El 4 de marzo de 2020, el Relator Especial de las Naciones Unidas, Michel Forst, presentó en Ginebra su informe sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Colombia. El reporte revela que el país es el primero en América Latina en asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. Además, alerta sobre un preocupante nivel de impunidad frente a estos asesinatos (89% de los casos no se han resuelto).

El contenido del informe causó descontento en el gobierno liderado por Iván Duque. Esta desaprobación fue manifestada de manera oficial por la canciller, Claudia Boom. La funcionaria expresó que al reporte le faltaba “objetividad e integralidad”.

Entender la reacción del gobierno implica evaluar el perfil de aquellos asesinados y el discurso oficial del gobierno frente a esta crisis humanitaria.

En cuanto a lo primero, la ONU documentó que en el 2019, fueron asesinados 107 líderes y lideresas sociales. Aquellos asesinados eran en su mayoría campesinos, indígenas y afrodescendientes involucrados activamente en dos actividades: la promoción de la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el estado Colombiano y las FARC-EP y la reivindicación de los derechos sociales y económicos de sus comunidades.

Respecto a lo segundo, los funcionarios de alto rango del gobierno han reconocido en sus discursos la gravedad de la problemática, pero han negado su connotación política y su carácter sistemático. Francisco Barbosa, Consejero Presidencial en Derechos Humanos afirmó que el asesinato de líderes sociales responde a hechos aleatorios relacionados con las dinámicas propias de la delincuencia común en las distintas regiones. Por tanto, para él, no es aplicable la definición técnica del concepto de sistematicidad. Más recientemente, la Ministra del Interior, Alicia Arango, manifestó que el asesinato de líderes sociales es una problemática de menor magnitud comparada con las muertes por robo de celulares en Colombia. Fallar en reconocer la dimensión política de esta crisis humanitaria, no permitirá diseñar las respuestas preventivas necesarias para frenar efectivamente sus causas.

Intervenciones como las anteriores ilustran la principal discrepancia entre las posiciones de la ONU y el gobierno de Colombia.

Por una parte, el organismo internacional reconoce la dimensión política de las actividades en las que participaban los líderes y lideresas sociales asesinados y el papel clave que tiene su labor en una sociedad democrática. Al hacerlo, resalta la existencia de un patrón sistemático por sus características especiales.

Desde otra perspectiva, el gobierno Colombiano continúa ignorando que cuando se asesina una persona dedicada a la defensa de los intereses de sus comunidades no sólo se atenta contra la vida de individuos; también se busca silenciar causas colectivas e infundir temor entre quienes creen en ellas. Por lo tanto, el asesinato de los líderes y lideresas sociales no sólo tiene impactos negativos sobre personas concretas, sino que también perjudica dinámicas locales de transformación social, fortalecimiento comunitario y consolidación de la democracia participativa.

Adicionalmente, mientras el gobierno ha sostenido que los responsables del asesinato de los líderes y lideresas sociales son actores pertenecientes a estructuras criminales y delincuencia común; el reporte de la ONU destaca que además de estos, también están involucrados cuerpos de seguridad del Estado y empresas nacionales e internacionales. El 30 por ciento de los ataques se produjeron en zonas con proyectos mineros a gran escala y el 28,5 en regiones con agronegocios (grandes latifundios). De esta manera, la ONU resalta la relevancia de problematizar como un modelo de desarrollo particular parece coexistir con la presencia de amenazas a los liderazgos de las comunidades en la que este tipo de iniciativas toman lugar. Los líderes y lideresas asesinados estaban vinculados con la promoción de proyectos políticos y comunitarios presentando una propuesta diferente, y en algunos casos un contrapeso a iniciativas de desarrollo basadas en la explotación de recursos por iniciativas privadas.

En ese contexto, encontrar una solución de fondo requiere reconocer que las amenazas contra el liderazgo social en Colombia no son un delito ordinario, sino un intento de varios actores de continuar reprimiendo el cambio social de manera violenta. Mientras se continúe ejerciendo el poder de manera excluyente y de espaldas a los reclamos de los liderazgos comunitarios, seguirán los conflictos y los silenciamientos a las voces que demandan transformaciones.

El desencuentro entre la ONU y el gobierno no es sólo una controversia diplomática. Es un episodio que plantea, al menos, dos preguntas claves : ¿por qué el gobierno persiste en deslegitimar los actores internacionales y nacionales que denuncian el silenciamiento sistemático del liderazgo social en el país? ¿por qué el gobierno colombiano evita mencionar la influencia de algunos sectores económicos y políticos en estos asesinatos?

Continuamos sin respuestas mientras la lista de asesinatos se hace más extensa. Es inaudito que organismos internacionales se muestren más preocupados que el gobierno colombiano ante el riesgo a la vida de sus activistas sociales. Mientras el gobierno insista en banalizar esta crisis humanitaria, desde la sociedad civil seguiremos sumando esfuerzos para exigir que se protejan los derechos de nuestros conciudadanos. La vida de los líderes y lideresas sociales es sagrada y sus voces no son a prueba de balas.