Protesta en defensa de la educación publica. Argentina 2018: Wikimedia Commons.

La serie openMovements invita a politólogos líderes en sus campos de investigación para compartir sus resultados y sus perspectivas sobre luchas sociales contemporáneas.

La evolución reciente del país desvela un territorio en disputa entre fuerzas sociales contrapuestas, identificándose tres grandes etapas que dan cuenta de las principales oscilaciones y pendularidades políticas.

La primera refiere al período marcado por la crisis general de 2001 que expresa el derrumbe de la hegemonía neoliberal alcanzada durante los 90. Involucra en su desarrollo la renuncia del presidente Fernando De la Rúa (1999-2000, Unión Cívica Radical-Alianza) en diciembre de dicho año y se prolonga con nitidez hasta 2003 con la asunción de un nuevo Gobierno electo. 

La segunda etapa, nos refiere al ciclo de gobierno iniciado por la presidencia de Néstor Kirchner (2003-2007), del  Partido Justicialista (PJ) y Frente Para la Victoria (FPV) y continuado luego por Cristina Fernández de Kirchner (PJ-FPV, 2007-2015).

En este ciclo se plantea una relación crítica con la herencia neoliberal, promoviendo un modelo  económico-social más vinculado al mercado interno y con mayor protagonismo del Estado en la economía y en la protección social.

Finalmente, el último período se abre a partir de la asunción de Mauricio Macri (Pro- Cambiemos, 2015-actualidad) que, haciendo honor al nombre de la coalición electoral, producirá una política contrastante con el ciclo previo, retomando la agenda de reformas neoliberales.

A continuación analizaremos brevemente para cada etapa episodios de protesta – destacados por su masividad e impacto en la direccionalidad política del país- que nos sirven de ejemplificación para desarrollar nuestro argumento. 

Multitudes desobedientes 

El siglo XXI, en términos históricos, comenzó en Argentina con la denominada crisis del 2001. El mecanismo constitutivo de la crisis que conduce al colapso de hegemonía neoliberal no puede reducirse a lo económico -la imposibilidad de pagar la creciente deuda externa-, la acción de resistencia de las distintas identidades que resisten los planes de ajuste y sus consecuencias sociales para asegurar el pago también debe ser tenida en cuenta.

Ésta resistencia, como es habitual en el marco de procesos de resistencia al neoliberalismo, fue múltiple y variada en su composición social.

Precedidas por huelgas, movilizaciones y una creciente ola de saqueos a comercios, las jornadas de los días 19 y 20 de diciembre fueron los puntos máximos de la protesta. El presidente en la noche del 19 declaró el estado de sitio como mecanismo de contención de la acción colectiva.

En diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires el discurso del presidente anunciando el estado de sitio fue respondido masivamente con cacerolazos y manifestaciones espontáneas que rápidamente inundaron la ciudad.

Lejos del resultado esperado, emergió súbitamente la desobediencia civil generalizada. Con eje en las capas medias de la población, la base social originaria del gobierno, en diversos barrios de la Ciudad de Buenos Aires el discurso del presidente anunciando el estado de sitio fue respondido masivamente con cacerolazos y manifestaciones espontáneas que rápidamente inundaron la ciudad.

El desafío a la disposición presidencial, entrañó con nitidez un reclamo destituyente: “Que se vayan todos, que no quede ni uno sólo” se transformó rápidamente en la consigna de las movilizaciones del período. El día 20, las movilizaciones continuaron esta vez convocadas por organizaciones sociales y políticas.

La fuerte represión policial intentando despejar las inmediaciones de la casa de Gobierno, derivó en intensos enfrentamientos con manifestantes. Finalmente, el presidente se vio forzado a renunciar por la falta de apoyo y legitimidad para continuar en el cargo. El principal partido de la oposición, el  justicialismo impuso los términos de la sucesión.

Luego de la sucesión caótica de diversos presidentes provisionales, asumió interinamente la presidencia de Eduardo Duhalde, senador del PJ y ex candidato presidencial derrotado por De La Rúa en 1999. 

El estado de ánimo ciudadano se prolonga en los meses subsiguientes. Se vive en las calles una tendencia a la autonomía en distintos grupos sociales.

Asambleas barriales procuran prolongar la indignación ciudadana en términos de cambio social, trabajadores desobedeciendo el desempleo asumen colectivamente el mando de las empresas en crisis que los empleaban y el movimiento piquetero –trabajadores desocupados- surgido a fines de los 90 se consolida y gana en su capacidad de movilización.

Es el tiempo de las asambleas y de la acción directa en el espacio público. Es la etapa también de la experimentación en la búsqueda de formas alternativas de producción y de cultura. 

La protesta planteó un fuerte desafío al gobierno provisional. Una de las respuestas gubernamentales fue la represiva. El asesinato de dos militantes en el marco de una represión a una protesta piquetera el 26 de junio de 2002 fue la expresión más acabada de este intento represivo por contener la protesta.

La ola de indignación y protesta desatada llevó a un cambio de estrategia, convocándose a elecciones como salida ante la crisis de legitimidad. De estas elecciones se consagraría presidente Kirchner.

Las acciones descriptas al resistir los procesos de expropiación y exclusión, al impugnar el ordenamiento político, limitaron la viabilidad de las políticas a llevar a cabo y construyen el escenario que precipita la caída del gobierno de De la Rua.

Si bien otras formas de la política -y otros actores- son determinantes en dicha caída y en la transición política abierta, la forma que ésta asume no puede explicarse sin la presencia de la acción colectiva en las calles. Su contenido fue más destituyente que instituyente: expresó capacidad de veto más que de construcción de una alternativa política.

Sin embargo, los acontecimientos de los tiempos de crisis dejaron profundas huellas en los tiempos por venir. Conformaron nuevas culturas de lucha con una fuerte predisposición a la acción directa y a la desobediencia a la autoridad que se van a activar y recrear a posteriori.

Pero, sobre todo, dejarán latente en la memoria colectiva que el humo de la política en las calles siempre puede volver. La acción colectiva quedará así anclada como horizonte de amenaza destituyente.

Las movilizaciones de “arriba

El ciclo político  de los gobiernos de N. Kirchner y C. Fernández de Kirchner está signado por una impronta crítica de las tendencias dominantes en el período previo, que lo sitúa en el amplio abanico de las experiencias de gobiernos progresistas latinoamericanos. El origen del gobierno de N. Kirchner estuvo marcado por la crisis general de 2001.

Sin representar un gobierno de los grupos movilizados durante la crisis, procuró recomponer el orden social retomando selectivamente los reclamos de las luchas sociales del período previo, planteando una agenda reformista en distintos campos. En dicha recomposición el espacio de la política ganó márgenes de autonomía del poder económico.

En su construcción política promovió apertura y reconocimiento hacia los actores movilizados, impulsando concesiones activas hacia sus demandas. En esta dirección el movimiento sindical, el de derechos humanos y otras organizaciones sociales representaron apoyos significativos a lo largo del ciclo. 

Con el desarrollo del ciclo, los principales cuestionamientos en las calles no provendrán tanto de “abajo” –desde los sectores populares- como desde “arriba” –sectores más acomodados de la población-. El retroceso político institucional de sectores de las clases dominantes condujo a la emergencia de procesos de movilización en defensa de sus intereses.

Fue en 2008 cuando estos se expresen por primera vez con nitidez en el denominado “conflicto del campo”. Dicho conflicto logró politizar, movilizar y polarizar la sociedad como ningún otro en la etapa.

En marzo de dicho año, el recientemente electo gobierno C. Fernández de Kirchner, con el objeto de resolver un problema fiscal en ciernes, elevó la alícuota de retención a la exportación de diversos granos, en especial a la soja, y vinculó su variación a la del precio internacional de los productos.

Las principales entidades corporativas del sector se unificaron en reclamo de la derogación de la medida y convocaron a no comercializar granos ni carne estableciendo controles de las rutas para garantizar la efectivización de la medida. Se constituyó así un movimiento social que, a semejanza de los desarrollados por los sectores populares, centró su movilización en la acción directa y la práctica asamblearia.

Pero el conflicto excedió lo agrario, movilizando a la oposición social y política al gobierno, especialmente a aquellos sectores que se sentían disconformes por las medidas reformistas del mismo.

Pero el conflicto excedió lo agrario, movilizando a la oposición social y política al gobierno, especialmente a aquellos sectores que se sentían disconformes por las medidas reformistas del mismo. En un país urbano desde larga data, la lucha contra las retenciones involucró y alineó al conjunto de la población, paralizando al país y desabasteciendo a los principales centros urbanos.

Finalmente, ante la prolongación del conflicto el gobierno solicitó la aprobación por el Parlamento de la medida. La misma fue rechazada en el Senado. Un año después, el gobierno vio disminuido marcadamente su caudal electoral en las elecciones legislativas, perdiendo la mayoría parlamentaria.

El segundo gran momento de las movilizaciones de arriba es el ciclo de cacerolazos que surge en 2012 luego de la contundente reelección de Fernández de Kirchner con más del 54% de los votos en el año precedente. Estas protestas tendrán sus expresiones más masivas el 13 de septiembre, el 8 de noviembre de 2012 y el 18 de abril de 2013.

A diferencia del conflicto del campo, no hubo un reclamo específico que las articule más allá de expresar la indignación y oposición al gobierno nacional. A diferencia de los cacerolazos de 2001 no se produjeron en la base social del gobierno; por el contrario, a pesar de su masividad no lograron trascender el núcleo duro de la oposición social al gobierno con su eje en las capas medias-altas de la población.

El impacto central de estas multitudes indignadas fue el de mantener movilizada a la oposición social al gobierno y desgastar su triunfo electoral obstaculizando la posible consolidación de un proceso hegemónico dada las condiciones de debilidad de la oposición política.

Las movilizaciones de arriba configuraron principalmente una función de oposición social. Sus puntos máximos se alcanzaron en dos años no electorales con fuerte debilidad de la oposición política, 2008 y 2012, donde estas movilizaciones fueron las más masivas que se registraron.

En 2015, el calendario correrá el eje, de la oposición social a la política. El ciclo tiene su cierre a partir de la confrontación electoral, triunfando en un ajustado ballotage Macri, el exponente político más antagónico al proyecto kirchnerista.

Resistencias populares a la nueva reestructuración neoliberal

El gobierno de Macri procuró desde su inicio una reestructuración del capitalismo argentino, con una orientación neoliberal en lo económico y en términos políticos la búsqueda del disciplinamiento social, en el marco de la cual se va a desarrollar una creciente política represiva sobre los sectores populares.

La determinación de reestructuración va a encontrar uno de sus obstáculos más significativos en la protesta social. El movimiento sindical, los movimientos de los trabajadores de la economía popular, las organizaciones de derecho humanos, el renovado movimiento de las mujeres, representan los componentes centrales del amplio arco de resistencia a los cambios político-sociales.

Un conjunto de episodios de protesta social en diciembre de 2017, muestran con nitidez nuevamente el rol político de la protesta. Luego de su triunfo en las elecciones legislativas de medio término en octubre, el gobierno redobló su apuesta de contrareforma teniendo como eje entre otros ámbitos el terreno laboral, el previsional y el impositivo.

La reforma previsional que consistió básicamente en el cambio del índice de actualización de las jubilaciones – implicando una disminución de las mismas- representó el eje de la resistencia. El día de su tratamiento parlamentario, una masiva movilización de sindicatos y organizaciones sociales en la plaza del congreso fue ferozmente reprimida.

No obstante, muchas de las columnas de manifestantes luego de sufrir la represión, se reorganizaron y volvieron a ingresar a la plaza. Finalmente, ante reclamos de la oposición la sesión se levantó. Pocos días después, la amplia oposición social a la reforma se expresó en otra masiva movilización ante una nueva sesión en el congreso, que incluyó un paro general de actividades.

La concentración derivó rápidamente en enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y centenares de manifestantes que atacaron con palos y piedras las columnas policiales. Las masivas columnas de manifestantes procuraron permanecer en la plaza a pesar de la represión, hasta que finalmente la intensidad de la misma logró desalojar el área.

Posteriormente, las fuerzas de seguridad practicaron una cacería de manifestantes por el centro de la ciudad con inusitada violencia, representando el episodio de violencia colectiva más importante en el marco de una protesta social desde las jornadas de diciembre de 2001.

La represión no apagó la indignación, y por la noche, Buenos Aires y otras ciudades fueron sacudidas por cacerolazos que protestaron contra la reforma del gobierno.

Pero la represión no apagó la indignación, y por la noche, Buenos Aires y otras ciudades fueron sacudidas por cacerolazos que protestaron contra la reforma del gobierno. Finalmente, el proyecto con modificaciones menores es sancionado. La reforma avanzó, pero no sin costos sobre la legitimidad del gobierno incluso entre sus votantes.

También terminó de dañar el principio de acuerdo que existía entre el gobierno y la cúpula de la principal central sindical en torno a la reforma laboral obligando al gobierno a retirar su debate. El resultado del conflicto muestra que la protesta social en condiciones de debilidad de la oposición política es un modo central de canalizar el malestar social.

Pero hasta el momento, en líneas generales, impone obstáculos y modificaciones paliativas a las reformas sin poder detener la tendencia del cambio social.

Las imágenes de barricadas con humo en el centro de la ciudad de Buenos Aires y de ciudadanos protestando con cacerolas en los barrios, rememoran postales del 2001, mostrando la vigencia de la protesta como vehículo político ciudadano en la Argentina actual y, también las dificultades para su contención represiva.

Reflexiones finales

En la Argentina reciente, la protesta social es un mecanismo político de carácter informal que desborda y complementa a las instituciones clásicas de la democracia representativa, expresando demandas al sistema político institucional. Uno de sus impactos centrales en términos políticos es negativo, siendo su principal rol la obstaculización de acciones de gobierno.

Ante la debilidad de los partidos políticos, en particular de aquellos de la oposición, la protesta se configura como forma privilegiada de oposición social en diversos momentos. Este carácter conduce reiteradamente a que los ciclos masivos de protesta se nutran en su composición de las posiciones en la estructura social que tienden a no formar parte de la base de la alianza de gobierno.

En 2001, el carácter destituyente adquirió tal intensidad precisamente porque una parte sustantiva de la base social del gobierno se movilizó en su contra.

Por otra parte, la predisposición a la protesta en la población, hace que la misma se convierta en un relevante horizonte de restricción de la política pública. La protesta como horizonte incide significativamente en decisiones de gobierno en diversos ámbitos.

Para concluir, argumentar sobre la relevancia política de la faceta negativa de la protesta, no implica desconocer su impacto en lograr políticas o incorporar nuevas demandas en la agenda pública y mucho menos desconocer su rol en otros ámbitos como el cultural o el gremial.

En estas páginas hemos procurado argumentar la relevancia de uno de sus impactos con la presunción de su fuerte relevancia. En nuestra opinión, la protesta ha colaborado más directamente en destituir gobiernos que en instalarlos, en resistir políticas que en lograr su efectivización.

Pero más allá de la jerarquía entre sus diferentes impactos, la protesta es, sin lugar a dudas, una de las formas que asume la disputa por el destino del país. Lucha que, más allá de la determinación del actual gobierno, permanece abierta, y que encuentra en las calles un terreno privilegiado de su expresión.