sus palabras. Sin embargo, las concesiones a los megamillonarios y a las iglesias deja en entredicho hasta qué punto está dispuesto a ceder para ganar favorabilidad política. Como es coherente con su trayectoria en sus primero 100 días, su gobierno se sigue moviendo entre el afán por lograr aliados, y las propuestas progresistas de su partido que fueron las que lo llevaron al poder.