El 4 de agosto, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe, decisión que polarizó al país. democraciaAbierta habló con Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, y quien lideró el proceso para lograr esta detención.

democraciaAbierta (dA): ¿Cuál ha sido su rol dentro del proceso que lleva la Corte Suprema de Justicia de Colombia, CSJ, en contra del ex-presidente y ahora senador, Álvaro Uribe Vélez?

Reinaldo Villalba (R.V): Desde el año 2012 hacia acá, el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, asumió la defensa de Iván Cepeda. Han sido ocho años largos de lucha constante derribando falsos testigos y asumiendo campañas de desprestigio que se han generado desde el partido del senador Uribe. En estas últimas etapas vemos cómo algunas decisiones de la CSJ también son desprestigiadas y cómo atacan a los magistrados. He estado al frente del proceso de dos formas: primero, defendiendo al senador Cepeda de falsas acusaciones y segundo, de febrero de 2018 hasta hoy, representándolo como víctima del caso que se le abrió al senador Uribe por soborno en la actuación penal y fraude procesal, delitos por los cuales está privado de su libertad.

dA: Desde que inició el proceso en 2018, ¿usted y su colectivo de abogados han recibido alguna amenaza?

R.V.: Sí, especialmente el senador Cepeda quien a raíz de este proceso recibe amenazas cotidianamente a través de redes sociales, y también difamaciones a través de portales adeptos al partido del gobierno. También hubo algún trino de parte de Uribe en el que afirmaba que la CSJ, en otra sala no en la que dictó la medida contra él, y yo como abogado del senador Cepeda, habíamos elaborado un montaje contra él. Eso dicho en palabras de alguien que en todo caso tiene mucha influencia es muy peligroso.

dA: ¿Cómo tomaron la noticia que dentro de la revelación de la revista SEMANA de las chuzadas – o interceptaciones ilegales – que estaba llevando a cabo el Ejército de Colombia, los estaban chuzando a ustedes?

R.V.: Cuando conocimos, a comienzos de 2020, el artículo que publicó SEMANA llamado “Las carpetas secretas”, que se fundamenta sobre los documentos que incautó la magistrada de la CSJ Cristina Lombana, en un allanamiento a batallones de ciberinteligencia del Ejército Nacional de Colombia, en los que se encontró que, efectivamente, el CAJAR estaba siendo objeto de actividades ilegales de inteligencia y perfilamiento, específicamente el abogado Sebastián Escobar, uno de nuestros abogados con más visibilidad porque es representante de víctimas en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz, no nos sorprendimos. Porque desafortunadamente en nuestro trabajo en contra de los violadores de derechos humanos, que en muchos casos no responden ante la justicia o reparan víctimas, es normal que seamos objetivos de este tipo de agencias. Eso sí, generó mucha confusión porque tenemos muchas personas jóvenes que trabajan con nosotros y eso crea angustias. Igual, nosotros siempre seguimos afianzando nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la reivindicación.

dA: ¿Cómo cree que las víctimas del conflicto armado toman la decisión de la medida de aseguramiento contra Uribe tomada por la Corte?

R.V.: Mire, lo que las redes sociales revelan es que hay una reacción muy favorable de parte de las víctimas y de las organizaciones de víctimas frente a la detención de Uribe, en el sentido de que lo ven como una reapertura de la esperanza de que sus casos también sean resueltos y de que los responsables de violaciones graves de derechos humanos que no hayan respondido ante la justicia lo hagan. También que a partir de esta decisión se revisen casos en los que se señala a Uribe como responsable como: falsos positivos o las chuzadas del extinto DAS. Hemos recibido mensajes de víctimas y organizaciones en los que saludan este paso adelante en la lucha contra la impunidad.

dA: El auto de la Corte es muy claro en explicar los hechos y la medida de aseguramiento. ¿Cree que sí da cabida a la jugada que el equipo jurídico de Uribe quiere hacer para tumbarla?

R.V.: Siempre ha habido ataques a la CSJ y, en los últimos días, previos a la decisión de la medida la situación empeoró. Tampoco ayudaron los pronunciamientos del presidente Iván Duque antes y después de la decisión de la CSJ, apoyando al senador Uribe, lo cual es absolutamente contrario al respeto de los principios de una democracia, es contrario a la separación de poderes y al estado de derecho. Para nosotros, el escenario válido de debate es el judicial.

dA: Este caso resolvería la pregunta de si Uribe y compañía manipularon testigos. ¿Cree que podría, también, abrir paso a una investigación sobre los posibles nexos de Uribe con el paramilitarismo?

R.V.: Este caso revisa el tema de soborno en la actuación penal y fraude procesal y tiene raíces muy profundas. Esta historia se origina en el papel del entonces representante a la cámara Iván Cepeda, ahora senador, como uno de los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, recibió la misión, junto con otros representantes, de visitar las cárceles en Colombia para conocer en qué estaban los derechos humanos de la población carcelaria porque en ese entonces la CSJ había declarado la situación en las cárceles como cosa inconstitucional por su gravedad. En medio de ese proceso, recogió muchos testimonios que presentó ante muchas instituciones como: la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo. Entre esos testimonios, había dos de paramilitares, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Herrán Sierra, quienes señalaron que Uribe, su hermano Santiago Uribe y otros miembros de la familia habrían sido fundadores del bloque paramilitar Metro en Antioquia.

Lo que esto muestra es que este proceso es también un paso para dar cuenta de que este tema tiene que ver con testigos que hacen esos señalamientos. Lo que pretendía el senador Uribe era que esos testigos se retractaran, cosa que no han hecho hasta hoy, ofreciéndoles beneficios en la cárcel.

dA: ¿Qué representa este caso para la justicia en Colombia?

R.V.: En Colombia las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes que se cometen desde el Estado mismo suelen quedar impunes. En materia de derechos humanos, las cifras de impunidad siempre superan el 95%. Casi nunca se llega a los máximos responsables. Un ejemplo son los falsos positivos: la inmensa mayoría de los condenados son soldados, unos pocos son suboficiales, unos pocos oficiales y aún menos coroneles. Este caso, entonces, debe representar una cosa: nadie está por encima de la ley por más poderoso que sea. También muestra que la administración de justicia hace parte de una democracia real, que las víctimas existen y deben ser reparadas.

dA: ¿Qué sigue ahora en el proceso?, es decir, ¿cuál es el tiempo máximo para que la Corte Suprema decida si llama a Uribe a juicio ante otra sala?

R.V.: Los términos son diferentes si hay preso o no hay preso. La detención preventiva obliga a los jueces a tomar una decisión más rápido, es decir, antes de que se termine el año. Si no se hace, Uribe podría obtener su libertad debido al vencimiento de términos. A lo que aspiramos es que el próximo año se desarrollen audiencias en juicio.

dA: ¿Qué opina del argumento que las interceptaciones a Uribe son ilegales?

R.V.: La CSJ resolvió, hace varios meses, que no hubo ilegalidad. Primero, porque el debate se dio dentro de la ley y segundo, porque se interceptaron conversaciones del senador refiriéndose al abogado Diego Cadena, que nunca fue su abogado, entonces nunca se violó la intimidad abogado-cliente.

dA: ¿Cree que es necesaria una reforma a la justicia?

R.V.: Sí, claro. El CAJAR reclama una reforma hace años y hemos presentado propuestas de reforma. La pregunta es: ¿Qué tipo de Reforma? Nosotros opinamos que debe ser una reforma democrática, que fortalezca la administración de justicia, pero no a partir de una decisión de la Corte para beneficiar a una persona. La propuesta del partido del gobierno que se ha venido manejando desde hace meses consiste en eliminar todas las cortes: la CSJ, el Consejo Supremo de la Judicatura, el Consejo Nacional de Estado y hasta la Jurisdicción Especial para la Paz. Esa propuesta, definitivamente, debe ser rechazada por el Congreso y por la sociedad porque con eso buscan crear una única corte.

Entonces, ¿cuáles son las reformas que necesita la administración de justicia en Colombia? Primero, que el fiscal no se escoja en una terna presidencial; segundo, que Medicina Legal sea un organismo independiente de la Fiscalía; tercero, que la policía judicial no esté conformada por miembros de la fuerza pública; cuarto, un fortalecimiento de la Unidad de Derechos Humanos, porque desde la administración de Néstor Humberto Martínez se han venido desmontando paulatinamente los despachos de las unidades de derechos humanos y quinto, eliminar todo tipo de fueros. ¿Por qué vía hacer esto? La Constitución política tiene herramientas establecidas para hacerlo que son leyes estatutarias. En este momento no hay garantías de que una Asamblea Nacional Constituyente traiga como resultado el fortalecimiento de la democracia y la democratización institucional en el país. Al contrario, una Constituyente llegaría a hacer reformas regresivas del estado de derecho en Colombia.

dA: ¿Qué opina sobre las presiones del presidente Duque sobre la rama judicial

R.V.: Nosotros rechazamos las intromisiones del presidente Duque en la administración de justicia. En su condición de presidente de la República, le está vedado siquiera dar opiniones en relación a las decisiones de administración de justicia. Más cuando se trata de decisiones que involucran a miembros de su partido y más aún cuando se trata de su mentor. Lo que eso muestra es una enorme debilidad institucional y un desprecio absoluto por la separación de poderes. Puedo decirle que sé que el senador Cepeda ha informado al Sistema Interamericano de Justicia y a Naciones Unidas de esta grosera intervención.

dA: ¿Qué le diría a Uribe y al país en este momento?

R.V.: A Uribe le diría que se comprometa con la verdad de este país, que reconozca su responsabilidad, que renuncie a su fuero para ser procesado, que le revele a la administración de justicia la verdad que reclama la sociedad colombiana. Al país le diría que estamos en tiempos de construcción de paz. Al Gobierno le diría que se comprometa a implementar el Acuerdo de Paz porque tiene componentes muy importantes para avanzar en términos de democracia. No es todo ni el último peldaño de conquista de una democracia, pero es un avance.

Reinaldo Villalba es de Pasca, Cundinamarca. Allí estudió en La Normal y se graduó de maestro. Ejerció esta profesión varios años entre los que pudo enseñar en Sumapaz, uno de los lugares más golpeados por la violencia en Colombia. Ver esto de primera mano, hizo que llegara a Bogotá a estudiar derecho inicialmente en El Externado y finalmente en la Universidad Nacional de Colombia. Poco después de graduarse, el CAJAR lo invitó a ser parte de la organización y ahí lleva 30 años de trabajo como abogado defensor de víctimas y de derechos humanos. Para él, colectivos como CAJAR sobreviven gracias al apoyo internacional de organizaciones como Brigadas de Paz, que los protegen y legitiman frente a persecuciones incluso de tipo estatal.