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“¿Qué derechos humanos?” Por qué algunas empresas alzan la voz y otras no

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Muchas empresas se pronuncian a favor de los derechos humanos en asuntos que se relacionan directamente con sus operaciones, pero ¿hay empresas dispuestas a adoptar una postura firme sobre temas más amplios de derechos humanos? FrançaisEnglish

Mauricio Lazala Joe Bardwell
17 June 2015

Después de recibir mucha presión de los activistas de derechos humanos, y tan solo días después de que Formula One anunciara su nueva política de derechos humanos, la empresa aprobó a Azerbaiyán para que albergara su primer Grand Prix. Cuando le preguntaron al director ejecutivo de la empresa, Bernie Ecclestone, si examinaría el historial de derechos humanos del país, contestó: “Ya lo hicimos. Creo que todos se ven felices. No parece haber ningún problema importante ahí”.

A pesar de la alegre imagen que presenta Ecclestone, la realidad es que Azerbaiyán tiene una trayectoria abismal en materia de derechos humanos y actualmente está ejecutando una represión masiva de la sociedad civil, según informan Human Rights Watch y otros. Estas medidas han ido acompañadas de enormes campañas de relaciones públicas para mejorar la imagen general del país. Aunque la nueva declaración de derechos humanos de Formula One señala que la empresa “consultará a los actores pertinentes en relación con cualquier problema planteado a causa de nuestra debida diligencia”, en la práctica simplemente están actuando igual que siempre.

Si bien hay muchos ejemplos positivos de empresas que se pronuncian a favor de los derechos humanos, son demasiadas las que permanecen calladas cuando los derechos humanos están en juego en Estados represivos o, en un número reducido de casos, atentan contra los intereses de los derechos humanos. Cada vez es más frecuente que las grandes multinacionales tengan políticas públicas en materia de derechos humanos, muchas de las cuales resultan en acciones reales para abordar los problemas de derechos humanos que se relacionan directamente con sus operaciones. A menudo, estas políticas incluyen comprometerse a realizar debida diligencia en materia de derechos humanos y a comunicarse con las partes interesadas. Pero cuando algunas empresas establecen o continúan sus operaciones en Estados represivos, por lo general, estos compromisos públicos se contradicen con su inacción y silencio.

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Demotix/Aziz Karimov (All rights reserved)

Azerbaijani police detain a protester in Baku.


Las empresas suelen considerar que los riesgos de pronunciarse públicamente superan los beneficios. Cuanto más grande es la influencia, mayor es el riesgo y mayor la reticencia a alzar la voz. Por ejemplo, a principios de este año, Leber Jeweller, Inc., Tiffany & Co. y Brilliant Earth publicaron declaraciones en las que pedían al gobierno de Angola que retirara los cargos contra Rafael Marques, un periodista sometido a juicio por difamación tras haber expuesto abusos en la industria de diamantes. Se unieron a una multitud de ONG que ejercen presión sobre las autoridades angoleñas, pero ninguna de estas empresas realmente operaba en Angola. De hecho, ITM Mining, que sí opera en Angola, siguió adelante con su demanda, incluso cuando parecía probable que otras partes aceptaran negociar un acuerdo.

Incluso en los casos en los que una empresa tiene una influencia considerable sobre un gobierno, es probable que dude en usarla para promover los derechos humanos. Incluso en los casos en los que una empresa tiene una influencia considerable sobre un gobierno, es probable que dude en usarla para promover los derechos humanos. BP, por ejemplo, es el mayor inversionista extranjero en Azerbaiyán, ya que invierte miles de millones cada año. Cuando le pidieron una respuesta ante las inquietudes en materia de derechos humanos con respecto a su patrocinio de los Juegos Europeos (que se celebrarán en Azerbaiyán en junio de 2015), BP respondió que “no creemos que tratar de influir en las políticas de gobiernos soberanos pueda considerarse como parte de nuestra función como patrocinadores de los Juegos Europeos”. Por supuesto que, como dijo David Petrasek, BP seguramente sí intentaría ‘influir en las políticas de gobiernos soberanos’ si los intereses de la empresa estuvieran en juego.

Cuando la protección de los derechos humanos choca con los intereses comerciales, incluso algunas empresas con compromisos sólidos de derechos humanos los ignoran. Este año, 31 empresas suecas publicaron una carta que destacaba sus inquietudes en torno a las declaraciones en las que la canciller sueca, Margot Wallström, criticaba el historial de derechos humanos de Arabia Saudita. Las empresas suecas pedían la protección de las relaciones económicas frente a estas consideraciones de derechos humanos.

Entonces, ¿cuándo sí alzan la voz las empresas? ¿Y solamente se pronuncian a favor de los derechos humanos cuando hacerlo coincide con sus intereses comerciales?

En el sector textil, en enero de 2014, algunas empresas de ropa que se proveen de Camboya, entre ellas, adidas, Columbia, Gap, H&M, Inditex, Levi Strauss y Puma, condenaron al gobierno por su violenta represión contra trabajadores de la industria textil que estaban en huelga, la cual provocó muertes y lesiones. En marzo de 2013, en Perú, seis empresas textiles estadounidenses instaron al gobierno peruano a que abrogara una ley que condonaba violaciones de derechos laborales, lo que les dificultaba la implementación de sus propios códigos de conducta para proveedores. Y en 2009, en respuesta al golpe de Estado en Honduras, importantes empresas de indumentaria hicieron un llamamiento por la restauración de la democracia. Claro está que las preocupaciones sobre las cadenas de abastecimiento desempeñan un papel importante en estos casos.

En el sector de las TIC, es bien conocido que Google se retiró de China en 2010 debido a los intentos de censura. En el sector alimentario, dos asociaciones de mariscos tailandesas pagaron la fianza del activista de derechos Andy Hall, quien fue encarcelado y acusado formalmente en 2014 a partir de sus investigaciones sobre el abuso de trabajadores migrantes en la industria alimentaria de Tailandia. En marzo de este año, 379 empresas y organizaciones presentaron una declaración pública ante la Suprema Corte de los EE. UU. en apoyo al matrimonio entre personas del mismo sexo, incluidos gigantes corporativos como Coca-Cola, Goldman Sachs, Microsoft y Morgan Stanley. Y durante los últimos años, cientos de empresas han expresado públicamente su apoyo al proceso de paz entre el gobierno colombiano y las guerrillas FARC, cuando en el pasado la mayoría de las empresas en Colombia mantenían un perfil muy bajo con respecto al conflicto armado.

Más recientemente, la sociedad civil ha exigido que los patrocinadores de la FIFA respondan a las inquietudes en materia de derechos humanos en las obras de construcción para la Copa Mundial de 2022 en Qatar. Hasta ahora, adidas, Coca-Cola y Visa han publicado declaraciones en las que apoyan los derechos de los trabajadores en el país.

Alzar la voz en contra de los abusos es lo correcto. Pero tampoco es muy difícil plantear un “argumento comercial” que justifique apoyar los espacios cívicos abiertos y tolerantes. Es evidente que a las empresas les conviene que las reglas del juego sean claras, que los consumidores tengan poder, que los empleados sean respetados y que el sistema judicial funcione bien. En los lugares en los que prosperan los derechos humanos y se protege a sus defensores, también les resulta más sencillo a las empresas respetar sus propios códigos de conducta y cumplir sus compromisos públicos con los derechos humanos.

Pronunciarse a favor de los derechos humanos incluso podría ayudar a las empresas. Las empresas en los EE. UU. están descubriendo que adoptar una postura pública ilustrada sobre cuestiones de justicia social no afecta sus rendimientos, y tiene sentido comercial: ayuda a atraer y conservar clientes nuevos y al mejor personal. Por otra parte, los inversionistas se fijan cada vez más en la trayectoria social y ambiental de las empresas; además, las empresas que necesitan acceder a los bancos multilaterales y las agencias de créditos para la exportación tienen que cumplir rigurosos estándares internacionales. Y algunas veces las empresas simple y sencillamente no quieren la mala fama que se genera cuando se les asocia con un gobierno represivo.

Las empresas pueden ser una voz poderosa para la protección de la población vulnerable en los países represivos, particularmente ahí donde se cometen violaciones relacionadas con su industria y cuando son inversionistas importantes. Desafortunadamente, muchas empresas siguen negándose a alzar la voz a favor de los derechos humanos, particularmente cuando piensan que hacerlo puede afectar sus finanzas. Sin embargo, algunas cuantas empresas valientes están ayudando a crear y ampliar “entornos propicios” para los derechos humanos. Quizás pueden fijar una nueva tendencia de empresas que alzan la voz para proteger el espacio cívico.

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