El hallazgo de diecinueve cuerpos abaleados e incinerados en un estado fronterizo de México, cerca de Texas es un macabro aviso de que los migrantes guiados ilegalmente hacia Estados Unidos son blancos de la violencia de los carteles.

Las víctimas —identificadas posteriormente como guatemaltecas— fueron descubiertas en Tamaulipas, un estado limítrofe, donde es común el tránsito de migrantes. El estado también es territorio del Cartel del Golfo y del Cartel del Noreste, disidencia del otrora poderoso Los Zetas.

Las autoridades descubrieron la horripilante escena después de recibir una denuncia el 22 de enero de un vehículo incendiado en el municipio de Camargo. Con él se encontró un segundo automotor. Se hallaron cuerpos en la cabina y apilados en la caja del vehículo, según informaron los agentes de seguridad de México en un comunicado de prensa. Antes de quemarlas, a las víctimas les dispararon.

Por la ausencia de casquillos de bala en la escena, las autoridades creen que las víctimas fueron asesinadas en otro lugar y luego trasladadas.

Aunque no hubo confirmación oficial de que se tratara de los cuerpos de 19 migrantes que viajaban desde Guatemala, sus familiares declararon que el coyote encargado del viaje ratificó que eran ellos. Se dice que algunos parientes están enviando muestras de ADN para verificar.

El hecho ha motivado comparaciones con anteriores masacres, que se han vuelto comunes en la región de Tamaulipas durante la última década. La más notable de ellas fue la masacre de San Fernando ocurrida en 2010, en la que 72 personas, muchas de ellas migrantes de Centro y Sur América, fueron abandonadas en una bodega luego de recibir un disparo en la cabeza. La bodega era propiedad del Cartel de Los Zetas. Un año después, hubo una “segunda” Masacre de San Fernando, en la que 193 personas fueron sacadas de los buses en los que viajaban, asesinadas y enterradas en fosas comunes.

Desde entonces, han ocurrido otras masacres en el estado, incluidos 21 miembros de un cartel que en 2019 fueron abaleados e incinerados en el municipio de Miguel Alemán.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha comprometido a reducir drásticamente este tipo de violencia en el país, mediante la asignación de “recursos ilimitados” a la búsqueda de fosas comunes.

“No es un San Fernando”, dijo la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero sobre los 19 migrantes asesinados, “porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente. No habrá impunidad”.

Análisis

Aunque queda mucha incertidumbre sobre el motivo de la matanza de los migrantes, era claro que estaban en una ruta peligrosa, controlada por grupos criminales mexicanos poderosos.

Por lo general, los coyotes tienen que pagar a los carteles para moverse por su territorio, y las deudas no pagadas han terminado en muchas matanzas en el pasado en Tamaulipas. Pero en este caso, parece extraño que el coyote hubiera salido libre y que incluso hubiera podido alertar a las familias en Guatemala sobre el asesinato de sus parientes.

Es posible que el coyote estuviera trabajando con uno de los carteles, entregando los migrantes para trabajo forzado y matándolos cuando se negaban. Los migrantes son presa fácil de estos tipos de operaciones de trata de personas, porque no tienen familia en México, están poco familiarizados con el terreno y rara vez acudirán a las autoridades para denunciar un delito.

Los carteles también pueden usar migrantes para saldar deudas con sus rivales, y se ha sabido que dejan cuerpos en espacios públicos como muestra de su poderío. Un defensor local de derechos humanos en Tamaulipas, que habló con InSight Crime con la condición de que se mantuviera su anonimato por motivos de seguridad, señaló que también hay que considerar la implicación de la policía en el hecho.

Aunque la afirmación parece infundada, hay muchos precedentes en México que indican que es viable. Durante la segunda Masacre de San Fernando, por ejemplo, se descubrió que la policía ayudó en tareas de vigilancia y en el secuestro de algunas víctimas.

Otro factor que contribuye a la violencia puede ser los operativos de las autoridades contra los migrantes que pasan por el territorio mexicano.

En lugar de dirigir las patrullas solo a los pasos fronterizos, el gobierno de López Obrador ha instalado puntos de vigilancia adicionales y ha enviado tropas de soldados al interior del país, donde se sabe que los migrantes viajan en bus o en caravanas. Esto crea “puntos de paso forzoso”, donde las autoridades esperan para arrestar a la gente, lo cual obliga a los migrantes a buscar nuevas rutas.

“Es un dilema frente al que se encuentra la actual administración”, dijo Ariel Ruiz del Instituto de Política Migratoria. “La administración de López Obrador busca priorizar los derechos humanos de los migrantes en la implementación de su agenda, pero la implementación de la guardia nacional en los operativos de control migratorio ha cambiado las decisiones de los migrantes, lo que da pie a rutas y condiciones más riesgosas”.

Es seguro que seguirán ocurriendo asesinatos masivos en Tamaulipas mientras los organismos de orden público y los representantes de gobierno no judicialicen a los responsables, por incapacidad u omisión. Rara vez el desenlace de una masacre es una captura, sin mencionar las condenas. Y obtener información del gobierno puede demorar años, según Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado democrático de Derecho, con sede en México.

“No existe una estrategia real para investigar y desarticular estas redes criminales”, dijo Delgadillo a InSight Crime.

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Este artículo fue publicado previamente en InSight Crime. Lea el original aquí