Pobre del pueblo sirio, cuyo sufrimiento parece no tener fin, atrapado como está entre un dictador brutal y una infinidad de grupos rebeldes; entre los intereses de las grandes potencias y la interferencia de sus vecinos. Pobre también de la doctrina de la R2P, ya que este triste caso está socavando el endeble establecimiento de su estatus como un principio de derecho internacional ampliamente reconocido. En este documento argumento que el ataque propuesto por EE. UU. y Francia para sancionar al gobierno de Assad por el uso de armas químicas no sería legítimo ni legal, y además resultaría ineficaz. Lo más probable que no ayude ni a la gente de Siria ni al principio de la R2P.

Primero, yo cuestionaría a Gareth Evans: no existe un “consenso universal sobre los principios básicos” de la R2P como él afirma. La declaración de que “ningún Estado niega que todo Estado tiene la responsabilidad” de proteger a su propia población está lejos de la realidad. Éste podría ser el caso en los Estados democráticos, donde se supone que los gobiernos deben rendir cuentas a su población, pero no queda claro que sea aplicable a los estados autoritarios, en los cuales la razón de Estado pasa por encima de los derechos humanos. En América Latina, donde hemos vivido varias dictaduras, lo sabemos muy bien.

Por desgracia, la idea de que los derechos humanos se deben colocar por encima de la preservación del Estado en realidad no está tan extendida como nos lo hizo creer la década de la hegemonía liberal de los 1990. Enfrentados con insurrecciones internas que representan una amenaza real a su integridad, más Estados de los que quisiéramos admitir están dispuestos a hacer uso de la fuerza en contra de su propia población desarmada, a torturar, asesinar y cometer otras violaciones graves de derechos humanos. Una vez que los Estados recurren al uso de la fuerza, la línea que separa el mero asesinato de la atrocidad ese vuelve muy difusa. Rusia y China, ambos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, empatizan con el gobierno de Assad en este sentido. Y me temo que no están solos en el sistema internacional. El gobierno mexicano, por ejemplo, junto con muchos otros en Latinoamérica, adopta una posición ligeramente anti-intervencionista (atrapado entre una tradición de defensa de la soberanía nacional y un recién adquirido activismo en materia de derechos humanos que rechaza el pasado autoritario).

En segundo lugar, como señalan Kwesi Aning y Frank Okyere, la aplicación del concepto de la R2P se vuelve aún más difícil en una situación de guerra civil compleja, como es  el caso de Siria, donde es difícil establecer quién está cometiendo qué crimen de guerra. En Siria, todas las facciones beligerantes parecen estar cometiendo graves violaciones de derechos humanos, y son muy pocos periodistas y observadores independientes  los que han podido entrar al país. La verdad es que no sabemos con certeza quién es el peor, y tampoco es fácil identificar a los responsables. En este contexto, castigar sólo a una de las facciones contendientes (a la que menos nos agrada, y no a las demás) equivale a intervenir en una guerra para ayudar a los que nos desagradan menos. En otras palabras, si el principio no se aplica de manera uniforme e imparcial, la R2P se convierte en un simple pretexto para ayudar a los aliados y debilitar a los enemigos. Más aún, si resulta que la facción castigada es el gobierno, como en el caso de Libia, la intervención puede llevar a un cambio de régimen. Si se aplica de esta manera, la legitimidad del principio de la R2P se verá debilitada inevitablemente, como han subrayado los otros autores.

En tercer lugar, dado que el caso de Siria consiste en una guerra civil con varias facciones, entramos al terreno no sólo de la R2P sino también del derecho de guerra y la prohibición del uso de armas químicas. Es necesario reconocer que todo el concepto del ius in bello sigue siendo un tanto desconcertante en la época moderna, ya que se basa en el supuesto de que, en el contexto de la guerra, algunas formas de matar son moralmente más aceptables que otras. Esto se entendía en la época de la caballería y hasta la Primera Guerra Mundial, antes del desarrollo de las armas modernas y cuando la guerra se libraba en campos de batalla definidos, llevada a cabo más o menos exclusivamente por soldados. El motivo detrás de la prohibición de armas químicas u otras armas de destrucción masiva (weapons of mass destruction, WMD) es que matan indiscriminadamente, que no distinguen entre civiles y soldados, y pertenece a esta concepción “idealizada” de la guerra.  Sin embargo, en la “época de la guerra total” (como la llamó Hobsbawm), y cuando la violencia proviene solamente de ejércitos regulares, sino un sin fin de tipos diferentes de combatientes, en medio de las ciudades y las aldeas, el efecto de las WMD no difiere mucho de lo que sucede cuando se utiliza artillería pesada para bombardear una zona urbana.

¿Por qué el uso de armas químicas es una ‘línea roja’, mientras que otros crímenes de guerra igual de terribles (torturas, masacres) no lo son? Muchas de estas preguntas siguen sin respuesta  normativa. En la práctica y en este caso, la respuesta es que el Presidente de Estados Unidos definió esa ‘línea roja’ y, ahora, que se ha establecido el uso de armas químicas, su credibilidad está en juego. La decisión de atacar a Siria podría justificarse por los intereses nacionales de Estados Unidos y para mantener la credibilidad de sus compromisos con sus aliados, especialmente Turquía e Israel; pero su justificación se aleja cada vez más de la R2P. Si se realiza un ataque militar contra Siria, la mayoría de la gente lo verá como el resultado de la realpolitik tradicional, en vez de como una heroica aplicación de los principios morales de la R2P. Y eso reducirá seriamente el apoyo a la R2P.

Por estas tres razones, es posible concluir que la doctrina de la R2P no recibe un apoyo tan extenso en la sociedad internacional como muchos de nosotros desearíamos. Por eso, muchos Estados, parlamentos (como el del Reino Unido) y opiniones públicas (como en EE. UU.) cuestionan ampliamente la legitimidad de una intervención militar en Siria.

Más allá de la legitimidad y la moralidad, está el problema de la legalidad. Sin una resolución del Consejo de Seguridad conforme al Capítulo VII de la Carta de la ONU, el uso de la fuerza no es legal, incluso para hacer cumplir la R2P, para frenar el genocidio o por cualquier motivo. El fin no justifica los medios. Incluso si es legítimo (como lo fue en el caso de Kosovo, pero es cuestionable en Siria) atacar al gobierno de Assad, sin un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU sería ilegal, tal y como fue ilegal la intervención de la OTAN en Kosovo. Como acertadamente señala el profesor Chimni, una intervención ilegal no legaliza otra. La contradicción es evidente: la violación de un principio de derecho internacional no puede ser castigada violando otro principio del derecho internacional. Es difícil ver cómo ayudaría este tipo de praxis a obtener una mayor aceptación de las normas de la R2P o un respeto más extendido por el e derecho en la sociedad internacional. Kosovo fue una anomalía: un dictador que nadie quería  intentó de manera flagrante cometer un genocidio. No tuvo éxito porque la intervención de la OTAN lo evitó y porque sus amigos rusos eran demasiado débiles. La distribución de poder ha cambiado mucho desde 1999, y Bashar Al Assad tiene muchos más amigos influyentes que los que tenía Milosevic.Finalmente, está la cuestión práctica de lo que podría lograr un ataque militar, incluso si fuera legítimo y legal, en la situación siria. ¿Cómo pueden los ataques militares detener el uso de armas químicas? La intervención propuesta sería en realidad un mero castigo, pero no resolverá la tragedia. Ayudar de verdad a las víctimas requeriría un compromiso muy costoso y de largo plazo. Sin embargo, el antecedente de las intervenciones en Irak y Afganistán pesa mucho: no fueron capaces de detener la matanza incluso con la presencia de tropas durante varios años. 

Muchos han señalado que cualquier acción militar creará más víctimas, más ‘daños colaterales’. Lanzar bombas sobre Belgrado desde 10 000 pies de altura para defender a los kosovares tampoco fue un asunto limpio y puro; basta recordar las bombas que cayeron en la embajada china. Además,  en el caso de Siria, debilitar al gobierno de Damasco podría beneficiar a los extremistas islamistas. Lanzar bombas desde los 10 000 pies de altura no detendrá la guerra, o el sufrimiento, o la tragedia. Más bien podría empeorar las cosas e internacionalizar más el conflicto.

Independientemente de si se lanza o no un ataque para sancionar el uso de armas químicas, si la preocupación humanitaria por el pueblo sirio es genuina, los gobiernos occidentales podrían hacer mucho más por movilizar a la comunidad internacional para que se ocupe del desastre existente con los refugiados y las personas que han sido desplazadas internamente a causa de esta matanza. Eso sería ampliamente legítimo, ciertamente legal y brindaría protección a millones de civiles inocentes que la requieren.

* * *

Este texto se escribió originalmente en inglés. Debido a las complejidades del lenguaje y a la posibilidad de que existan varias maneras diferentes de traducir determinadas palabras o frases, las discrepancias o diferencias creadas mediante la traducción no son vinculantes ni tienen efecto legal para fines de cumplimiento o ejecución. En caso de que surja alguna pregunta respecto a la información presentada en la versión traducida de este artículo, consulte la versión original y oficial en idioma inglés del mismo.