Viajemos de vuelta al fabuloso verano de 2010, cuando miles de activistas marchamos en Viena durante la Conferencia Internacional sobre el SIDA. Agitamos nuestros tarros de cerveza en Stephansplatz al compás de las dulces melodías de Annie Lennox, y exigimos “Los derechos humanos y el VIH/SIDA, ahora más que nunca“. Ese año, ONUSIDA agregó ambiciosos objetivos de derechos humanos a su estrategia “Llegar a cero” para 2011-2015.

Ahora avancemos a 2015. La Comisión ONUSIDA-Lancet pidió, una vez más, medidas ambiciosas de derechos humanos para ayudar a acabar con el SIDA para 2030. Mientras ONUSIDA y El Fondo Mundial diseñan nuevas estrategias y nuevos indicadores, este parece un buen momento para preguntar: ¿cómo vamos?

De hecho, es difícil decirlo, dada la naturaleza desafortunadamente imprecisa de los informes de ONUSIDA sobre sus indicadores de derechos humanos más recientes. Por ejemplo, uno de los objetivos de derechos humanos de 2010 era reducir a la mitad el número de países que aplican leyes y prácticas punitivas en torno a la transmisión de VIH, el comercio sexual, el consumo de drogas o la homosexualidad que obstaculizan las respuestas eficaces.

UNAIDS workers address beneficiaries at an AIDS/HIV clinic in Timbuktu, Mali.

 Esa era una meta audaz: reducir en cuatro años el número de países con leyes punitivas que se ha demostrado, una y otra vez, hacen que sea imposible llegar a las “poblaciones clave” más vulnerables al VIH (los trabajadores sexuales, los hombres que tienen sexo con hombres, las personas transgénero, las personas que se inyectan drogas). Específicamente, ONUSIDA exigió que se redujera la cantidad de países con leyes que penalizan la transmisión de VIH, el comercio sexual, el consumo de drogas y las relaciones entre personas del mismo sexo.

Estos son cuatro objetivos claros y fáciles de medir; pero nunca se midieron realmente. ¿Por qué? Porque los informes anuales de ONUSIDA nunca establecieron un valor de referencia claro (¿reducir la mitad de cuántos?), y a menudo utilizaban una descripción narrativa en vez de cifras. Por otra parte, los informes cambiaban lo que se medía cada año, y no comunicaban datos comparables de manera consistente (es decir, si la cantidad de leyes aumentaba o disminuía de año en año).

En breve, una exploración del texto de los informes anuales de ONUSIDA revela lo siguiente:

1. De 2011 a 2015, la cantidad de países que penalizan el VIH aumentó brevemente de 60 a 63 países (en 2013) y luego volvió a bajar a 60 países en 2015 (no se explican las razones del cambio, pero probablemente refleja una diferencia en la manera de catalogar los países).
2. El número de países que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo aumentó de 78 países en 2011 a 79 en 2015.
3. Con respecto al comercio sexual y el consumo de drogas, los informes de ONUSIDA no proporcionan cifras y solamente afirman que “la mayoría de los países” penaliza ambas prácticas. (En dos ocasiones, ONUSIDA compartió información sobre el número de países que usan detenciones obligatorias por drogas para las personas que las consumen. Es muy bueno que se le dé seguimiento a esta cifra, pero no es el objetivo original).

En suma, independientemente de la manera en que se mida, casi no hubo cambios en estos cuatro objetivos durante cinco años. Eso es deprimente.

¿Era el objetivo original (“reducir a la mitad la cantidad de países con leyes punitivas”) una meta alcanzable? Probablemente no; las reformas jurídicas avanzan con lentitud, y habría sido una labor colosal transformar tantas leyes en tantos países. Ciertamente, se habría requerido una mucho mayor inversión política y financiera para promover cambios en las políticas y las leyes: el arduo trabajo de revisar leyes y políticas, litigar, realizar activismo de derechos humanos, movilizar a la comunidad y más.

 Pero incluso si la meta era demasiado ambiciosa, tener informes más rigurosos y confiables sobre el indicador habría generado datos que los gobiernos, los órganos de tratados de la ONU, las oficinas nacionales de la ONU y la sociedad civil podrían utilizar. Con eso, sería más sencillo impulsar los cambios. 

Los objetivos, que originalmente eran bastante buenos, quedaron enterrados en textos ambiguos. Por el contrario, los objetivos, que originalmente eran bastante buenos, quedaron enterrados en textos ambiguos. En vez de concentrarse en los objetivos originales claros, el capítulo del informe de ONUSIDA sobre este indicador de derechos humanos amontonó muchos otros temas, y enredó las cosas.

Por ejemplo, la estrategia original de 2011 dice que “[c]asi dos tercios de las naciones informaron que poseen políticas o leyes que dificultan el acceso a servicios relacionados con el VIH a determinados grupos de la población”. Ahí hay un valor de referencia claro. ¿Qué sucedió después?

El año siguiente, en 2012, ONUSIDA informó que 60 % de los países tenían leyes o políticas que dificultaban el acceso a los servicios (¿como dos tercios, entonces?). Pero había algunas buenas noticias, según señaló el informe: “Aunque es claro que estas cifras son un motivo de preocupación, son prometedoras en otro sentido, ya que reconocer la existencia de estas leyes es un crucial primer paso para reformarlas”. O tal vez no, ya que los informes de 2013 y 2015 tenían la misma estadística de 60 %, sin comentarios.

Los indicadores de derechos humanos no resuelven problemas. A menudo traen malas noticias. Pero sí ayudan a concentrarse en las acciones. Un buen indicador de derechos humanos es una herramienta de activismo que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y la acción; a nivel mundial, regional y nacional.

Un indicador de derechos humanos débil, o uno bueno con recursos insuficientes y sepultado entre el ruido, en realidad es un obstáculo para la rendición de cuentas. Esto es algo en lo que hay que reflexionar para la próxima estrategia.

Esta es una versión editada de una publicación que apareció originalmente en junio de 2015 en “Meg Davis“.