En una contribución reciente a openGlobalRights, Barb MacLaren aboga por la promoción de los derechos económicos y sociales de las mujeres, con un enfoque particular en el empleo y los ingresos familiares. Caracteriza a la educación y la salud como elementos auxiliares para apoyar el empleo y los ingresos, pero no como derechos en sí mismos o como factores para mejorar las capacidades de las mujeres. Desafortunadamente, sus argumentos pasan por alto 30 años de investigación sobre la desigualdad de género y las dinámicas de poder dentro de los hogares. Además, repite algunas de las deficiencias del anterior movimiento de Mujeres en el Desarrollo (MED), el cual ignoraba las interconexiones entre el empleo, la generación de ingresos a través de la agricultura, la propiedad de la tierra, el cuidado de personas que realizan las mujeres sin remuneración, la violencia contra las mujeres y el papel de las normas sociales de género. MacLaren también reproduce la práctica habitual de los organismos de desarrollo de dejar de lado el cuidado sin remuneración al diseñar sus programas, y la falta de incorporación de las cuestiones de género en los debates y enfoques de desarrollo. Finalmente, aunque menciona la legislación colombiana sobre la violencia contra las mujeres y los derechos de las mujeres, lo hace de manera muy somera.

En las décadas de los 1950 y 1960, los expertos asumían que sus políticas de desarrollo eran neutras con respecto al género. Percibían a las mujeres como reproductoras, consumidoras y receptoras pasivas de los programas políticos, mientras que veían a los hombres como trabajadores productivos y, por lo tanto, como agentes de cambio. El movimiento de Mujeres en el Desarrollo (MED) de la década de los 1970 buscó cambiar este enfoque al destacar la participación activa de las mujeres en la economía, particularmente su papel en la producción agrícola. Trataron de cambiar la manera en que la comunidad de desarrollo se relacionaba con las mujeres y de hacer que percibieran a las mujeres como agentes productivos en la economía monetizada. Sin embargo, el movimiento prestó poca atención a las funciones que desempeñaban las mujeres en actividades productivas no remuneradas, lo que hoy se conoce como trabajo no remunerado y la economía del cuidado. MED también pasaba por alto la manera en que la falta de acceso a la salud, la educación, la justicia y los recursos económicos que experimentaban las mujeres, así como la violencia que sufrían, permitía la persistencia de las desigualdades de género.

Los ingresos y el empleo son tan solo algunos de los factores que intervienen en el bienestar y el desarrollo humano de las mujeres. A partir de este descubrimiento, surgió el movimiento de Género en el Desarrollo (GED) a mediados de la década de 1980. GED estudia las estructuras políticas, sociales y económicas que crean la desigualdad de género. Cuestiona no solamente la asimetría en el poder, sino también en la toma de decisiones entre los hombres y las mujeres. GED subraya cómo las normas sociales sobre los roles masculinos y femeninos influyen sobre la distribución de trabajo remunerado y no remunerado, el trabajo asistencial, los ingresos, los bienes, la participación política, la asignación de recursos naturales y la violencia. En resumen, mientras que el movimiento MED asumía que el avance económico de las mujeres mejoraría su situación, el de GED entiende que los ingresos y el empleo son tan solo algunos de los factores que intervienen en el bienestar y el desarrollo humano de las mujeres. Estos factores también se han llegado a considerar como los derechos humanos de las mujeres.  

McLaren sostiene que la participación de las mujeres en el mercado rural asalariado se ve obstaculizada por las unidades familiares de pequeños agricultores; por lo tanto, solamente es posible apoyar el empoderamiento económico de las mujeres apoyando los ingresos familiares en conjunto. Esto supone que las familias se comportan como unidades coherentes y que reparten los beneficios a partes iguales entre sus miembros. Pero la pobreza y desigualdad de la mujer en relación con el hombre no se genera únicamente a través de la economía capitalista, sino también a través de la dinámica y la logística de la vida familiar y el patriarcado. La diferencia de poder entre los hombres y las mujeres de una familia tiene efectos distintos en el comportamiento y las elecciones de cada persona. Por consiguiente, los recursos y las oportunidades no se distribuyen de forma equitativa entre los miembros de la familia.

Argumentar que mejorar los ingresos familiares totales llevará al empoderamiento económico de las mujeres significa ignorar no solo décadas de pruebas en contrario, sino también las normas sociales de género que se reflejan incluso en la producción de café de pequeños agricultores, la toma de decisiones en el hogar y la distribución de trabajo remunerado, trabajo no remunerado y actividades de cuidado entre hombres y mujeres, niños y niñas. Es importante obtener algunas respuestas. ¿Qué porcentaje de mujeres trabajan en las explotaciones agrícolas familiares sin que se les pague? ¿Las mujeres controlan una parte de los ingresos una vez que se vende el café? ¿Cómo coordinan las jornaleras sin tierra el trabajo remunerado con las actividades domésticas y de cuidado?

A rural Colombian women teaches her son to read. The perceived feminine responsibilities of child-rearing, housekeeping, and providing seasonal agricultural labor are important considerations when discussing women's economic empowerment.

Un punto más importante es que los programas de desarrollo no deberían buscar aumentar los ingresos de las mujeres colombianas del campo para que puedan pagar servicios de guardería, como sugiere MacLaren, ya que esto reforzaría aún más la asignación patriarcal del cuidado como actividad exclusiva de las mujeres. En cambio, deberían buscar maneras de involucrar a los hombres en las actividades de cuidado, de distribuir las actividades de cuidado de manera más equitativa entre hombres y mujeres, y de hacer que las actividades de cuidado sean visibles y apreciadas por los hombres y los niños, por la comunidad y por la nación. Todo esto se debe utilizar para reforzar el apoyo local, nacional, instrumental y económico para las actividades de cuidado. Los planificadores y el personal de extensión agrícola deben darse cuenta de que las mujeres no faltan a las capacitaciones porque subsuman su bienestar al de sus hijos, como argumenta MacLaren, sino porque las estrictas normas sociales de género asignan el cuidado de los niños, el trabajo doméstico y la preparación de alimentos a las mujeres y las niñas, y ellas simplemente no pueden recurrir a nadie más para que realice estas tareas. Las mujeres son tan pobres en términos de tiempo como de dinero, y más pobres en ambos aspectos que los hombres.

A pesar de la importancia de los ingresos y el empleo para el bienestar y las capacidades, incluso en el mejor de los casos, las mujeres colombianas se enfrentan a una cultura patriarcal que está cambiando a un ritmo sumamente lento. El capitalismo global, sin embargo, se mueve a la velocidad de la luz. Una paradoja que está surgiendo en Colombia y otros países latinoamericanos es que las mujeres tienen más riesgo de ser maltratadas por sus parejas cuando tienen empleo y obtienen ingresos. Aparentemente, los hombres utilizan la violencia (física, psicológica y económica) para afirmar la autoridad masculina y cuando sienten que su rol e identidad como sostén de la familia están siendo amenazados.

La Política Pública Nacional de Equidad de Género colombiana de 2012 y la legislación de 2008 sobre todos los tipos de violencia contra las mujeres, que se mencionan en el artículo pero no se discuten, son notables por su enfoque multidisciplinario y multisectorial hacia la inequidad de género. Los derechos de la mujer son la razón de ser de la política y la legislación, no el “crecimiento” ni la “eficiencia”. También es notable su reconocimiento de que la violencia contra las mujeres dentro y fuera del hogar es estructural y afecta dónde, cuánto y hasta qué punto trabajan las mujeres con remuneración, si es que lo hacen. Tomando en cuenta que la prevalencia durante la vida del maltrato físico por parte de una pareja íntima en Colombia es de 40 % (22 % durante los últimos 12 meses), las leyes de Colombia, aunque no suficientes, son un primer paso necesario, y son importantes para mejorar la situación de las mujeres en Colombia.

Si queremos empoderar a las mujeres, es indispensable contar con programas locales, nacionales e internacionales que adopten un enfoque multidimensional: al colocar el empleo, la salud, la educación, el cuidado y la violencia en un mismo plano, y como factores igualmente necesarios e interrelacionados. Las políticas que abordan las actividades de cuidado y la violencia no pueden ser simples satélites de las políticas sobre el empleo, y las necesidades de las mujeres no se pueden subsumir a las de sus familias.