Septiembre 9 de 2020, 00:45 a.m.: "Póngame el comparendo (multa)." Fueron las últimas palabras de Javier Ordóñez, abogado de 45 años.

Los hechos, según relató su amigo Wilmer Salazar, que estaba esa madrugada con Javier en Bogotá, Colombia, fueron así:  

El día 8 de septiembre, cerca de la medianoche, salieron Javier Ordóñez, Wilder Salazar y Juan David Uribe del apartamento de Ordóñez a comprar una botella de licor, como lo hacen muchos colombianos al reunirse. Se dirigieron a un parque cercano en donde los abordó una patrulla de policía motorizada en la que iban dos policías. Ordóñez cruzó unas cuantas palabras con los uniformados y Wilder le dijo que se devolvieran a la casa a oír música. Eso hicieron.

Fueron caminando, despacio. Cuando estaban cerca al edificio llegó, por atrás, la misma patrulla motorizada. Al pasar, relata Salazar, uno de los policías le dijo a Ordóñez “de esta sí no se salva, comparendo no va a haber”. Ordóñez se volteó y le dijo “¿cuál es su problema? ¿qué le pasa?” En ese momento, y sin mediar palabra, uno de los policías se baja y, saca la pistola taser y hace la primera descarga contra Ordóñez. Salazar oye la descarga con claridad. Ordóñez cae al piso y otro policía se va encima de él para tratar de inmovilizarlo. De ahí en adelante a Ordóñez le dan, al menos, ocho descargas más a pesar de que ya estaba inmovilizado. En el suelo, le rasgan la camisa y lo golpean en el rostro. Las descargas ya no son encima de la ropa, sino directamente al cuerpo. Ordóñez suplica una y otra vez “Ya no más, por favor ya no más”, pero las descargas siguen.

Llegan más policías y esposan a Salazar y Ordóñez, mientras Uribe graba todo. Los llevan al CAI (Comando de Acción Inmediata) de VillaLuz donde dejan a Salazar en un rincón mientras siguen agrediendo verbal y físicamente a Ordóñez. Lo tiran a los pies de su amigo y queda en posición fetal. Solo se le acercan para agredirlo más. Llegan más policías y, aunque ven a Ordóñez casi inconsciente y con problemas para respirar, no hacen nada. Llega una amiga de Salazar a preguntar por él y le dicen que no está ahí, él siente pánico. Luego, poco después, llega Uribe y, aunque le dicen lo mismo, entra a la fuerza y los ve. Corre a ayudar a Ordóñez, pero no puede. Llama una ambulancia y sale con Salazar y Ordóñez del CAI rumbo a la clínica María del Lago. Llegan rápido. Los médicos y las enfermeras no pierden un segundo y entran a Ordóñez, completamente desencajado, a urgencias. Poco después sale una médica y le dice a Salazar que lo siente mucho, pero no pudieron ayudar a su amigo.

Ya era más de la una de la madrugada del 10 de septiembre, noche que quedará grabada como el detonante de las protestas contra brutalidad policial más oscuras que ha visto la región.

Ese mismo día, 10 de septiembre, la noticia se esparce como pólvora. El video tomado por Uribe en el que se ve a un policía propinar múltiples descargas de taser sobre el cuerpo de Ordóñez quien, a su vez, ruega que paren mientras está inmovilizado, se vuelve viral en redes sociales. Las protestas comienzan ese mismo día, y con ellas el horror.

Protestas masivas

Miles de personas salieron a las calles de Bogotá a protestar por la brutalidad policial que rodeó la muerte de Ordóñez. Entre el 10 y el 12 de septiembre murieron al menos 12 civiles. Diez de ellos eran jóvenes por debajo de los 30 años y varios, cifra que está por confirmarse, recibieron disparos de la policía. Incluso algunos murieron, aunque no hacían parte de las manifestaciones, solo estaban de paso hacia sus casas desde el trabajo.

Lo que genera preocupación, angustia e incluso miedo es cuándo, en la historia de Colombia, se había visto a policías dispararles a civiles.

Siempre fueron militares, pero policías, nunca.

A esto se suman otros desmanes de la policía como rayar murales conmemorativos de las víctimas, como en el caso de Julieth Martínez.

El 21 de septiembre hubo 22 protestas en Bogotá. Todas fueron pacíficas y los policías tenían prohibido portar armas. Solo pudieron usar bolillos.

Al final, aunque hubo revuelo por la quema de CAIs y la destrucción del espacio público, la gran pregunta es para el Gobierno: ¿Esa es la clase de protección que tienen los bogotanos?

Javier Ordóñez murió en un CAI la madrugada del 10 de septiembre de 2020. La versión policial, con fecha del lunes 21 de septiembre, es que Ordóñez se dio golpes contra las paredes del CAI y por eso murió. El video que circula en redes, los testimonios de sus amigos y los informes médicos, sin embargo, dicen otra cosa.

"Ingresa paciente sin signos vitales, pupilas plenas y signos de muerte, livideces dorsales, se decreta hora de muerte (…)”., reza la historia clínica del ciudadano Javier Humberto Ordóñez Bermúdez.

A Javier lo mataron. Presuntamente, fueron dos policías, dos uniformados encargados de proteger el bienestar de los bogotanos. A Javier parece que lo mataron quienes tenían un trabajo: protegerlo.

Lo que se olvida

La muerte de Javier Ordóñez es una tragedia. Otra de las muchas que enluta a Colombia este año. Aunque la mirada del país y del mundo se centra en el abuso policial, hay otro abuso que no puede pasar desapercibido: Colombia, país que firmó un Acuerdo de Paz en 2016, es hoy de nuevo el escenario de masacres. Masacres que, semana tras semana, siguen creando pánico en las regiones sin que nadie haga nada al respecto.

Según el último listado del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, van 61 masacres en lo corrido de 2020 en Colombia.

En esas 61 masacres ha habido 246 personas asesinadas. El departamento con mayor número de masacres es Antioquia, con 14, seguido de Cauca y Nariño, con 9 cada uno.

Desde que comenzó el año, las masacres solo han aumentado. De 5 en enero, pasaron a 12 en septiembre.

Frente a esto, al igual que en el caso de Ordóñez, indigna la inacción del Gobierno y el trato que le dan a un tema que incluso Naciones Unidas ha calificado como "escalofriante".

En agosto el presidente de los colombianos, Iván Duque, se refirió a las masacres como homicidios múltiples, negando así la violencia de estos hechos.

Si bien el abuso policial que enloda las calles de la capital es grave, lo que sucede en las regiones también lo es. Si a esto le sumamos que ya van más de 215 líderes sociales asesinados solo este año, la situación es muy grave. Si, además, incluimos el conteo de excombatientes de las FARC-EP asesinados, 43 en 2020, las cifras son propias de un país en guerra, de una película de terror.

Lo cierto es que la violencia parece haberse vuelto la moneda de cambio en Colombia, y tanto los gobiernos locales como el gobierno nacional no parecen querer darse cuenta. Las preguntas, sin embargo, siguen siendo las mismas: ¿quién ordena a los policías a tirar a matar? ¿quién responde por los líderes sociales asesinados? ¿quién está masacrando a los colombianos en las regiones? ¿quién protege a los colombianos?

La responsabilidad primera y última es del gobierno. Pero la respuesta sigue en “veremos”.

Nota: La madrugada del jueves 24 de septiembre de 2020 Juliana Giraldo, mujer trans que vivía en Miranda, Cauca, murió por un disparo en la sien. La bala venía del arma de un militar de un retén en los límites entre el Cauca y el Sur del Valle. Una versión dice que el carro estaría dando reversa, y otra que el vehículo se pasó el puesto de control. Lo cierto es que la bala mató a Juliana que iba en puesto delantero como pasajera.

El presidente Iván Duque, en su cuenta de Twitter, condenó el hecho y ordenó al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y al Ejército Nacional, disponer lo necesario para investigación con celeridad. Agregó que "el responsable debe recibir castigo ejemplar. Solidaridad con familiares de Juliana Giraldo, a quienes brindaremos acompañamiento".

Este asesinato se suma al de más de 20 personas trans en lo corrido de 2020 en Colombia. Frente a este episodio el presidente Duque reaccionó con la celeridad que no ha tenido frente a otros hechos de violencia en el país.