democraciaAbierta: Opinion

Levantamiento en Perú: entre la solidaridad popular y la violenta represión del Estado

Las protestas contra el gobierno no pueden durar indefinidamente. Los pobres no pueden sobrevivir mucho tiempo sin trabajar, y los seres humanos no pueden sufrir tanta represión.

Japhy Wilson
6 febrero 2023, 11.21am
Protesta popular contra el gobierno peruano en Lima el 20 de Enero Los manifestantes exigen elecciones generales, la destitución de la presidente Boluarte y justicia para los manifestantes fallecidos en enfrentamientos con la policía
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Lucas Aguayo Araos/dpa/Alamy Live New

Los levantamientos espontáneos contra injusticias grotescas suelen estar llenos de violencia, rabia y desesperación. Pero a veces se transfiguran por momentos de súbita belleza, en los que la humanidad universal se manifiesta, no como un ideal utópico, sino como una verdad vibrante.

Un momento de este tipo acaba de producirse en Perú. Pero su carácter fugaz y efervescente ha hecho que se pierda entre las tragedias y brutalidades que han dominado la mayoría de los informes sobre la crisis que actualmente asola al país. Deberíamos detenernos para ser testigos de este momento, del mismo modo que nos apresuramos a salir por la noche para ver un raro cometa que surca nuestro cielo común.

Traición

Desde que los conquistadores españoles exigieron un inmenso regalo de oro para perdonar la vida a un emperador inca, antes de asesinarlo a su entrega, Perú ha constituido un caso extremo de la violencia y la venalidad del capitalismo extractivo. Hoy, el país sigue dominado por una élite predominantemente blanca con sede en la capital costera de Lima, y por las empresas transnacionales que controlan las industrias de minerales e hidrocarburos que sostienen la economía.

Los habitantes indígenas de las regiones de sierra y selva de Perú han sido históricamente excluidos de la riqueza generada por estas industrias extractivas, la mayoría de las cuales se encuentran en sus territorios. Su exclusión se ha combinado con un legado profundamente arraigado de explotación, represión y denigración racista que emana de la capital.

Pedro Castillo, un maestro de primaria de piel morena procedente de la sierra empobrecida, fue elegido presidente de Perú en 2021, prometiendo hacer frente a estas injusticias históricas. Era la primera vez que alguien con sus antecedentes llegaba al poder, y su elección generó una inmensa esperanza entre los sectores marginados que simbolizaba y a los que decía representar.

Pero el Congreso de derechas se negó a dejar gobernar a Castillo. Desde el principio fue objeto de repetidos intentos de destitución, que se centraron en casos de corrupción en los que casi con toda seguridad estaba implicado. El 7 de diciembre, ante un nuevo intento de destitución, Castillo intentó torpemente disolver el Congreso y gobernar por decreto. Los militares se negaron a apoyarle y el Congreso votó rápidamente su destitución.

Castillo fue sustituido automáticamente por su vicepresidenta, Dina Boluarte, que había prometido dimitir inmediatamente si Castillo era obligado a abandonar el poder, lo que habría desencadenado unas elecciones generales. En lugar de ello, Boluarte se alió con el ejército y los elementos más conservadores del Congreso y anunció que ella y el Congreso permanecerían en el poder.

Sublevación

La traición de Boluarte fue percibida por los habitantes indígenas de la sierra como la culminación de un golpe de Estado no reconocido, mediante el cual la élite limeña se había deshecho del único representante político que habían tenido. Las multitudes, furiosas, tomaron inmediatamente las calles. El régimen de Boluarte respondió con una represión sin precedentes, incluida la masacre de 10 manifestantes desarmados a manos del ejército en Ayacucho el 15 de diciembre de 2022, y la matanza de 17 manifestantes a manos de la policía en Juliaca el 9 de enero de 2023.

La matanza de Juliaca pudo haber sido un intento desesperado de un régimen ilegítimo de sofocar un levantamiento que se estaba descontrolando rápidamente. Pero, en lugar de ello, catalizó un movimiento popular sin precedentes que decidió marchar sobre Lima y obligar a Boluarte a dimitir.

La "Toma de Lima" se fijó para el 19 de enero. En todo el país, las asambleas comunales y los movimientos sociales regionales decidieron reunir sus fondos para enviar representantes a Lima y organizar huelgas y bloqueos para presionar económicamente al régimen.

Mientras la élite limeña miraba horrorizada, la mayor parte de la población de la capital acogió a los manifestantes con los brazos abiertos

En los días previos al 19, las ciudades de provincia se llenaron de escenas emotivas en las que miles de personas acudieron a despedir a los convoyes de autobuses que partían hacia la capital. Las caravanas recibieron más apoyo espontáneo a lo largo del camino, en forma de regalos de alimentos y agua de las comunidades por las que pasaban.

Y mientras la élite limeña miraba horrorizada, la mayor parte de la población de la capital acogió a los manifestantes con los brazos abiertos. Los estudiantes de San Marcos, la universidad más antigua de América, ocuparon el campus y lo convirtieron en un enorme dormitorio, que rápidamente se inundó con más suministros donados por los habitantes cotidianos de la ciudad.

Sindicatos, organizaciones estudiantiles y movimientos ecologistas se unieron a la lucha. Artistas y músicos actuaron para los manifestantes alojados en San Marcos. Estudiantes de medicina formaron brigadas para atender a los heridos que todos sabían que llegarían. Y para el 18, más de 100 carreteras estaban bloqueadas en todo el país en apoyo a la Toma de Lima.

Como señaló un periodista, a pesar de las trágicas circunstancias que habían motivado el movimiento, éste poseía "cierta alegría", resultado de la experiencia colectiva de una "totalmente identificado con la causa... así como cuando hace algunos días despidieron a quienes llenaban camiones para partir rumbo a la gran Lima, entre aplausos y por fin sintiéndose parte de algo".

Este sentimiento de pasión insurgente fue transmitido por muchas de las personas directamente implicadas en la lucha, como una estudiante que viajó desde la ciudad serrana de Cuzco y que publicó el siguiente mensaje de Facebook a su familia, después de haber partido en secreto hacia la capital:

"Madre, perdón por tanta rebeldía. Hoy llegamos sanos y salvos a Lima. En todo el camino escuchamos [el canto] 'El pueblo, unido, jamás será vencido', mientras [la gente] nos daba agua, atún y galletas. Muchos padres... lloraron nuestra partida".

Esta es la humilde y frágil esencia de lo que la teórica política Susan Buck-Morss llama "humanidad universal". Está encarnada en esos momentos en los que la gente, llevada al límite por sistemas históricos de injusticia, supera de repente y milagrosamente sus diferencias raciales, culturales y regionales y expresa colectivamente su deseo común de igualdad, abundancia y libertad. No como un vago sueño utópico, sino como una visceral realidad vivida.

Represión

Al Estado capitalista le aterrorizan estas expresiones de humanidad universal, que ponen al descubierto sus estructuras de dominación y suponen una grave amenaza para su supervivencia. Por eso intenta aplastarlas a toda costa. Como ha señalado el filósofo Alain Badiou, esas luchas demuestran que "por encima de sus intereses vitales, los animales humanos son capaces de hacer nacer la justicia, la igualdad y la universalidad... Está perfectamente claro que una alta proporción de la opresión política consiste en la negación incesante de esta capacidad".

En mi nuevo libro, Extractivism and Universality : Inside an Uprising in the Amazon (Routledge, 2023), relato una manifestación de humanidad universal en la Amazonia ecuatoriana, en la que trabajadores petroleros negros, mestizos e indígenas se unieron contra las fuerzas combinadas de una empresa multinacional y un Estado militarizado. El levantamiento logró una notable victoria. Pero finalmente fue derrotado por el Estado y el capital mediante una compleja combinación de represión y división.

El Estado se ha enfrentado a la revuelta peruana de forma similar. Más de 11.000 policías fueron desplegados para reprimir las protestas en Lima el 19 de enero. Dos días después, los tanques irrumpieron en las puertas de San Marcos y 193 estudiantes y manifestantes provinciales fueron detenidos. Las detenidas fueron obligadas a desnudarse y se les revisaron los genitales en busca de drogas.

Mientras continuaban las protestas en los días siguientes, la policía impidió de forma violenta y constante que los manifestantes ocuparan las plazas públicas, con el fin de evitar imágenes que demostraran la magnitud del movimiento. Esta escalada constante de violencia policial culminó el 28 de enero, cuando un manifestante murió por el impacto de un bote de gas lacrimógeno disparado a quemarropa en el cráneo.

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La fragmentación estratégica de las protestas en Lima ha facilitado las afirmaciones del gobierno y de los medios de comunicación corporativos de que las protestas son obra de un pequeño grupo de agitadores políticos organizados por narcotraficantes, agentes extranjeros y restos del grupo terrorista Sendero Luminoso. Estas afirmaciones infundadas deshumanizan a los manifestantes, situándolos fuera de la ley y legitimando la continua violencia estatal en las provincias, con nuevos asesinatos de civiles a manos de la policía en las regiones de Puno, Cuzco y Arequipa. A finales de enero, las fuerzas de seguridad habían matado a 47 personas desde el inicio de las protestas.

La humanidad universal en las calles de Lima y en todo el país está siendo así destrozada por la represión y borrada por la propaganda. Mientras tanto, se anuncian silenciosamente 53.000 millones de dólares de inversiones mineras para 2023. El primer ministro del nuevo gobierno sostiene reuniones sin publicidad con los jefes de las principales transnacionales mineras que operan en Perú, quienes son escoltados hasta Palacio de Gobierno por los diversos ex ministros que ahora emplean directamente. Y Estados Unidos ha expresado su apoyo a los "esfuerzos de Boluarte por restablecer la calma", al tiempo que ha anunciado una financiación adicional de 8 millones de dólares para su régimen.

Mientras escribo estas líneas el 2 de febrero, Boluarte acaba de declarar desafiante que su gobierno sigue "firme en nuestra defensa de la democracia, la estabilidad y la inversión privada". Mientras tanto, las protestas de Lima parecen por fin amainar. Los pobres no pueden sobrevivir mucho tiempo sin trabajar, y los seres humanos no pueden sufrir tanta represión.

¿Han triunfado una vez más el Estado y el capital en su campaña conjunta contra el obstinado florecimiento de la humanidad universal? Tal vez. Pero el pueblo peruano ha despertado, y cualquier victoria de este tipo sólo puede ser temporal y contingente. En palabras de la activista peruana Indira Huilca: "Lo que llega con esta ciudadanía movilizada es la agenda política de los años venideros, en los que tenemos que rehacer esta democracia que se ha caído a balazos."

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