Cortar el acceso al agua y el saneamiento debería causar indignación moral en cualquier país, en particular cuando sucede en medio de una riqueza mundial y una capacidad productiva suficientes para satisfacer las necesidades básicas de todas las personas. Esto es especialmente sorprendente en los EE. UU., en una ciudad que fue el centro mundial de la manufactura automotriz y a la que rodea el 20 % del agua dulce superficial del mundo. Como respuesta urgente al hecho de que se les ha negado el acceso al agua y el saneamiento a más de 30,000 hogares en Detroit, la Michigan Welfare Rights Organization (Organización para los Derechos de Bienestar de Michigan) (MWRO), la coalición People’s Water Board (Junta Popular de Aguas) de Detroit y otros aliados organizaron la Reunión Internacional de Movimientos Sociales sobre Agua y Vivienda Asequible en mayo de 2015. La reunión finalmente atrajo hacia Detroit a 200 defensores de derechos humanos y líderes populares de todos los EE. UU. y varios otros países.
La ciudad de Detroit presentó la mayor declaración municipal de bancarrota en la historia de los EE. UU. el 18 de julio de 2013. A pesar de que los residentes de Michigan habían votado contra la ley sobre el administrador de emergencia del estado en un referendo en 2012, la legislatura y el gobernador del estado aprobaron y utilizaron una ley similar (Ley Pública 436) para imponer un administrador de emergencia en Detroit, en marzo de 2013. Con un poder casi ilimitado para negociar el futuro de la ciudad, el administrador de emergencia contrató los servicios de Veolia North America para que orientara la reestructuración del Departamento de Agua y Alcantarillado de Detroit.
Para octubre de 2014, unos 30,000 hogares habían enfrentado desconexiones de agua y alcantarillado, lo que provocó la visita de dos Relatores Especiales de las Naciones Unidas. Su declaración subrayó que “miles de hogares viven con miedo de que les cierren el agua en cualquier momento sin previo aviso...y de que los servicios de protección infantil puedan llevarse a sus hijos, ya que las casas sin agua se consideran inhabitables para los niños”. A pesar de sus críticas y de una considerable atención mediática, actualmente se están vinculando las facturas de agua pendientes de pago con los impuestos prediales vencidos, con lo que miles de propietarios de viviendas quedan expuestos a una ejecución hipotecaria por impuestos prediales.
