La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es buscar que se cumplan los derechos humanos en la región. Una de sus funciones es visitar a los Estados miembros para examinar la situación de esos derechos en caso de sospechas o denuncias de violaciones, como ha sido el caso de Colombia.
El 8 de junio, casi dos meses después de haberse tramitado la petición, la CIDH llegó a Colombia. Su propósito era hacerle un seguimiento a la situación de las marchas bajo la figura de "visita de trabajo". Entre el 8 y el 10 de junio la delegación se reunió con diferentes actores de la sociedad civil y con autoridades distritales, municipales y nacionales, así como con la representante de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para verificar qué estaba pasando.
En ese lapso de tiempo logró recopilar 302 testimonios individuales y colectivos que posteriormente fueron sistematizados y analizados. Finalmente, la CIDH publicó un informe el 7 de julio de 2021 en el que hace importantes recomendaciones al Estado colombiano sobre los siguientes asuntos: el derecho a la protesta social; el uso excesivo y desporporcionado de la fuerza en el marco de las protestas; la violencia basada en género y la discriminación étnico-racial; la asistencia militar, los traslados por protección y desapareciones de ciudadanos; la violencia contra periodistas y misiones médicas; y los cortes de ruta, conocidos como bloqueos en Colombia.
Las dos grandes recomendaciones que hace en su informe la CIDH, y que fueron recibidas con polémica por gobernantes y opinadores colombianos, son: uno, que se separe a la Policía del Ministerio de Defensa y, dos, que los funcionarios elegidos por voto popular solo puedan ser destituidos o separados de su cargo por orden de un juez penal.
En el informe la CIDH hizo, además, énfasis en que existe un "clima de polarización" en Colombia que se debe, según ellos, a la "discriminación estructural étnico-racial y de género" existente en el país. Esta afirmación es un serie toque de alarma porque señala una discriminación de género y racial que existe desde estructuralmente en Colombia y que, en el marco de las protestas, salió a relucir en toda su crueldad.
Separación de la Policía y el Ministerio de Defensa
Tal vez la recomendación más enfática de las 48 páginas del informe sea la de separar a la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) del Ministerio de Defensa con el "fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y que evite toda posibilidad de perspectivas militares". Con esto, la CIDH lo que afirma es que la Policía y el Ejército deben estar separados, y que no pueden usarse y prácticas propias de los militares en contra de la protesta civil. Esto, que resulta una obviedad en las democracias avanzadas de todo el mundo, sigue representando un verdadero déficit democrático para Colombia.
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