Cada 20 de julio los y las colombianas celebran su independencia de España. Las calles de la ciudad capital, Bogotá, y de otras ciudades del país se llenan con un desfile festivo que incluye aviones militares en formación, comparsas y bandas de música.

Este 20 de julio, sin embargo, habrá otro desfile que indicará el grado de tensión social en el que vive instalado el país: la de los jóvenes, las madres, en fin, la de todos los colombianos inconformes con el gobierno, sus políticas públicas, la desigualdad y el manejo de la pandemia.

Ante la tentación que pueda existir de repetir los mismos errores en la represión de las manifestaciones recientes, es importante recordar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó oficialmente Colombia para evaluar las implicaciones de las protestas que estallaron en mayo y que lograron desestabilizar al país y que entregó una serie de observaciones y recomendaciones que el gobierno debería respetar.

Las recomendaciones de la CIDH

El 14 de mayo, dos semanas desde el comienzo de las protestas en Colombia, la CIDH le pidió al Estado colombiano visitar oficialmente el país, atendiendo a las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por parte de la fuerza pública.

En un principio, el gobierno colombiano le pidió a la CIDH que esperara hasta que ellos pudieran investigar la situación. Unas semanas después, sin embargo, accedieron a la visita en respuesta a la presión creciente de la opinión pública.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) es un órgano independiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo objetivo es buscar que se cumplan los derechos humanos en la región. Una de sus funciones es visitar a los Estados miembros para examinar la situación de esos derechos en caso de sospechas o denuncias de violaciones, como ha sido el caso de Colombia.

El 8 de junio, casi dos meses después de haberse tramitado la petición, la CIDH llegó a Colombia. Su propósito era hacerle un seguimiento a la situación de las marchas bajo la figura de "visita de trabajo". Entre el 8 y el 10 de junio la delegación se reunió con diferentes actores de la sociedad civil y con autoridades distritales, municipales y nacionales, así como con la representante de la Oficina de Naciones Unidas en Colombia para verificar qué estaba pasando.

En ese lapso de tiempo logró recopilar 302 testimonios individuales y colectivos que posteriormente fueron sistematizados y analizados. Finalmente, la CIDH publicó un informe el 7 de julio de 2021 en el que hace importantes recomendaciones al Estado colombiano sobre los siguientes asuntos: el derecho a la protesta social; el uso excesivo y desporporcionado de la fuerza en el marco de las protestas; la violencia basada en género y la discriminación étnico-racial; la asistencia militar, los traslados por protección y desapareciones de ciudadanos; la violencia contra periodistas y misiones médicas; y los cortes de ruta, conocidos como bloqueos en Colombia.

Las dos grandes recomendaciones que hace en su informe la CIDH, y que fueron recibidas con polémica por gobernantes y opinadores colombianos, son: uno, que se separe a la Policía del Ministerio de Defensa y, dos, que los funcionarios elegidos por voto popular solo puedan ser destituidos o separados de su cargo por orden de un juez penal.

En el informe la CIDH hizo, además, énfasis en que existe un "clima de polarización" en Colombia que se debe, según ellos, a la "discriminación estructural étnico-racial y de género" existente en el país. Esta afirmación es un serie toque de alarma porque señala una discriminación de género y racial que existe desde estructuralmente en Colombia y que, en el marco de las protestas, salió a relucir en toda su crueldad.

Separación de la Policía y el Ministerio de Defensa

Tal vez la recomendación más enfática de las 48 páginas del informe sea la de separar a la Policía Nacional y su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) del Ministerio de Defensa con el "fin de garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y que evite toda posibilidad de perspectivas militares". Con esto, la CIDH lo que afirma es que la Policía y el Ejército deben estar separados, y que no pueden usarse y prácticas propias de los militares en contra de la protesta civil. Esto, que resulta una obviedad en las democracias avanzadas de todo el mundo, sigue representando un verdadero déficit democrático para Colombia.

Para verificar que esto se cumpla, especialmente en protestas como las de hoy, 20 de julio, la CIDH creó un Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos. Esto quiere decir que habrá un equipo cuyo único objetivo será darle seguimiento a la implementación de las recomendaciones. Es cierto que el presidente Iván Duque anunció una reforma a la Policía, pero frente a esto la Comisión dijo que espera que el enfoque sea velar por la protección ciudadana y que se haga con respeto a estándares internacionales.

¿Son de obligado cumplimiento las recomendaciones de la CIDH?

La respuesta es no. A pesar de que muchos de los asuntos que menciona la Comisión son puntos constitucionales en el país del café, sus mandatarios no tienen obligatoriamente que ceñirse a las recomendaciones de la CIDH gracias al principio de soberanía.

La posibilidad de separar Policía y Ministerio de Defensa ha sido analizada desde antes, pero el Gobierno ha dicho que, al menos en el corto o mediano plazo, no va a ser implementada. Aunque en la mayoría de países democráticos del mundo la Policía depende del Ministerio del Interior y no del de Defensa, por cuenta del conflicto armado en Colombia, que pretende eternizarse pese al acuerdo de paz con las Farc del 2016, la Policía asimiló estructuras y formación de corte militar, que hoy el gobierno sigue considerando necesarias por ser, dicen, el cuerpo de choque contra el narcotráfico.

Pero este discurso, en sí mismo discutible, entra en total conflicto, como fue evidente en las protestas, cuando la Policía implementa estos mismos manejos frente a civiles que se manifiestan en el espacio público.

Los y las colombianas salen a marchar hoy en este escenario de incertidumbre, con un gobierno en rebeldía ante la CIDH, que se niega a dar un paso al frente y a profundizar de una vez su sistema democrático, a normalizar su gobernanza del orden público y a poner coto a sus tácticas represivas abusivas que comportan, a la postre, violaciones intolerables de los derechos humanos.

Queda por ver cuál será la respuesta del presidente y su gobierno en esta ocasión: si persiste en la ola represiva, claramente descalificada por la sociedad civil y la comunidad internacional, y desafortunada, o si opta por un enfoque más democrático, lo que sería un poco más acorde con lo que el mismo gobierno de Colombia dijo sobre la represión de las protestas en Cuba: “el gobierno debe ser más tolerante”.