Bajo la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012), México reformó su Constitución en junio de 2011 y, entre otros muchos cambios, incluyó los derechos humanos como un principio rector de la política exterior mexicana.

El gobierno de Calderón quería enviar un mensaje al mundo: México aceptaba plenamente los regímenes y las condiciones globales y regionales de derechos humanos al adoptar formalmente la protección y la defensa de los derechos humanos como una parte esencial de la identidad política mexicana.

Sin embargo, hay un contraste marcado entre la adopción formal de un código internacional de derechos humanos y su aplicación. Quiero abordar aquí la situación de los trabajadores migrantes indocumentados de México y Centroamérica, que son el blanco de múltiples violaciones de derechos humanos, tanto en su país de origen como en el país de destino, Estados Unidos de América.

México y los países centroamericanos tienen tratados de libre comercio con Estados Unidos. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN (1994), incluye a Canadá, Estados Unidos y México, mientras que el Tratado de Libre Comercio TLC-RD (2004) reúne a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y la República Dominicana con Estados Unidos. Aunque ambos acuerdos facilitan el flujo de bienes, servicios, inversiones y capital, no hay disposiciones acerca de la movilidad de la fuerza de trabajo, así que los trabajadores migrantes son abandonados a su suerte cuando tratan de cruzar las fronteras para buscar oportunidades económicas.

La globalización crea migración y luego criminaliza a los migrantes: a los trabajadores se les impide satisfacer sus necesidades materiales básicas en su país de origen, y así se convierten en un exceso de mano de obra barata y desorganizada en otros lugares, explotados por compañías y empleadores interesados en mantener sus costos bajos. El sistema económico de Norteamérica genera migración, crea una demanda endógena de trabajadores extranjeros en Estados Unidos; y luego esta migración forzada ocurre bajo condiciones de vulnerabilidad extrema.

México ha desplegado pocos recursos para lidiar con los casos de sus migrantes en EE. UU. que han sido asesinados, detenidos en celdas de aislamiento, separados de sus familias, deportados sin ninguna coordinación con las autoridades mexicanas o sujetos a presiones que las Naciones Unidas consideran equivalentes a la tortura por las agencias policiacas.

Una de las razones subyacentes del intento en curso para lograr durante 2013 una reforma migratoria integral en EE. UU. es el hecho de que no hay suficientes visas para que los trabajadores internacionales no cualificados sean empleados legalmente en EE.UU., así que se ven forzados a buscar entrar irregularmente al país por cuenta propia y bajo su propio riesgo. Los gobiernos de la región no cumplen con el principio de que cada uno de los trabajadores tiene su dignidad, y que los trabajadores migrantes tienen derechos humanos sin importar su estatus migratorio.

La respuesta del gobierno mexicano a la difícil situación de los trabajadores migrantes ha sido variada. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) atiende a los mexicanos en el extranjero, mientras que la Secretaría de Gobernación está a cargo de tratar con los migrantes en tránsito, los inmigrantes y los extranjeros en México.

Por un lado, la red de 50 consulados mexicanos hace a veces un trabajo heroico para proteger y defender a los trabajadores migrantes en EE. UU., pero se enfrenta con un presupuesto insuficiente para hacer su trabajo y con el hecho de que la protección de sus compatriotas de escasos recursos no es una prioridad para las élites económicas y políticas del país. México ha iniciado algunas demandas exitosas en EE. UU. para proteger a mexicanos de la pena de muerte, pero no se ha visto un esfuerzo similar para defender los derechos de los trabajadores migrantes; no vaya a ser que dicho esfuerzo entre en conflicto con los vínculos políticos, diplomáticos, comerciales y de inversión con Washington.

Por otro lado, muchos funcionarios mexicanos tratan a los migrantes centroamericanos en tránsito hacia EE. UU. mucho menos bien que sus contrapartes estadounidenses. Los migrantes centroamericanos en tránsito se enfrentan con la corrupción y extorsión de muchas autoridades mexicanas y con los abusos de bandas criminales, tanto de sus países de origen, como de México.

La punta del iceberg se descubrió el 23 de agosto de 2010, cuando se reveló que fueron encontrados 72 cuerpos de trabajadores migrantes de Centro y Sudamérica enterrados en San Fernando, en el estado de Tamaulipas, un pueblo que está localizado en la ruta hacia el Norte que usan los migrantes para llegar a Estados Unidos. El 6 de abril de 2011 salió a la luz la noticia de una segunda masacre exactamente en el mismo lugar; esta vez fueron 193 cuerpos. Aunque se ha arrestado a 85 personas en este caso, y el Gobierno Federal anunció que se establecerá un mecanismo de alerta temprana para prevenir más secuestros y asesinatos de migrantes, la verdad es que las bandas criminales continúan aterrorizando a los trabajadores migrantes en las rutas de ferrocarril y autobús que llegan a la frontera con Estados Unidos.

En el mismo periodo hubo un aumento en la violencia relacionada con el narcotráfico en todo México. La llamada “guerra contra el narcotráfico” emprendida por Calderón al principio de su gobierno llevó a que la situación de derechos humanos empeorara en México. Tanto la policía como los militares han sido acusados de arrestos ilegales, tortura, violaciones y ejecuciones extrajudiciales mientras llevaban a cabo el combate en contra de los cárteles de drogas. La violencia relacionada con el crimen organizado se cobró cerca de 60,000 vidas en México durante la presidencia de Felipe Calderón, de acuerdo con un recuento publicado el 1.º de noviembre de 2012 por el diario Milenio.

Desde que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) del Presidente Enrique Peña Nieto regresó al poder el 1.º de diciembre de 2012, su gobierno promulgó la Ley de Víctimas y creó una unidad especial para encontrar a personas extraviadas; sin embargo, aún no ha tomado los pasos necesarios para asegurar que los responsables de esos crímenes sean enjuiciados.

En un documento de actualización publicado en marzo de 2013, Amnistía Internacional describe la situación al principio del gobierno de Peña Nieto: “los secuestros, la violencia sexual, el reclutamiento forzoso en bandas delictivas, la trata de personas y los asesinatos de migrantes son algo habitual. La impunidad por estos graves abusos es la norma. El gobierno de Enrique Peña Nieto no ha adoptado hasta el momento ninguna medida para corregir la lamentable inacción de los gobiernos anteriores a la hora de abordar esta crisis humanitaria. Una vez más, parece que la suerte de los migrantes en situación irregular en México es sólo algo secundario”.

Amnistía Internacional pide a las autoridades federales de México que aseguren la prevención, el castigo y el remedio a los abusos cometidos en contra de migrantes por actores gubernamentales y no gubernamentales, y exigen que el gobierno realice acciones en diversas áreas prioritarias, que incluyen tomar medidas para prevenir abusos en contra de los migrantes, establecer mejores sistemas para ayudarles a reportar abusos y mejorar la manera en que se investigan estos abusos.

Las organizaciones de la sociedad civil utilizan las redes sociales para denunciar las actividades de las bandas criminales y se han vuelto vigilantes activos de la política gubernamental en el Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y en el Consejo Consultivo de la Secretaría de Gobernación. Han presionado a las autoridades federales para que dirijan, desarrollen e instrumenten un plan de acción para respetar, proteger y hacer efectivos los derechos de los migrantes irregulares en México.

México debe convertir la protección de los inmigrantes y de los migrantes en tránsito en una prioridad. Los legisladores, los líderes políticos y de negocios, y las organizaciones de la sociedad civil deben entender las dinámicas cruzadas y relacionadas de los cambiantes flujos migratorios y de los desafíos de seguridad significativos y en constante evolución, independientemente unos de otros, pero enfrentándolos de forma coordinada. El país debe eliminar las inconsistencias graves, la corrupción empedernida y la impunidad descarada de su sistema migratorio. Si el gobierno de Peña Nieto quiere convertirse en un actor global responsable, debe empezar en casa, protegiendo los derechos de sus propios trabajadores migrantes y de las personas en tránsito de otros países. El asunto no es que haya más o menos migración, sino que existan políticas migratorias más inteligentes y un compromiso firme con el proceso civilizatorio de los derechos humanos.