La asignación de calificaciones en informes globales sobre el desempeño económico es algo generalizado. Hay índices que califican el desempeño de los países en varios temas: corrupción, calidad de vida de los empleados expatriados, niveles de imposición tributaria, desempeño logístico y más. Algunas clasificaciones, sin embargo, eligen objetivos más amplios, como la “facilidad para hacer negocios” o la “competitividad económica”, y pretenden medir el progreso de los países al respecto con base en un conjunto de factores específicos. Los factores que se dejan de lado pueden producir resultados perversos, que en algunos casos parecen ignorar y recompensar aspectos sustancialmente perjudiciales de un entorno económico, como la intolerancia y la discriminación; como si cualquiera de ellos pudiera ser favorable para los negocios.
Por ejemplo, el Banco Mundial, en su informe Doing Business (Hacer negocios), publicado recientemente, nombró a Singapur como el mejor país del mundo para hacer negocios por noveno año consecutivo. De acuerdo con la institución financiera, el informe “proporciona mediciones objetivas de los reglamentos comerciales para las empresas locales en 189 economías y ciudades seleccionadas a nivel subnacional”. Sin embargo, el mismo día en que el Banco publicó el informe, el tribunal superior de Singapur confirmó la ley que penaliza las relaciones entre personas del mismo sexo. Asimismo, el Global Competitiveness Report (Informe global de competitividad) del Foro Económico Global (World Economic Forum’s, WEF) clasifica a Singapur como la segunda economía más “competitiva” del mundo.
¿La conclusión? Singapur es un gran lugar para hacer negocios, a menos que seas gay. ¿Cómo se pueden conciliar estos dos hechos tan discordantes? ¿Cómo es posible que un país que penaliza el comportamiento privado y consensuado entre dos adultos también sea llamado un “gran lugar para hacer negocios”?
