Mucho se ha hablado de la crisis migratoria venezolana y del incremento de los caminantes venezolanos, pero en contraste, poco se conoce la situación de las migrantes indígenas – la mayoría, pertenecientes a las etnias Wayúu, Warao, Yukpa y Pemón.

La llamada “Emergencia Humanitaria Compleja“, en Venezuela, ha expulsado a más de 4.7 millones de venezolanos desde 2015. Esta migración forzada ha sido calificada por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) como el éxodo más grande en la historia reciente de la región.

Por si fuera poco, a raíz de la pandemia del COVID-19, las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia están cerradas desde mediados de marzo, lo cual agrava la situación de las indígenas migrantes. Al no poder usar los pasos fronterizos — como el de Cúcuta en Colombia — para buscar medicamentos, alimentos y otros productos básicos del otro lado de la frontera, el uso de trochas o pasos ilegales ha aumentado y, con él, los peligros a los que se someten.

Aunque las mujeres indígenas constituyen un pequeño porcentaje de estos millones de migrantes, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) advierte que son parte de uno de los grupos más vulnerables, dada su condición concurrente de indígena, migrante y mujer.

Según el Ministerio de Salud colombiano, en la frontera colombo-venezolana dos indígenas de la etnia Yukpa han sido diagnosticados con el COVID-19. De acuerdo con el reporte del medio periodístico local LaFm, en el Norte de Santander, alrededor de 174 moradores de la zona — incluyendo indígenas embarazadas y niños — fueron aislados como medida preventiva.

Aunque las autoridades colombianas afirmaron que se encuentran en la búsqueda activa de pacientes sintomáticos, a fin de evitar la propagación, alertan de las dificultades que enfrentan, incluyendo que los yukpa — quienes se encuentran en estado de indigencia en aproximadamente 15 ciudades colombianas — son seminómadas, lo cual dificulta la puesta en práctica de la cuarentena.

Las migrantes indígenas se han visto obligadas a dejar sus territorios ancestrales en Venezuela por hambre, enfermedades, violencia y amenazas relacionadas con la explotación de su hábitat y sus recursos, según investigaciones de ACNUR y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).

Eligio Tejerina, líder indígena de la etnia Warao, ahora en Boa Vista, relató a ACNUR: "Decidimos venir a Brasil porque nuestros hijos estaban muriendo de hambre. Ellos lloraban por el hambre. Solo comían una vez al día, por la noche. Únicamente una pequeña porción."

Según el Comité de Derechos Humanos de la Guajira, la migración masiva de indígenas ha forzado al desmembramiento de sus familias y comunidades, lo cual genera sensaciones de vacío y soledad difíciles de asimilar, tomando en cuenta la característica organización colectivista de sus sociedades.

Johanna Reina, asistente de protección de ACNUR Colombia, afirma que: "Se enfrentan a desafíos de pérdida de identidad, incluyendo su idioma, y un dramático deterioro de sus estructuras organizacionales."

Según ACNUR, otros obstáculos a los que deben enfrentarse son las limitaciones lingüísticas — muchas de ellas sólo hablan sus lenguas vernáculas y dependen de los hombres indígenas bilingües para comunicarse — así como la falta de documentos de identificación, lo cual impide el acceso a políticas públicas de las que podrían beneficiarse.

El camino de la mujer indígena

Según la Federación Fraternidad Humanitaria Internacional, a lo largo de su trayecto, los migrantes sufren restricciones, robos y abusos por parte de autoridades y grupos armados. Llegan asustadas, cansadas, hambrientas y en extrema necesidad de asistencia, principalmente a ciudades fronterizas de Colombia y Brasil. Al arribar, relatan cómo en Venezuela tuvieron que enfrentarse a situaciones como la pérdida de sus hijos e hijas por falta de acceso a la salud y a productos alimenticios e higiénicos básicos, según el informe de la OIM.

Decenas van acompañadas de sus hijos pequeños o se encuentran embarazadas, lo cual aumenta su vulnerabilidad. Durante su periplo, Human Rights Watch afirma que han llegado a caminar, en promedio, 16 horas al día, por aproximadamente 13 días.

Al llegar a sus destinos los riesgos, aunque menores, no son inexistentes. La OIM y Provea han señalado la preocupación e incomodidad de algunas autoridades y de la población receptora, con respecto a la presencia indígena venezolana, lo cual ha ocasionado focos de xenofobia y violencia.

Ambas organizaciones advierten, también, que las indígenas migrantes podrían ser víctimas de indigencia, explotación laboral y pueden ser regresadas a Venezuela sin el debido cumplimiento de las normas legales. Corren un riesgo mayor de ser sometidas a la prostitución y al abuso de menores, al ser una minoría étnica y lingüística, y dada la cercanía de sus albergues a redes de tráfico humano.

A esto se suman dificultades anteriores a la crisis migratoria. Históricamente, en los países de acogida, la relación con sus pueblos indígenas ha sido compleja, especialmente, debido a los persistentes estereotipos, cuyo origen se remonta a las políticas sistemáticas de asimilación, de acuerdo a la OIM.

Por todas estas razones, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU recomienda a las autoridades sancionar la xenofobia y el racismo en contra de migrantes, y adoptar un enfoque de genero, mientras que la OIM sugiere, en particular, adaptar la atención de las migrantes indígenas a su condición de minoría étnica, lingüística y de género.

Los pueblos indígenas gozan de derechos fundamentales como el derecho a una vida libre de discriminación y violencia, y el derecho al libre tránsito y a la asistencia.

Gozan, además, de derechos especiales relacionados con su identidad indígena binacional — venezolana y colombiana, por ejemplo — tales como el derecho al trato igualitario y no asimilacionista, a la tierra y a la autonomía.

A pesar de las dificultades, las indígenas migrantes afirmaron a ACNUR, en 2018, que su nueva situación en Brasil y Colombia es mejor que la que vivían en Venezuela, ya que logran aliviar sus necesidades básicas, gracias a la coordinación entre los Gobiernos y organizaciones. Sin embargo, actualmente, más de 100.000 familias indígenas en Colombia se enfrentan a nuevos riesgos, frente a la pandemia del COVID-19.

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Este artículo fue publicado originalmente en Global Voices. Ver el original aquí.