Demonstrators protest against the incumbent Guatemalan president Jimmy Morales in September 2017. Jesús Alfonso/dpa/pa images. All rights reserved.

Una rápida búsqueda en Internet sirve para constatar cómo el espacio cívico está siendo recortado en el ámbito internacional: ‘El Gobierno de Evo arremete contra las ONG críticas’; ‘España censurada: poca libertad para tanta prohibición’; ‘Egipto: Represión sin precedentes contra las ONG’; ‘Colombia: las crecientes protestas sociales y la represión del ESMAD’; ‘ONG denuncian la represión violenta de las nuevas protestas sociales en Túnez’; ‘Guatemala: organismo oficial reporta 11 periodistas asesinados en nueve meses’.

Durante los últimos 15 años, tanto países con dictaduras tradicionales, como países con democracias parlamentarias, han aprobado leyes cada vez más restrictivas en cuanto a la participación social y la libertad de expresión o de reunión. Junto a este tipo de legislaciones se han implementado otras medidas restrictivas tales como la intimidación, las sanciones penales, el acoso o las excesivas cargas burocráticas. Estas acciones tienen un objetivo claro; reprimir la defensa y promoción de los derechos humanos.

Mientras que el asesinato de activistas y civiles acaparan los titulares, los Estados imponen otras limitaciones más discretas pero igualmente perjudiciales a las organizaciones de la sociedad civil.

La Alianza Global por la Participación Ciudadana CIVICUS indica en su Informe sobre el estado de la sociedad civil 2017 que la restricción del espacio cívico se ha convertido en la norma y no en la excepción. La violenta represión de la sociedad civil y el consecuente retroceso en los derechos humanos tienen lugar junto a otro fenómeno igualmente preocupante: la justificación de estas tácticas a través del discurso del miedo. El presidente de EEUU Donald Trump es el ejemplo de ello más conocido, pero igual de tóxicas son las palabras de Viktor Orbán en Hungría, Recep Tayyip Erdoğan en Turquía o Rodrigo Duterte en Filipinas.

La situación de los derechos humanos en América Latina es particularmente grave y está caracterizada por la represión de la protesta social y las restricciones de las libertades fundamentales en diferentes formas; la apropiación violenta de territorios y recursos naturales por parte de empresas multinacionales, los ataques y represalias a quienes defienden los derechos humanos, y la falta de acceso a la justicia e impunidad frente a todas estas acciones. Tal y como dice Oxfam en su informe del 2016 El riesgo de defender, el rol de los Estados en el mantenimiento de esta situación… demuestra que su función primordial está siendo desvirtuada a favor de intereses económicos y políticos particulares, prácticas discriminadoras y excluyentes.

Otra característica importante de este escenario es el aumento de la retórica antifeminista y anti LGBTI. Los sectores más conservadores y sexistas han articulado potentes estrategias políticas y mediáticas para atacar derechos y libertades bajo lo que ellos llaman la lucha contra la ideología de género. Brasil y Perú son solo dos ejemplos de la enérgica reacción contra las conquistas feministas en la región; ambos países han encontrado una fuerte oposición a la inclusión de temas relacionados con el género y la educación sexual en sus planes de educación.

Abriendo brechas en un contexto difícil  

Mientras que el asesinato de activistas y civiles acaparan los titulares, los Estados imponen otras limitaciones más discretas pero igualmente perjudiciales a las organizaciones de la sociedad civil (OSC). Para combatir los abusos y violaciones de los derechos humanos, las OSC y activistas necesitan sostener un espejo frente a los gobiernos y exigir responsabilidades.

Exigir la rendición de cuentas al Estado y hacer una crítica constructiva desde la sociedad civil son los pilares del Balance de la implementación de las políticas anti-trata, un estudio que GAATW viene realizando desde el 2015 en Bolivia, Colombia y Guatemala. Durante los dos últimos años, OSC que trabajan con GAATW han identificado las principales áreas de intervención establecidas en las legislaciones anti-trata y han solicitado información oficial sobre el desempeño de las mismas para analizar el cumplimiento por parte del Estado.

¿Cómo ha respondido el Estado?

A pesar de que el acceso a la información pública, incluidos los presupuestos, es un derecho reconocido en los tres países, algunas instituciones no han respondido a la solicitud de información y, las que lo han hecho, han ofrecido datos incompletos. Esta falta de voluntad política para cumplir con su obligación se ha visto reforzada por los débiles sistemas nacionales de recogida de información, cuya eficiencia se ve comprometida por factores como la falta de recursos humanos y económicos, la alta rotación del funcionariado responsable y la inadecuada categorización y registro de los datos.

Para empeorar las cosas, las recomendaciones que las OSC afiliadas han realizado en base al estudio han sido ignoradas o sancionadas. En Guatemala, por ejemplo, cuando la organización contra la trata infantil ECPAT-Guatemala evidenció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las limitaciones gubernamentales en el abordaje de la trata de personas, el gobierno reaccionó retirándoles la gestión de un proyecto conjunto de fortalecimiento regional. Por su parte, el gobierno boliviano ha tenido una actitud general de rechazo hacia el balance considerando éste como un ataque. La sensación de riesgo y el temor a represalias ante cuestionamientos al Estado se mantiene con fuerza entre las OSC y por tanto muchas organizaciones desestiman la realización de cualquier iniciativa que interpele al gobierno.  

Sin embargo, y a pesar de los retos, las OSC están introduciendo pequeños cambios estratégicos a través de su colaboración con las instituciones gubernamentales, recordando al Estado que una sociedad civil activa puede ser más una ventaja que una amenaza. En Guatemala, por ejemplo, la elaboración y aprobación de la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas se realizó desde el gobierno en conjunto con OSC. Por su parte en Colombia, el requisito legal de presentar una denuncia penal que condicionaba el acceso a la asistencia de las personas objeto de trata fue eliminado de la Ley en 2016, tras un trabajo conjunto de incidencia desde las OSC y la academia.

Asimismo, el Balance ha creado una línea de base que permite a los gobiernos y a las OSC monitorear eficientemente la implementación de la ley Anti-trata y ver la evolución en su implementación. Al mismo tiempo, sus conclusiones y recomendaciones ofrecen un punto de partida para las acciones de incidencia de las diferentes redes que están luchando contra la trata de personas.

Plantar cara

El Balance de la implementación de la ley anti-trata, a pesar de ser a pequeña escala, ha permitido identificar importantes limitaciones sufridas por las OSC en la región que reflejan aquellas experimentadas en otros lugares del mundo. Este tipo de iniciativas son una herramienta para fortalecer a las OSC, reforzar las alianzas tanto nacionales como regionales y ampliar la presencia de la sociedad civil ante las instancias gubernamentales. 

Amnistía Internacional advierte en su informe La situación de los derechos humanos en el mundo de que la solidaridad global y la movilización popular son claves para proteger tanto  los derechos humanos  como a las personas que los defienden. En palabras de su Secretario General Salil Shetty, no podemos depender pasivamente de los gobiernos para que defiendan los derechos humanos; somos las personas quienes tenemos que actuar.

Es esencial que la sociedad civil se organice y plante cara al retroceso de las libertades civiles y de participación social que los Estados están llevando a cabo en nombre de la seguridad y la prosperidad económica. La ciudadanía tiene la responsabilidad de generar propuestas para fortalecer el rol de las instituciones en la defensa de los derechos humanos y los organismos internacionales tienen que contribuir a ese esfuerzo apoyando y protegiendo a la sociedad civil.