Los informes de organizaciones de derechos humanos y de los medios sugieren que las desapariciones forzadas de 43 estudiantes universitarios en la ciudad mexicana de Iguala son sólo la punta del iceberg de las violaciones de derechos humanos. De hecho, hay buenas razones para creer que muchas de las decenas de miles de desapariciones de los últimos años fueron el resultado de acciones estatales, incluidas (como en el caso de Iguala) las acciones de policías coludidos con criminales.

La indignación internacional por Iguala ha sido impresionante, y ha creado un virtual tsunami de presión diplomática (la práctica de “avergonzar”, en el argot de las relaciones internacionales) sobre el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Durante mi propia revisión de los principales periódicos mexicanos en las diez semanas siguientes a los acontecimientos de Iguala, encontré más de dos docenas de declaraciones reprobatorias de actores internacionales de todo tipo.

A las voces críticas habituales de Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos se han sumado las del secretario general y el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, órganos legislativos en los EE. UU., Chile y Europa, y altos funcionarios de Uruguay, Bolivia y los EE. UU. Todos estos actores han  “avergonzado” al gobierno mexicano, al denunciar públicamente una brecha entre su comportamiento y los estándares aceptados y exhortar a México a que investigue, encuentre a los estudiantes y castigue a los responsables. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó “su profunda preocupación” sobre la desaparición de los estudiantes e hizo un llamado urgente “al Estado mexicano, para localizar a aquellos estudiantes cuyo paradero aún se desconoce; para proteger la vida e integridad personal de los sobrevivientes, sus familiares y representantes; investigar estos delitos de manera pronta, diligente e imparcial”.

"The past three months have seen an unprecedented reaction by the Mexican public to the Iguala tragedy. Hundreds of thousands of Mexicans have repeatedly taken to the streets claiming “you took them alive, we want them back alive.”

Sé de apenas un puñado de protestas internacionales igualmente enérgicas contra violaciones en México en años anteriores. Una ocurrió durante el conflicto en Chiapas de mediados a fines de la década de los 1990, cuando las fuerzas armadas mexicanas intentaron sofocar un levantamiento indígena. La segunda ocurrió a finales de los 1990 y principios de los 2000, cuando una gran cantidad de mujeres jóvenes y pobres de Ciudad Juárez, que vivían justo del otro lado de la frontera de El Paso, Texas, fueron víctimas de desapariciones y asesinatos sistemáticos, y nunca se identificó a los responsables particulares.

En el caso de Chiapas, la matanza de 45 personas en la población indígena de Acteal, perpetrada por un grupo paramilitar con presuntos vínculos con el gobierno en el invierno de 1997, en particular, generó la ola más significativa de presión transnacional. A los informes elaborados por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y varios relatores especiales de la ONU se sumaron los pronunciamientos críticos de la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y la Protección de las Minorías, la Unión Europea y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Varios años más tarde, se realizó un esfuerzo de “avergonzamiento” internacional todavía más amplio con respecto a los feminicidios de Ciudad Juárez, que generaron más de 400 muertes. Las ONG internacionales, la ONU y la Organización de los Estados Americanos dirigieron el esfuerzo, pero estuvieron acompañadas por un número sin precedentes de resoluciones sobre derechos humanos de las legislaturas de Texas y EE. UU., el parlamento europeo y el Consejo de Europa.

Medido en términos de las “medidas para avergonzar”, como la publicación de informes o la adopción de resoluciones reprobatorias, y de la participación de actores gubernamentales e intergubernamentales, los acontecimientos de Chiapas y Ciudad Juárez generaron un nivel de presión sin precedentes sobre el gobierno mexicano.

¿Cómo se compara la presión internacional por las desapariciones de Iguala?

Hasta el momento, el caso de Iguala no ha desencadenado investigaciones especiales ni informes de las ONG internacionales, los relatores especiales de la ONU o algún otro organismo internacional de derechos humanos. Pero esto no es sorprendente; los sucesos de Iguala ocurrieron el 26 de septiembre de 2014, y lleva tiempo que las grandes ONG e instituciones realicen investigaciones oficiales y redacten informes extensos.

Aún así, la respuesta internacional a Igual ha sido impresionante, y es posible que termine superando las campañas sobre Chiapas y Ciudad Juárez. Los comentarios específicos sobre la situación de parte de altos funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Obama, junto con una resolución del Parlamento Europeo sumamente crítica, son particularmente dignos de mención. Es probable que la presión internacional aumente durante los próximos meses.

El gobierno mexicano respondió a la indignación internacional sobre Chiapas y Ciudad Juárez con todo tipo de concesiones tácticas, como la ratificación de nuevos tratados internacionales de derechos humanos, la implementación de importantes reformas legales y constitucionales, y el reconocimiento del derechos de los ciudadanos a presentar quejas directamente ante las instituciones internacionales.

En la práctica, sin embargo, la situación de derechos humanos en México cambió muy poco. El gobierno respondió con un discurso de derechos humanos claro y coherente, pero esto no dio lugar a un cambio significativo de comportamiento.

Esta falta de avances reales en materia de derechos humanos no es sorprendente, sin embargo. En otras secciones de openGlobalRights, importantes expertos en materia de derechos humanos han señalado que las protestas y las leyes de derechos humanos internacionales, por sí mismas, no pueden hacer mucho para modificar los patrones arraigados de abuso. En cambio, lo que realmente importa es una combinación del derecho y la presión internacionales y los esfuerzos de reforma y las protestas enérgicas a nivel nacional de las ONG, los abogados y los movimientos sociales locales.

La presión internacional sobre México debe continuar, ya que reafirma las normas y las expectativas internacionales y brinda legitimidad, credibilidad y un punto de referencia sólido para los actores mexicanos. La presión internacional sobre México debe continuar, ya que reafirma las normas y las expectativas internacionales y brinda legitimidad, credibilidad y un punto de referencia sólido para los actores mexicanos. Sin embargo, los mexicanos tienen que hacer la mayor parte del gran esfuerzo político necesario; después de todo, somos los más interesados en el resultado y nuestra movilización es la que realmente importa. Las protestas internacionales no pueden hacerlo todo; lo demás es responsabilidad nuestra.

De hecho, durante los últimos tres meses el público mexicano ha reaccionado de una manera nunca antes vista a la tragedia de Iguala. A lo largo de los tres últimos meses, cientos de miles de mexicanos han salido a las calles en numerosas ocasiones (e incluso han enfrentado el uso excesivo de la fuerza de parte de la policía y las detenciones arbitrarias durante las protestas) exigiendo que “vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Los partidos políticos de oposición, periodistas, académicos, líderes religiosos y expertos de todo el espectro político e ideológico han condenado la desaparición de los estudiantes, y se han unido a las exigencias de verdad y justicia. Como destacó Natalia Saltalamacchia, el ideal de los derechos humanos ha permeado la sociedad mexicana. Más de una docena de años de activismo transnacional y nacional en materia de derechos humanos han fomentado un proceso de socialización que facilita la movilización a favor de los derechos humanos hoy en día. Las reivindicaciones de los familiares de los desaparecidos y de las ONG de derechos humanos se están sembrando en terreno fértil. Esto podría explicar por qué la reacción nacional ha sido particularmente amplia e intensa.

La presión transnacional y nacional en torno a las desapariciones de Iguala es considerable. ¿Será suficiente para generar un cambio significativo? La literatura sobre el tema no nos permite determinar con exactitud cuánta presión se necesita, y durante cuanto tiempo debe ejercerse, para provocar transformaciones reales. Sin embargo, podemos suponer que entre más presión haya y más tiempo dure, será mejor. En este sentido, los actores internacionales y, lo que es más importante, los nacionales deben seguir presionando durante algún tiempo. Si las exigencias de verdad y de justicia a nivel nacional e internacional persisten y se acumulan, es posible que finalmente veamos cambios reales y significativos en la situación de derechos humanos en México.