“Cuando los madereros nos contactaron, salimos de la selva. Entonces llegó la enfermedad. No sabíamos qué era una gripe. La mitad de nosotros murió. Murió mi tía, murió mi sobrino. La mitad de mi pueblo murió”. Así escucho a Jorge, indígena murunahua de Perú, hablar de cómo fue su primer contacto. Podríamos pensar que es una historia del pasado, pero esta tragedia se repite una y otra vez entre los pueblos no contactados, los más vulnerables del planeta.

Concesiones para la explotación de hidrocarburos, extracción maderera “legal” e ilegal, minería a cielo abierto, contaminación de los ríos, incendios, narcotráfico, trata… y ahora también Covid. Los frentes que amenazan la supervivencia de los pueblos indígenas no contactados en Perú van en aumento. Sin embargo, como respuesta ante tal emergencia y lejos de amedrentarse, la movilización de las organizaciones indígenas y sus aliados alrededor del mundo ha tomado aún más fuerza y juntos vienen exigiendo al Gobierno de Perú que cumpla inmediatamente con su deber de proteger los territorios y las vidas de los pueblos indígenas no contactados.

Existen en todo el mundo más de un centenar de pueblos indígenas que no mantienen contacto regular con la sociedad mayoritaria y que rechazan el acercamiento de foráneos. Son los conocidos como “pueblos no contactados” o “en aislamiento” y se encuentran en la Amazonía, el Gran Chaco, las islas Andamán (en el océano Índico) y Papúa Occidental. Son supervivientes de contactos pasados que resultaron en masacres de sus pueblos como consecuencia de la violencia y las enfermedades que les llevaron los invasores no indígenas.

Perú es el segundo país del mundo con mayor número de pueblos no contactados, solo detrás de Brasil, y la extensa frontera amazónica entre los dos países constituye la denominada frontera de los no contactados, la región del planeta con mayor concentración de grupos en aislamiento.

La Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la propia legislación nacional (Ley N° 28736 para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial) entre otros, reconocen el derecho a la autodeterminación de los pueblos no contactados, quienes nos muestran claramente que rechazan el contacto, y establecen que el Estado peruano tiene el deber de proteger su vida. La historia nos demuestra que cuando sus tierras son protegidas estos pueblos no solo sobreviven, sino que también prosperan. Por eso, la forma de protegerlos es a través de la delimitación y protección de sus territorios, en Perú llamados reservas indígenas.

Pero ninguno de los derechos de los que gozan hoy los pueblos indígenas de todo el mundo han sido regalados. Todos y cada uno de ellos han sido derechos luchados y conquistados. En Perú, las organizaciones indígenas siguen luchando, sin descanso y pese a las dificultades, para defender la vida de sus parientes no contactados.

En la actualidad, en Perú existen seis reservas indígenas solicitadas a favor de los pueblos no contactados que están en proceso de ser establecidas por el estado (R.I. Kakataibo, R.I. Yavarí-Tapiche, R.I. Yavarí-Mirim, R.I. Napo-Tigre, R.I. Sierra del Divisor Occidental y R.I. Atacuari). Sin embargo, excepto Atacuari (solicitada en 2020), todas las reservas fueron solicitadas por las organizaciones indígenas hace entre 15 y 28 años, lo que supera con creces todos los límites temporales establecidos por ley. El Ministerio de Cultura (el órgano encargado de los pueblos indígenas) continúa dilatando los procesos y alega que las reservas se encuentran “en trámites”. Pero ¡ningún procedimiento que tenga por objetivo salvaguardar la vida puede demorar 28 años!

Esta actitud, mantenida por el Estado durante décadas, es ilegal, inmoral y genocida y denota la falta absoluta de voluntad política de proteger a los pueblos no contactados. Esta falta de interés no es casual. El lobby de las empresas extractivas que codician estos territorios, ricos y biodiversos por ser gestionados por los mejores guardianes de la naturaleza, es muy fuerte y se suma a la ambición por obtener beneficio económico de algunos sectores del Estado.

Mientras las reservas indígenas siguen sin establecerse, el Gobierno continúa reactivando las concesiones forestales y otorgando licencias a la explotación de hidrocarburos, minerales y otros recursos que se superponen a los territorios de los no contactados, condenándolos a muerte. Los invasores siguen entrando en los territorios, destruyendo la selva e introduciendo enfermedades contra las que los pueblos no contactados no tienen defensas. En definitiva, unos y otros se enriquecen a costa del exterminio de pueblos enteros. Es un escándalo y como tal hay que tratarlo.

La situación es crítica. Prueba de ello es que en los últimos meses se ha documentado la presencia de algunos de estos grupos en zonas que no suelen frecuentar. Sabemos que este tipo de comportamientos pueden darse cuando se sienten amenazados en sus territorios y huyen del contacto.

Ante la emergencia, la organización indígena ORPIO ha escalado su denuncia al nivel internacional y ha presentado una petición formal ante la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para que obligue al Gobierno a acelerar y proteger definitivamente las seis reservas indígenas y a promulgar las medidas necesarias para garantizar la salud y el bienestar de los indígenas no contactados que habitan en ellas, teniendo en cuenta la pandemia de Covid-19 que azota intensamente el país y la invasión de foráneos en las reservas.

Paralelamente, los aliados de los pueblos indígenas y Survival International se han movilizado por la supervivencia de los pueblos no contactados y más de 7.000 emails provenientes de ciudadanos de todo el mundo han inundado los correos del presidente Francisco Sagasti, del ministro de Cultura Alejandro Neyra y del ministro de Justicia y Derechos Humanos Eduardo Vega, instándolos a proteger las vidas de los pueblos no contactados.

Y parece que la presión nacional e internacional están surtiendo efecto. Tras décadas de ardua lucha de las organizaciones indígenas, el Estado ha dado un paso en las últimas semanas y ha aprobado la creación de dos de las seis reservas indígenas (Kakataibo tras 28 años y Yavarí Tapiche tras 15 años). Aunque aún están pendientes de ser publicadas en Decreto Supremo, es un gran logro para los pueblos indígenas de Perú y para toda la humanidad.

El Gobierno de Perú debe saber que los ataques a los indígenas de su país constituyen no solo una agresión al corazón y al alma de su nación sino también una amenaza para todo el planeta. Como dice mi buen amigo Bernardo, tuxaua (líder espiritual) del pueblo Sateré Mawé de Brasil: “Los pueblos indígenas son bibliotecas vivas. Son los guardianes, cuidadores y jardineros de la Amazonía y del planeta. Cada vez que un pueblo es exterminado, un rostro de Tupãna [deidad] muere; el cosmos, el planeta y toda la humanidad se empobrecen”.

Los pueblos indígenas han sido y son ejemplo de resistencia y de que otros modos de vida son posibles. A través de sus organizaciones, y con el apoyo de sus aliados alrededor del mundo, seguirán presionando hasta que todas las reservas indígenas sean protegidas legal y permanentemente, y todas las empresas extractivas sean expulsadas de los territorios de los que dependen los pueblos no contactados para sobrevivir.