El pasado 07 de diciembre de 2022 Pedro Castillo, hoy expresidente del Perú, intentó disolver el Congreso de su país para esquivar una sesión programada en la que se iba a votar una moción de vacancia en su contra. Pero Castillo no logró su cometido y el Congreso, en una sesión de urgencia, votó la vacancia y lo destituyó. Poco después, la fiscal general de Perú, Patricia Benavides, interpuso la demanda por rebelión, Castillo fue detenido y encarcelado, y el país quedó sumido en la incertidumbre.

Automáticamente, Castillo fue reemplazado por Dina Boluarte, su fórmula vicepresidencial, que asumió como la primera mujer presidente en Perú y la décima presidente en 22 años. Boluarte es abogada, notaria y había sido empleada pública desde 2007. Cuando Castillo intentó acabar con el Congreso, Boluarte marcó distancia al calificarlo de “acto inconstitucional”, y en su primer mensaje a la nación lo llamó "intento de golpe de Estado" al solicitar una "tregua política" para instalar una unidad nacional.

Boluarte, sin embargo, no esperaba que la insatisfacción de los peruanos frente a años de inestabilidad gubernamental, especialmente por parte de sus presidentes, fuera a pasarle factura inmediatamente. Apenas Castillo dejó el poder, estallaron manifestaciones en su apoyo que han continuado desde diciembre en el centro y principalmente en sur del país, de donde es originario Castillo.

Pero las protestas también responden a denuncias hechas por corrupción en el gobierno y los diputados electos, y por la indignación con la clase política y judicial y con la creciente desigualdad en Perú. Los manifestantes exigen la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones inmediatas y la redacción de una nueva constitución que sustituya a la de 1993, escrita durante la dictadura de Alberto Fujimori.

Casi dos meses después de la caída de Castillo, muchos peruanos siguen en las calles y reclaman una regeneración de la democracia peruana, que actualmente está en crisis absoluta.

Pero la respuesta del gobierno de Boluarte ha sido desmesurada y ha agravado el malestar existente: su reacción a las manifestaciones ha sido una violenta represión indiscriminada que ha aumentado la tensión y llamado a muchos más a protestar. La violencia es tal, que el 25 de enero el presidente chileno Gabriel Boric la calificó de “brutalidad sin precedentes” como confirman las cifras de heridos y fallecidos.

Más de 55 personas han muerto en el mes y medio de protestas, y el pasado viernes 20 de enero la tensión subió al límite en la capital, Lima, donde los policías usaron gases lacrimógenos y golpes para contener a los manifestantes. Así mismo, en Puno, al sur del país, una comisaría fue atacada, un manifestante murió y al menos nueve resultaron heridos.

La policía peruana, además, entró a la fuerza a la Universidad de San Marcos en Lima y detuvo a 193 estudiantes y a personas que habían viajado desde diferentes lugares del país para sumarse a las protestas. Según el medio londinense The Guardian, las imágenes eran perturbadoras. Personas tendidas boca abajo en el suelo bajo custodia y estudiantes pateados y empujados. El operativo se hizo sin garantías procesales y, aunque la policía acabó liberando a todos menos a uno de los detenidos, cientos de manifestantes llegaron a las oficinas donde los estaban reteniendo para pedir que los liberaran.

Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay "preocupación por la incursión policial, el desalojo y las detenciones masivas" en Lima. El órgano también pidió al gobierno peruano que garantice la integridad y el debido proceso a todas las personas. Así mismo, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que las autoridades peruanas aseguren la "legalidad y proporcionalidad de las intervenciones policiales".

La situación es tan disruptiva que Machu Picchu, ícono turístico de la región, fue cerrado indefinidamente después de que 400 turistas que quedaron atrapados en el lugar fueran evacuados el sábado 21 de enero. Si hay algo que prenda una alerta roja para Boluarte y para los líderes latinos reunidos esta semana en la cumbre de la CELAC en Buenos Aires, es que debido a la inestabilidad de un país y a la incapacidad de sus gobernantes para resolver los problemas sistémicos, acabe en un baño de sangre y clausurando una de las siete maravillas del mundo.

La institucionalidad en Perú está quebrada, lo que pone la democracia en juego. La nueva presidente, que solo lleva 7 semanas en el puesto, se tambalea. El 26 de enero un grupo de políticos de izquierda presentó una moción de destitución contra Dina Boluarte. Si bien la posibilidad de que progrese es poca ya que la derecha tradicional, que apoya a Boluarte, maneja el Congreso, muchos dudan de que resista mucho tiempo en el cargo.

Los manifestantes afirman que los peruanos "se despertaron" y vieron que, por años, los gobernantes no han peleado por una mejor calidad de vida para las comunidades indígenas y para los habitantes más pobres en un país donde la pobreza de disparó al 30% en 2022. De los 33 millones de ciudadanos en Perú, más de cuatro millones pertenecen a comunidades indígenas.

Hace demasiado tiempo que la realidad que enfrenta Perú es angustiante. La salida de esta nueva crisis institucional implica un cuestionamiento del orden constitucional y la justicia, y pone sobre la mesa la posibilidad de que un gobierno populista, militar o de extrema derecha acabe por tomar el poder para intentar restaurar el orden y el sosiego.

Ante la fragmentación absoluta del pueblo peruano, que ve cómo desfilan presidentes sin parar mientras la corrupción lo abarca todo, la represión violenta de las protestas echa leña al fuego y solo genera más violencia.

La situación es compleja y no hay una salida clara, pero parece que unas elecciones inmediatas y una asamblea constituyente que recoja las insatisfacciones de todos los peruanos, reforme las instituciones y las capacite para luchar contra la corrupción, a favor de la justicia social y el bienestar de todos, sería el camino razonable a seguir.

Sin embargo, el gobierno y el Congreso no han cedido hasta la fecha, los levantamientos populares continúan y la situación seguramente va a seguir empeorando antes de que pueda mejorar.