La vida en la Tierra, nuestro único hogar, está cambiando a un ritmo acelerado, y no necesariamente para bien. La pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, la escasez de agua dulce, la contaminación, la deforestación, la desertificación y la degradación de los suelos son las mayores amenazas para un planeta que es vida en sí mismo.

Este deterioro planetario es un hecho que dejó de ser solamente una noticia de cuando en cuando y se convirtió en un llamado, cada vez más universal e insistente, a unir esfuerzos colectivos y globales para construir, desde ya, nuevas formas de habitar este planeta. Ante este llamado urgente, el multilateralismo es un camino para potenciar acciones de común acuerdo entre gobiernos, países y otros actores que lideren la transformación de nuestros modos de vida y que fortalezcan, al mismo tiempo, la conservación de la naturaleza.

Las bases de la acción colectiva internacional por el medio ambiente

Los esfuerzos para la conservación de la naturaleza iniciaron hace más de un siglo con la fundación de organizaciones como la Fundación Zoológica de Frankfurt, Alemania, en 1858, y la Wildlife Conservation Society en Estados Unidos, en 1895, con el objetivo de proteger y conservar los ecosistemas y la biodiversidad silvestres. Ya en el siglo XX, el apoyo entre organizaciones y países aumentó con la creación, entre otras, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en 1948 en Francia, la primera unión medioambiental mundial que reunió a gobiernos y organizaciones de la sociedad civil en torno a la protección de la naturaleza; el World Wildlife Fund (WWF) en 1961 en Suiza, y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en 1972, que se considera la principal autoridad ambiental a nivel mundial.

A esto se sumó la constitución de cientos de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, y la firma de varios acuerdos internacionales para la conservación de la naturaleza o relacionados con este propósito, como la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano (1972), la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (1975), la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (1979), la Carta Mundial de la Naturaleza de la Asamblea General de la ONU (1982), el Convenio de Viena (1985), el Protocolo de Montreal (1987), el Convenio Ramsar (1971) o el Convenio Marco de la Diversidad Biológica (1992).

No obstante, estas acciones fueron en su mayoría ignoradas por los gobiernos, los tomadores de decisión de diferentes escalas (local, nacional, regional e internacional), los medios de comunicación (cuyo rol es vital para construir una sociedad informada y que comprenda su corresponsabilidad en la conservación de la naturaleza) y por la “gente de a pie”, los ciudadanos del común. Esto a pesar de las numerosas advertencias que realizaron varios científicos relacionadas con la pérdida de los bosques, el tráfico de especies silvestres y la escasez de agua en varias regiones del mundo. Fue sólo hasta finales de los años 1990 (o incluso años más recientes) que las alarmas se prendieron debido a amenazas (ahora sí) latentes, como el cambio climático o la pérdida de la biodiversidad.

Las principales organizaciones ambientales afirman que hoy, más que nunca, son necesarias “reformas urgentes” que cambien el rumbo de un mundo en el que la idea de desarrollo-progreso-mercado-economía-riqueza ha estado ligada a los intereses de unos pocos. A ellas se suman voces como las de Kevin P. Gallagher y Richard Kozul-Wright, que señalan que “las reglas y prácticas del comercio multilateral, la inversión y el régimen monetario están actualmente sesgadas a favor de los intereses financieros y corporativos globales y los países poderosos, dejando a los otros gobiernos nacionales, las comunidades locales, los hogares y las futuras generaciones a que asuman los costos que conllevan la inseguridad económica, la creciente desigualdad, la inestabilidad financiera y el cambio climático”.

Un cambio de rumbo

A finales de la década de 1980, se empezó a hablar de desarrollo sostenible, un concepto que la Comisión Brundtland (conformada en 1983 por la Asamblea General de la ONU) puso sobre la mesa para poner en evidencia la estrecha relación entre el desarrollo económico y social y el medio ambiente, así como las necesidades de las naciones más pobres. “La degradación medioambiental, considerada en primer lugar como un problema que atañe principalmente a las naciones ricas y como un efecto secundario de la riqueza industrial, se ha convertido en una cuestión de supervivencia para las naciones en desarrollo” fue una de las conclusiones del informe que presentó la Comisión en 1987 y que impulsó la realización en 1992 de la Conferencia sobre Medio Ambiente y Desarrollo en Río de Janeiro, que reunió a 172 gobiernos, políticos, diplomáticos, científicos y periodistas de todo el mundo y a más de 400 representantes de ONG.

La Declaración de Río, resultado de esta conferencia, buscó una nueva forma de cooperación, más equitativa, entre todos los Estados, por medio de acuerdos internacionales que respeten los intereses de todos, así como la protección ambiental y la administración de los recursos naturales integradas al desarrollo social y económico y la reducción de la pobreza.

Más allá de lo político, el consenso general es que esta declaración marcó una diferencia con respecto a los acuerdos previos. A la sociedad, a la “gente de a pie”, empezó a importarle el futuro ambiental del planeta, así como la participación de todos los pueblos en la conservación y en los beneficios que se derivan de la naturaleza (servicios ecosistémicos). Fue así que temas como la conservación de la biodiversidad y el cambio climático empezaron a definir la agenda ambiental, política, legal y económica mundial.

Según Raúl Estrada Oyuela y María Cristina Cevallos de Sisto , la Cumbre de Río significó, para América Latina y el Caribe, “cambios institucionales importantes” que se vieron reflejados en la promulgación de leyes ambientales, forestales, de la biodiversidad o o contra la deforestación y la desertificación; la creación o reformulación de programas/estrategias, planes o fondos nacionales de la biodiversidad; la creación de consejos o comisiones para asuntos ambientales, y acciones enmarcadas en la conservación y el desarrollo sostenible.

¿Todos en el mismo costal?

Los países más pobres o en desarrollo son los más afectados ante cualquier amenaza ambiental. El cambio climático, por ejemplo, impacta especialmente a los países de América Latina y el Caribe (además de África). Estas circunstancias son aún más complejas teniendo en cuenta que China y Estados Unidos son dos de las naciones que más generan gases de efecto invernadero (GEI), 30.3% y 13.4% del total mundial, respectivamente. Sin embargo, su responsabilidad climática es casi nula, ignorando tratados internacionales vinculantes, como el Protocolo de Kioto (1997), el cual compromete a los países industrializados a limitar y reducir las emisiones de estos gases de acuerdo a metas individuales acordadas colectivamente. El asunto es que, siguiendo con el ejemplo del cambio climático, éste no sólo agudiza la pobreza, sino que también obliga a muchos de los países de la región a asumir acciones climáticas (de captura de carbono, por ejemplo) que Estados Unidos, China y otros países desarrollados han decidido ignorar.

Hay un factor, o hecho, que ojalá fuera noticia hasta que comprendamos su dimensión, y es que la naturaleza tiene sus dinámicas propias y que funciona como un engranaje perfecto: está conectada a pesar de las distancias, de los límites políticos creados por la humanidad, y no obstante el ser humano. Un ejemplo de esta conexión son los llamados ríos voladores, un fenómeno del ciclo del agua en el que ésta viaja en forma de vapor desde el océano Atlántico y atraviesa la Amazonía, en donde absorbe la humedad que evapora esta gran selva tropical, hasta llegar a la cordillera de los Andes, a tres mil kilómetros del litoral, para luego favorecer las lluvias que caen sobre el sur de Brasil, Uruguay, Paraguay y el norte de Argentina, las cuales nutren cientos de hectáreas de cultivos agrícolas.

Pero esta dinámica y esta conectividad natural también hacen que los daños y las afectaciones se sientan en todo el mundo, a pesar de las distancias, los límites políticos, y no obstante el ser humano. ¿Qué pasaría con los ríos voladores ante la deforestación de la Amazonía? La respuesta es sencilla: sin bosques, dejaría de existir la evapotranspiración que impulsa y enriquece a estos ríos propiciadores de vida.

A una escala mayor, global, el ejemplo anterior explica que toda acción humana, para bien y para mal, afecta colectivamente; no hay efectos individuales (país/nación/gobierno). Ante una realidad presente y futura que no resulta tan alentadora, la conservación (de la biodiversidad, de los ecosistemas, de la vida silvestre, de los sistemas de vida ancestrales y tradicionales, etc.) es necesaria y urgente.

Un multilateralismo fortalecido y de largo aliento

La historia se repite. En 2015, la noticia mundial fue que el modelo de desarrollo actual es insostenible. Se adoptó, entonces, la Agenda 2030 de la ONU con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que priorizan “la igualdad y la sostenibilidad como principios rectores, compartidos y universales a la hora de transformar la senda de desarrollo y de articular las políticas de transformación productiva con los imperativos del cuidado ambiental”, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Los ODS dieron paso a otros acuerdos, como el Acuerdo de París (2016) para reducir las emisiones de GEI mediante acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, o el Marco de Sendai (2015) para la Reducción del Riesgo de Desastres, además de haber fortalecido procesos asociados a acuerdos anteriores.

Frente a los desafíos de siempre, América Latina y el Caribe tiene oportunidades en su capital natural que debe proteger y conservar, como los bosques de la Amazonía, la selva tropical más grande del planeta, capaz de capturar 10 veces las emisiones de dióxido de carbono del mundo; o el mar Caribe, los océanos Atlántico y Pacífico y los numerosos ríos que los alimentan, que son abundantes en recursos para la pesca, además de la riqueza y la diversidad biológica que se encuentra en sus ecosistemas terrestres y marinos, que son también el entorno natural de manifestaciones culturales y de modos de vida de cientos de comunidades étnicas y rurales. La conservación no se limita a lo natural.

Actualmente, en nuestra región se adelantan numerosos proyectos en este sentido: restauración de ecosistemas degradados para la conservación de especies, bienes, servicios y áreas protegidas; gestión sostenible de los recursos hídricos (cuencas y ríos); recuperación y manejo sostenible de áreas costeras y de la biodiversidad marina; conservación de los bosques para reducir las emisiones de dióxido de carbono producidas por la deforestación y la degradación de los bosques; conservación de especies endémicas (únicas de un lugar determinado y que solo pueden vivir allí) y en peligro de extinción, entre cientos de otros más.

Son acciones de conservación natural y cultural cuya sostenibilidad, más allá de los proyectos, depende de la cooperación en todos sus niveles (entre Estados, gobiernos, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, fondos públicos, financiadores, cooperantes, sector privado, academia y ciencia) para coordinar políticas ambientales y estrategias colectivas a gran escala (transfronterizas), dirigidas a conservar la naturaleza de los territorios y a procurar el bienestar de todos.

Este es el quinto artículo del e-book Tejiendo Lazos: El Futuro del Multilateralismo en América Latina publicado por democraciaAbierta