La asignación de calificaciones en informes globales sobre el desempeño económico es algo generalizado. Hay índices que califican el desempeño de los países en varios temas: corrupción, calidad de vida de los empleados expatriados, niveles de imposición tributaria, desempeño logístico y más. Algunas clasificaciones, sin embargo, eligen objetivos más amplios, como la “facilidad para hacer negocios” o la “competitividad económica”, y pretenden medir el progreso de los países al respecto con base en un conjunto de factores específicos. Los factores que se dejan de lado pueden producir resultados perversos, que en algunos casos parecen ignorar y recompensar aspectos sustancialmente perjudiciales de un entorno económico, como la intolerancia y la discriminación; como si cualquiera de ellos pudiera ser favorable para los negocios.

Por ejemplo, el Banco Mundial, en su informe Doing Business (Hacer negocios), publicado recientemente, nombró a Singapur como el mejor país del mundo para hacer negocios por noveno año consecutivo. De acuerdo con la institución financiera, el informe “proporciona mediciones objetivas de los reglamentos comerciales para las empresas locales en 189 economías y ciudades seleccionadas a nivel subnacional”. Sin embargo, el mismo día en que el Banco publicó el informe, el tribunal superior de Singapur confirmó la ley que penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. Asimismo, el Global Competitiveness Report (Informe global de competitividad) del Foro Económico Global (World Economic Forum’s, WEF) clasifica a Singapur como la segunda economía más “competitiva” del mundo.

¿La conclusión? Singapur es un gran lugar para hacer negocios, a menos que seas gay. ¿Cómo se pueden conciliar estos dos hechos tan discordantes? ¿Cómo es posible que un país que penaliza el comportamiento privado y consensuado entre dos adultos también sea llamado un  “gran lugar para hacer negocios”?

La realidad es que estos dos hechos no pueden reconciliarse; a menos que los negocios sean amorales. Si lo único que se necesita para ser un “gran lugar para hacer negocios” es que se imponga la menor cantidad posible de regulaciones, es posible que Singapur sí sea un gran lugar para iniciar un negocio.

Yes, Singapore's government's policies on regulation and free-enterprise have created a business friendly environment, but is this appeal undermined by Singapore's denial of some of its citizens human rights?

Pero si las empresas adoptan un enfoque más holísitico, Singapur no pasa la prueba. En primer lugar, la insistencia de Singapur de penalizar las relaciones entre personas del mismo sexo no es sensato desde el punto de vista comercial. Como saben casi todas las corporaciones importantes, para tener éxito en un ambiente comercial competitivo, es necesario atraer y conservar a los mejores talentos; y cualquier ley que disuada a las personas altamente capacitadas de trabajar en una ubicación específica será, en el largo plazo, perjudicial para los negocios. No es posible atraer talentos si se informa a varios de los empleados más brillantes que corren el riesgo de pasar tiempo en prisión si trabajan en el país.

En segundo lugar, el limitado conjunto de criterios que consideran los sistemas de clasificación del Banco Mundial o el WEF ignoran implícitamente las responsabilidades que tienen las empresas, además de ganar dólares con mayor facilidad. Deben tener sistemas de valores que vayan más allá de la obtención de ganancias. Los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU, impulsados tanto por el Banco Mundial como por el WEF, dejan claro que las empresas deben respetar los derechos humanos básicos de sus empleados y oponerse a la discriminación.

Renunciar a esa responsabilidad significa emprender el peligroso camino de calcular qué tanta discriminación resulta moralmente aceptable en el afán de lucro. Al final de este camino, llegamos al razonamiento que llevó a la compañía alemana IG Farben y otras más a concluir que era aceptable utilizar el trabajo de esclavos durante la Segunda Guerra Mundial. Sería difícil contradecir ese razonamiento si la “facilidad para hacer negocios” o una normatividad relativamente relajada fueran los únicos criterios. Pero no lo son.

El Banco Mundial haría bien en actualizar su informe Doing Business al incluir criterios que evalúen el panorama de derechos humanos, incluidas las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. El resultado sería un documento más veraz y más útil. Y de la misma manera, el WEF debería preguntarse si, junto con Singapur, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita merecen estar ubicados entre las 25 economías más “competitivas” del mundo. Todos estos países penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, pero también tienen leyes con distintos niveles de discriminación contra las mujeres y tratan a los trabajadores inmigrantes de manera injusta (en el caso de Qatar, existen acusaciones serias y recientes de permitir el uso de trabajos forzados).  

La ceguera aparente del índice de competitividad del WEF ante estos asuntos es particularmente incongruente, ya que el mismo WEF tiene el mérito de publicar un informe de evaluación anual sobre el desempeño de los países en materia de igualdad de género en la política y los negocios: el Global Gender Gap Report (Informe global de la brecha de género). Su argumento a favor de aumentar el papel de las mujeres en los negocios es precisamente que hacerlo mejorará su desempeño.

Seguir haciendo negocios “como de costumbre” en lugares que violan los derechos humanos básicos no es amoral; es inmoral. No cabe duda de que las empresas involucradas deben tomar decisiones difíciles. ¿Cómo evitar la discriminación en países en los que está permitida, o incluso obligada, conforme a la ley? Frente a dilemas similares durante el apartheid en Sudáfrica, el reverendo Leon Sullivan promulgó los Principios Sullivan. Estos principios delineaban compromisos básicos (como crear políticas contra la discriminación basada en la raza y rehusarse a segregar instalaciones) que deberían seguir las empresas para trabajar en Sudáfrica durante el apartheid. Tal vez es el momento de promulgar un conjunto parecido de principios para que las empresas los sigan en los casi 80 países (incluido Singapur) en los que aún es un delito simplemente ser lesbiana, gay, bisexual o transgénero; o en los numerosos países en los que la discriminación de género es obligatoria conforme a la ley. Seguir haciendo negocios “como de costumbre” en lugares que violan los derechos humanos básicos no es amoral; es inmoral.

Algunos sostendrán que ésta es una cuestión de cultura, no de derechos universales; y que no les corresponde a los gobiernos o las empresas occidentales criticar o suplantar las normas locales. Se pueden dar dos respuestas a esta postura. En primer lugar, esta discriminación es inadmisible conforme a las normas mundiales de derechos humanos que se aplican a todos los países. Y en segundo lugar, no se trata de una preocupación exclusivamente “occidental”. En Hong Kong, una organización sin fines de lucro local, Community Business, promueve un índice para medir la inclusión LGBT en el lugar de trabajo. El índice se creó a partir de un Código de prácticas contra la discriminación laboral con base en la orientación sexual (al que las empresas se incorporan) que promueve el gobierno de Hong Kong. La lucha por la igualdad es universal.

Es hora de que el Banco Mundial, el WEF y otros actores que publican informes sobre el desempeño económico abran los ojos a un hecho fundamental. Un país no puede ser un gran lugar para hacer negocios mientras discrimine sistemáticamente a algunos de sus ciudadanos. Si uno incluye a las personas como uno de los factores a considerar, los países como Singapur no pasan la prueba. Así de fácil.

Ésta es una versión ampliada de un artículo que se publicó originalmente en DiversityInc.Com.