La deforestacion esta arrazando los bosques del Chaco, Argentina. Flickr. Algunos derechos reservados.

El 25 de octubre, los argentinos irán a las urnas para elegir a su nuevo presidente. Daniel Scioli, el sucesor elegido por la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es el favorito, pero le desafían Mauricio Macri (Cambiemos) y Sergio Massa (Unidos por una Nueva Alternativa). A juzgar por las encuestas, el resultado está lejos de ser claro.

Es tentador interpretar la elección como una disyuntiva entre renovarle un periodo de vida al partido que ha estado en el poder los últimos 12 años o una ruptura de continuidad. Pero el debate entre los candidatos y los principales partidos enmascara una realidad fundamental: el modelo de desarrollo argentino no está en discusión.

Durante las dos últimas décadas, Argentina y gran parte de América Latina han presenciado el afianzamiento del extractivismo, un modelo económico basado en la explotación intensiva de los recursos naturales para ofrecerlos en los mercados globales. Bajo las políticas extractivistas, la economía se centra en la producción de exportaciones primarias y en la localización de nuevas fuentes de riqueza natural.

Si bien este modelo puede generar enormes ganancias cuando los precios de las materias primas son elevados, muchos académicos y movimientos sociales han planteado preguntas importantes acerca del impacto, la sostenibilidad y el valor social de los proyectos extractivistas a medio plazo. Este escrutinio, sin embargo, apenas ha estado presente en los medios convencionales o en la cháchara política.

Extractivismo en Argentina: una breve historia

El extractivismo no es un fenómeno nuevo en la región. Bajo el dominio colonial, los territorios de América Latina fueron esencialmente el objeto de saqueo de materias primas. El extractivismo contemporáneo, sin embargo (también conocido como extractivismo progresista), tiende a estar envuelto en justificaciones positivas: los gobiernos afirman que los ingresos acumulados a través de regalías e impuestos de productos básicos se distribuirán y se dedicarán a proyectos sociales. En otras palabras: cuanto más se extraiga, más dinero se recaudará; y cuanto más dinero se recaude, más se podrá invertir en proyectos sociales.

Durante los doce años de gobierno kirchnerista, el extractivismo se ha convertido en la característica principal del desarrollo económico en Argentina. Impulsado por el precio global de las commodities y las políticas del gobierno, el país ha experimentado un boom de los sectores extractivos, como la agroindustria, la minería y los hidrocarburos.

Desde 2002, el número de proyectos mineros ha aumentado de 18 a más de 600.

Por las tierras fértiles del país, la agricultura industrial se ha expandido rápidamente, alcanzando niveles récord de producción - especialmente de soja. Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia, las plantaciones de soja cubrían doce millones de hectáreas, el 38% de toda la tierra cultivada en Argentina. En el año 2012, el cultivo de soja había crecido hasta el 56% de la tierra cultivada.

El petróleo y la extracción de gas se han convertido también en dos ingredientes básicos del modelo de desarrollo argentino. Para fomentar la producción nacional de hidrocarburos y así reducir la dependencia del país de las importaciones de combustible, el gobierno puso en marcha en 2008 el Gas Plus y Petróleo Plus, dos programas de incentivos para los productores de gas y petróleo, con el objetivo de fomentar la inversión en exploración, producción y refinamiento. En 2011, se descubrió en Patagonia la segunda mayor reserva de petróleo de esquisto del planeta. Desde entonces, se ha introducido nueva legislación - como la Ley de Soberanía de Hidrocarburos y la Ley de Reforma de Hidrocarburos - para fomentar una mayor explotación e inversión. No se trata de medidas baratas: según estimaciones del FMI, los subsidios a los combustibles fósiles ascienden a más de 17.000 millones de dólares, el 3,25% del PIB de Argentina.

Impactos, resistencia y silencio

El coste que ha supuesto la implementación de este modelo de desarrollo ha sido muy elevado.

La expansión de las tierras agrícolas para dar paso a las plantaciones de soja, por ejemplo, ha sido altamente perjudicial. El acaparamiento de tierras y su concentración han aumentado, una vez que las pequeñas explotaciones se han visto desplazadas por las grandes empresas agroindustriales. Se han detectado tasas alarmantes de cáncer y defectos de nacimiento en comunidades cercanas, expuestas a la extensa fumigación de los cultivos. El afianzamiento del monocultivo de soja ha llevado también a una extensa degradación de la tierra, a su desertificación y a la pérdida de biodiversidad. Se han sustituido los bosques por surcos. Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), Argentina es el noveno mayor contribuidor a la deforestación mundial.

En Patagonia, las comunidades indígenas mapuches han visto sus tierras ancestrales convertidas en parte central de los planes de extracción del país. Empresas petroquímicas, como YPF, Apache Energía y Chevron han iniciado operaciones en los territorios indígenas, contaminando fuentes de agua, provocando polución acústica, desalojos y la apropiación de las tierras de pastoreo.

En la provincia de Formosa, grupos indígenas han denunciado el robo de sus tierras ancestrales por intereses ligados a la soja, la minería y propiedad inmobiliaria. Representantes de los pueblos Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé han estado acampando en el centro de Buenos Aires durante ocho meses, exigiendo el fin de la violación de su derecho a la tierra.

Otras muchas comunidades locales de todo el país están enfrentadas al gobierno. Ciudades como Loncopué, Famantina y Malvinas Argentinas se han convertido en sinónimos de resistencia y han conseguido retrasar o rechazar con éxito los proyectos extractivos en sus áreas respectivas.

Las comunidades que desafían la narrativa oficial del gobierno tienden con frecuencia a ser objeto de estigmatización, burla o represión. Pero la reacción predominante es la indiferencia: como el qarashé (líder) de la comunidad Potae Napocna Navogo Félix Díaz observó, 'no formamos parte de la agenda electoral'.

En los principales debates políticos, las cuestiones de justicia ambiental son periféricas. Durante el reciente debate presidencial televisado, el primero en la historia argentina, las preocupaciones ecológicas apenas se debatieron. Cuestiones urgentes como los derechos indígenas, el cambio climático, la sostenibilidad de una matriz energética casi totalmente dependiente de los combustibles fósiles, la concentración de tierras, las mega-presas y el fracking ni siquiera fueron mencionados.

En cambio, los candidatos presidenciales abogan por la 'credibilidad económica', prometiendo reducir impedimentos a la inversión y apoyo a los sectores económicos más importantes. Poco se piensa en los costos, los riesgos y las alternativas.

Lamentablemente, cuando se habla de desarrollo, el tema que centra el debate electoral en Argentina es: ¿quién será el extractor más eficaz?