Rio de lodo del Parapoeba (27/1/2019) tras el colapso de la represa de Vale S.A. en Brumandinho, Minas Gerais, Brasil. (Foto: Cadu Rolim/Fotoarena/Sipa USA). PA Images. Todos los derechos reservados.

¿Qué valor tiene la vida humana cuando se interpone en el camino de la ganancia?

Esta pregunta alarmante surgir al comparar las respuestas dadas a los dos derrumbes más recientes en Brasil -el desastre de Mariana en 2015 y el derrumbe de la presa de Brumadinho en enero 2019- con la situación de sus homólogos Europeos, particularmente el derrumbe de la presa de Los Frailes en Aznalcóllar, España, en 1998, y el derrumbe de la presa de Kolotovar en Hungría, en 2010.

Noticias como la catástrofe humana y ambiental en la región de Minas Gerais en Brasil, donde el colapso de una represa de relaves de mineral de hierro mató al menos a 165 personas y donde casi 160 siguen desaparecidas según el Ministerio de Defensa Civil, nos transportan de regreso al 2015.

Al igual que en 2015, hay pruebas que demuestran que el gigante minero brasileño VALE sabía de la fragilidad de sus represas.

Descrito como "el peor desastre ambiental de Brasil", el colapso de la represa de desechos del mineral de hierro de Mariana, que causó la muerte de 19 personas, desplazó a 375 familias. Ubicada a sólo 120 kilómetros del desastre más reciente, es evidente que no se logró avanzar en términos de la urgente rerforma de unas leyes ambientales que permitan un mayor control sobre la enorme industria minera de Brasil y garanticen la protección y dignidad de la vida humana y natural.

Al igual que ocurrió en 2015, hay pruebas que demuestran que el gigante minero brasileño VALE sabía de la fragilidad de sus represas.

En 2013, agencias ambientales, como el Instituto Prístino de Brasil, mostraban su preocupación por la seguridad de la presa de Mariana. Hace tan sólo unos días, Reuters publicó una investigación exclusiva sobre un informe de octubre de 2018 titulado "Resultados de la gestión de riesgos geotécnicos". Realizado por ingenieros especializados, el informe clasificaba la presa de Burmadinho como "dos veces más propensa a colapsar que el nivel máximo de riesgo tolerado según las directrices internas".

Un punto de preocupación adicional, como revela Reuters, es que otras nueve presas de las 57 examinadas fueron catalogadas como en "zona de atención".

Como en el 2015, poco se ha hecho para poner a VALE y a toda la industria minera de Brasil bajo un control más estricto.

En una ceremonia organizada en 2012 por Public Eye y Greenpeace Suiza, VALE recibió la distinción de ser la corporación con el mayor "desprecio por los derechos humanos y ambientales" del mundo.

De hecho, en ambos casos la empresa estaba a punto de ampliar significativamente su producción justo antes de que ocurrieran los dos accidentes. Esto lo hizo sin aceptar responsabilidad alguna por su indudable rol como causante de los daños.

En una ceremonia organizada en 2012 por Public Eye y Greenpeace Suiza, VALE recibió el premio a la corporación con el mayor "desprecio por los derechos humanos y ambientales" del mundo. Construcciones en mitad de la selva amazónica, el desplazamiento de familias en Mozambique para hacer exploraciones de carbón, o la expulsión del pueblo indígena karonsi'e en Indonesia para construir una mina de níquel, son sólo algunas de las hazañas de VALE que justificaron este vergonzoso premio.

La mayoría de las víctimas de Brumandinho son empleados de Vale y sus familias, y podrían recibir algún tipo de compensación.

No obstante, en el caso de la presa de Mariana, las compensaciones resultaron especialmente problemáticas, ya que las víctimas eran principalmente las comunidades indígenas que vivían en la zona, como la tribu Krenak, la cual se vio considerablemente afectada por el colapso.

Dos precedentes europeos

Mina de Los Frailes, Sevilla, España. Foto: Ecologistas en Acción. Todos los derechos reservados.

Cuando se rompió la presa de zinc, cobre, plomo y plata en Aznalcóllar en abril de 1998, un diluvio de metales pesados se extendió por nueve municipios de la provincia de Sevilla, incluyendo la reserva de humedales más importante de Europa, el Parque Nacional de Doñana.

Las consecuencias ambientales del desastre fueron enormes: justo después del colapso de la presa, toda la vida acuática del cercano río Guadiamar desapareció y se recogieron más de 30 toneladas de peces muertos en las riberas.

Tras una importante inversión de al menos 300 millones de euros en labores de descontaminación, una década más tarde los científicos medioambientales declararon que el suelo que rodea a Aznalcóllar se había "recuperado razonablemente bien".

Sólo cuatro meses después de este alentador anuncio, en octubre de 2010, Europa fue testigo del colapso de otra presa.

Inmediatamente después del desastre, el gobierno húngaro aprobó una ley que permitiría al Estado tomar el control de empresas responsables de catástrofes ambientales.

Cerca de la ciudad de Ajka, al oeste de Hungría, el derrumbe de un dique en uno de los once depósitos de residuos que rodean una planta de aluminio provocó un vertido de lodos rojos y grises en la zona, acumulados durante más de 50 años de producción de aluminio. Diez personas fallecieron como consecuencia del desastre, mientras que varios cientos resultaron heridos y dieciséis asentamientos fueron afectados.

Inmediatamente después del desastre, el gobierno húngaro aprobó una ley que permitiría al Estado tomar el control de empresas responsables de catástrofes ambientales, e impuso un consejo de administración que duró casi un año, compuesto por trece miembros, con el fin de supervisar MAL Hungarian Aluminium.

Uno de los resultados de esta presión fue el paso de la tecnología húmeda a la seca, mucho más segura en cuanto a la protección de residuos en el interior de las presas y capaz de evitar un posible colapso de éstas a causa de los movimientos naturales del suelo.

¿Qué pasó con las empresas que operaban las presas después de los accidentes, la multinacional sueca Boliden Apirsa a cargo de Aznalcóllar y Magyar Aluminium Zrt (MAL), propietaria de la planta de Kolontar?   

En ambos casos, las empresas encargadas de la producción minera trataron de eximir su culpabilidad alegando que habían recibido todos los permisos necesarios por parte de las autoridades estatales responsables.

Mientras que el tribunal español dictaminó que la causa principal del colapso de la presa era el "defecto impredecible" en la estructura de la presa, los procedimientos en Hungría dieron lugar a una resolución más esperanzadora.

En 2007, España aprobó una Ley de Responsabilidad Ambiental, que incluye la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños ambientales.

El tribunal húngaro atribuyó la responsabilidad principal del colapso a la falla estructural de la balsa. Sin embargo, reconoció que la negligencia del personal de la MAL también tenía una responsabilidad secundaria. A fin de cuentas, el Estado liquidó la empresa en 2013, la volvió a poner en manos del Estado y arrestó a su director ejecutivo junto con otros funcionarios.

Aunque la responsabilidad de Boliden en el colapso de la mina de Aznalcóllar no pudo probarse retroactivamente, el accidente llevó a una reevaluación de la legislación sobre residuos y al reconocimiento de la necesidad de un mayor control sobre la gestión de residuos en Europa y España. De esta manera, en 2007, España aprobó una Ley de Responsabilidad Ambiental, que incluye la responsabilidad de los operadores de prevenir, evitar y reparar los daños ambientales.

Tras la catástrofe de Kolontar, Hungría propuso la creación de un mecanismo europeo para compartir el riesgo de desastres industriales. Esta iniciativa cofinanciada proporcionaría ayuda de emergencia inmediata en caso de desastres ambientales y promovería nuevas investigaciones sobre la seguridad ecológica de las minas y otras industrias extractivas similares. 

Si bien los dos accidentes no fueron completamente efectivos para probar la responsabilidad compartida de las industrias extractivas por los daños causados, al final los desastres resultaron en cambios significativos en términos de legislación ambiental y en una reflexión general sobre la importancia de la seguridad ecológica.

Asimismo, si algo nos enseñan estos casos es que el obstáculo más importante para probar la responsabilidad de las grandes corporaciones en los desastres ambientales son los débiles mecanismos de supervisión estatal que, en muchos casos, terminaron otorgando autorizaciones basadas en evaluaciones insuficientes en términos de análisis de riesgo potencial.

No sólo necesitamos urgentemente más fondos para las agencias de protección del medio ambiente, sino que también necesitamos un cambio radical en nuestro pensamiento ecológico.

El problema aquí es de doble filo. En primer lugar, estas empresas traen muchas ganancias a los Estados y la preocupación de por que el poder del dinero continúe controlando el juego es aplicable, particularmente, al caso de Brasil.

En segundo lugar, esta situación demuestra el estado actual de nuestro pensamiento medioambiental, especialmente en el ámbito político. Debido a los recortes en las organizaciones ecológicas y sus déficits presupuestarios generales, las agencias de seguridad ambiental a menudo carecen del dinero y del personal para llevar a cabo investigaciones que puedan predecir los posibles escenarios de riesgo que estas represas representan para nuestro medio ambiente.

No sólo necesitamos urgentemente más fondos para las agencias de protección del medio ambiente, sino que también necesitamos un cambio radical en nuestro pensamiento ecológico.

Si queremos que las cosas cambien -y en este momento se trata más bien de la necesidad que de la voluntad de cambiar- necesitamos más imaginación ecológica, como Leslie Davenport escribió recientemente en un artículo en openDemocracy.

Últimamente hemos sido testigos de algunos acontecimientos esperanzadores, especialmente importantes para países como Brasil, que posee recursos naturales en abundancia y, como tal, es potencialmente la mayor víctima de los especuladores de la industria.

Hemos visto el poder que los movimientos sociales pueden tener en circunstancias especiales, incluso cuando el enemigo al que se enfrentan son las ganancias ilimitadas.

Las catástrofes medioambientales afectan a diferentes comunidades, tanto como a una plétora de retos medioambientales y de derechos humanos a los que nos enfrentamos en la actualidad.

A día de hoy en Chile, por ejemplo, estamos siendo testigos de la formación de alianzas que se extienden a través de diferentes movimientos con activistas indígenas que se asocian con estudiantes y movimientos ecológicos para presionar por un cambio. Es en este tipo de solidaridad en la que creo que reside el futuro de esta resistencia.