Cortar el acceso al agua y el saneamiento debería causar indignación moral en cualquier país, en particular cuando sucede en medio de una riqueza mundial y una capacidad productiva suficientes para satisfacer las necesidades básicas de todas las personas. Esto es especialmente sorprendente en los EE. UU., en una ciudad que fue el centro mundial de la manufactura automotriz y a la que rodea el 20 % del agua dulce superficial del mundo. Como respuesta urgente al hecho de que se les ha negado el acceso al agua y el saneamiento a más de 30,000 hogares en Detroit, la Michigan Welfare Rights Organization (Organización para los Derechos de Bienestar de Michigan) (MWRO), la coalición People’s Water Board (Junta Popular de Aguas) de Detroit y otros aliados organizaron la Reunión Internacional de Movimientos Sociales sobre Agua y Vivienda Asequible en mayo de 2015. La reunión finalmente atrajo hacia Detroit a 200 defensores de derechos humanos y líderes populares de todos los EE. UU. y varios otros países.

La ciudad de Detroit presentó la mayor declaración municipal de bancarrota en la historia de los EE. UU. el 18 de julio de 2013. A pesar de que los residentes de Michigan habían votado contra la ley sobre el administrador de emergencia del estado en un referendo en 2012, la legislatura y el gobernador del estado aprobaron y utilizaron una ley similar (Ley Pública 436) para imponer un administrador de emergencia en Detroit, en marzo de 2013. Con un poder casi ilimitado para negociar el futuro de la ciudad, el administrador de emergencia contrató los servicios de Veolia North America para que orientara la reestructuración del Departamento de Agua y Alcantarillado de Detroit.

Para octubre de 2014, unos 30,000 hogares habían enfrentado desconexiones de agua y alcantarillado, lo que provocó la visita de dos Relatores Especiales de las Naciones Unidas. Su declaración subrayó que “miles de hogares viven con miedo de que les cierren el agua en cualquier momento sin previo aviso...y de que los servicios de protección infantil puedan llevarse a sus hijos, ya que las casas sin agua se consideran inhabitables para los niños”. A pesar de sus críticas y de una considerable atención mediática, actualmente se están vinculando las facturas de agua pendientes de pago con los impuestos prediales vencidos, con lo que miles de propietarios de viviendas quedan expuestos a una ejecución hipotecaria por impuestos prediales.

In Detroit, water shutoffs prompt grassroots groups to respond: “Water is a human right!” This conception of human rights moves beyond the narrow liberal rights tradition.

Como advertencia para los EE. UU. y sus aliados internacionales sobre las tendencias cada vez más pronunciadas, Maureen Taylor, presidenta estatal de MWRO, suele comenzar sus presentaciones sobre Detroit proclamando: “¡Bienvenidos al futuro!”. Fundado en 1918, el Complejo River Rouge de Ford llegó a emplear a más de 100,000 residentes de Detroit. Hoy en día, la tecnología y la subcontratación han eliminado decenas de miles de puestos de trabajo. River Rouge sigue siendo el complejo individual de fabricación más grande de Ford, y sin embargo, emplea a tan solo 6,000 personas. Detroit ofrece una posición privilegiada para examinar el experimento liberal en cuestión de democracia, derechos individuales y libre mercado que representan los EE. UU. Este modelo impulsó la innovación tecnológica, el aumento de productividad y la reducción de los costos de mano de obra en la búsqueda de ganancias. Durante un tiempo, el liberalismo también creo espacios para la organización laboral, y muchos trabajadores de la industria automotriz de Detroit, tanto blancos como negros, pudieron conseguir salarios constantes y suficientes para costear hogares dignos y jubilaciones cómodas. Sin embargo, el futuro se ve sombrío desde Detroit.

La tradición de los derechos liberales promueve la libertad individual y la igualdad formal ante la ley, pero no promete poner fin a las desigualdades fundamentales. Para 2013, el 39% de la cada vez más reducida población de Detroit vivía por debajo del umbral oficial de pobreza; el 83% de los residentes eran afroestadounidenses. La tradición de los derechos liberales promueve la libertad individual y la igualdad formal ante la ley, pero no promete poner fin a las desigualdades fundamentales. Ni el liberalismo clásico ni el neoliberalismo garantizan el derecho al agua, la vivienda u otros bienes y servicios públicos.

En última instancia, las políticas económicas neoliberales profundizaron la desigualdad material y sentaron las bases para la reciente crisis económica, la cual empujó a Detroit hacia la insolvencia. Las crecientes desigualdades económicas y políticas ahora amenazan con socavar los derechos liberales. Como la desigualdad aviva la resistencia y la dislocación social, la respuesta del gobierno a menudo debilita los derechos civiles. Detroit refleja una tendencia a nivel nacional de fuerzas policiacas militarizadas, vigilancia y encarcelamiento en masa, impactos desproporcionados en las comunidades negras y debilitamiento de los derechos a la vida, la privacidad, la participación política y la libertad de tratos crueles, inhumanos o degradantes. El gobierno del estado usurpó el control democrático de los residentes de Detroit. El administrador de emergencia se embarcó en una serie de asociaciones público-privadas; por ejemplo, Homrich Wrecking, Inc. recibió un contrato de $ 5.6 millones por dos años para llevar a cabo desconexiones residenciales de aguas.

Hay una lucha popular que se resiste a los cierres, llevando mangueras con agua de casa en casa, protegiendo a los niños de una remoción injusta, trabajando con economistas en la creación de planes alternativos para que el agua sea asequible y colaborando con abogados (incluidos algunos miembros de la Red-DESC de varios países) para insistir en que el derecho a la vida debe abarcar los derechos sociales. A lo largo de su lucha, los grupos de bases populares siguen insistiendo: “¡El agua es un derecho humano!”. Esta concepción de los derechos humanos va más allá de la estrecha tradición de los derechos liberales.

En primer lugar, exigir el agua como un derecho humano sugiere que el enfoque liberal en la libertad y la igualdad formal se debe complementar con la atención a la igualdad real y el bien común. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se basa en diversas tradiciones filosóficas y de fe y luchas por la justicia, haciendo hincapié en la interdependencia de los derechos políticos, económicos, sociales, civiles y culturales.

En segundo lugar, las violaciones específicas de derechos humanos deben convertirse en el punto de partida para un análisis sistémico del empobrecimiento, el despojo y la represión, que niegan los derechos de personas de todo el mundo. Siguiendo el ejemplo de los residentes de Detroit, los defensores de derechos humanos podrían preguntar: ¿se deberían retirar del mercado competitivo ciertos bienes y servicios? Si las ganancias individuales han sido con frecuencia el motor de la innovación y el trabajo arduo, ¿es posible imaginar avances sociales con base en valores de cooperación, sustentabilidad y empatía? En una sociedad global que se caracteriza por la abundancia y un sinfín de oportunidades para la comunicación, pero que también enfrenta los desafíos existenciales del cambio climático, la pobreza y la militarización, se puede argumentar que necesitamos nuevos modelos de convivencia.

Por último, la convocatoria que hicieron las organizaciones de Detroit para celebrar un encuentro internacional de grupos de base y ONG (que enfrentan luchas similares a lo largo de EE. UU. y el mundo) pone de relieve su observación de que es vital contar con un movimiento global a favor de los derechos humanos. Si bien el liberalismo postula que los individuos soberanos deben gobernar democráticamente los Estados-nación, existe un creciente reconocimiento de que las fuerzas económicas globales están moldeando a Detroit y a las comunidades en todo el mundo. Esto no significa negar la particularidad de los distintos contextos, sino más bien examinar cómo interactúan estos con las fuerzas globales y las estructuras comunes de opresión y explotación. En este sentido, los derechos humanos no son simplemente normas jurídicas creadas por procesos de la ONU, ratificadas por los gobiernos y litigadas en los tribunales. Los derechos humanos son también una base para las demandas compartidas y la legitimidad moral de las luchas populares, las cuales insisten en la justicia social frente a los desequilibrios de poder a nivel global.