La reforma, además, establece que lo que no se etiquete en los presupuestos como propaganda, no será considerado como tal, así se utilicen fondos públicos para pagarlo. También presupone un recorte de gastos y que a los partidos les llegue más dinero; la forma de lograrlo es quitándole cerca de 3.500 millones de pesos mexicanos al INE (unos 190 millones de dólares), y permitir que los partidos puedan guardar los remanentes de recursos, públicos o privados, que no usen durante el año para el siguiente periodo electoral.
Según AMLO, la reforma busca ahorrar millones de dólares. El presidente mexicano ha calificado de "estratosféricos" los salarios del INE y ha argumentado que el cambio hará más eficientes las elecciones.
Pero la preocupación de numerosos mexicanos radica en que quitarle recursos al órgano que organiza todo lo relativo a comicios electorales significa, sin duda, afectar la transparencia, los procesos y, por ende, la democracia en un país que, según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), se sitúa en el puesto 126 entre 180 países evaluados.
La reforma, además, puede limitar la autonomía y fiabilidad de las próximas elecciones presidenciales en 2023. Por esta razón, los miles de manifestantes liderados por la oposición, que han salido a protestar contra esta decisión, piden a la Suprema Corte de Justicia que la detenga y la declare como inconstitucional. La Corte debe decidir pronto, ya que el plazo para cualquier reforma electoral se cierra un año antes de los comicios. Los esfuerzos de los contrarios a la reforma se centran ahora en convencer al tribunal de su inconstitucionalidad.
El gobierno, sin embargo, ha defendido a capa y espada que el objetivo de la reforma es evitar gastos injustificados y duplicidad de funciones. Además, AMLO asegura que solo en su primer año en vigor permitirá ahorrar 5.000 millones de pesos mexicanos (unos 270 millones de dólares).
Lorenzo Córdova, presidente del INE, ha dicho que la liquidación de puestos que supone la reforma le costará al erario solo en indemnizaciones cerca de 3.500 millones de pesos. La reducción de personal afectará sin duda a la velocidad del conteo, abriendo un espacio para la impugnación de los resultados, que es potencialmente una de las amenazas más importantes a la democracia, como se vió en EE.UU con Donald Trump.
Alejandro Moreno, presidente y diputado de uno de los principales partidos opositores, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó el país por más de 70 años, afirmó en Twitter que "¡Las mexicanas y mexicanos estamos del lado de la democracia, juntos nos hacemos escuchar para que no se destruyan las instituciones democráticas del país!". Un eco de esto fue la voz de Ramón Cossío, ex magistrado de la Suprema Corte, quien afirmó en redes que lo que busca AMLO es "apropiarse del sistema electoral".
Aunque el presidente mexicano ha dicho en múltiples ocasiones que lo anterior no es cierto, hay dudas de que la aprobación de la reforma no sea un paso para minar la democracia del país.
Ahora, con su Plan B aprobado, dejó claro que busca ajustar el INE a sus intereses, y condicionar el único árbitro electoral del país. Para muchos, las acciones de López Obrador suponen atacar un pilar clave para la democracia mexicana con la intención de asegurar la hegemonía de su partido, Morena. Lo cierto es que su reforma ha conseguido aglutinar a toda la oposición, que se ha mostrado dividida frente a muchos aspectos de las acciones del actual gobierno.
Otras voces rebajan el impacto que la reforma pueda tener en los resultados electorales y argumentan que se trata de una discusión entre las élites, alejada de las preocupaciones de la gente. En cualquier caso, vista la propensión de AMLO de controlar toda la agenda política a su favor y achicar continuamente el margen de maniobra a los partidos de la oposición, el peligro de que la reforma impacte negativamente la calidad democrática de las próximas elecciones presidenciales es real.
La batalla se libra ahora en la Corte Suprema donde, para la oposición, el Plan B tendría que ser suspendido. El fallo debe emitirse antes del 2 de junio de 2023, fecha límite, puesto que cualquier reforma electoral debe estar lista antes de que se cumplan 90 días de que inicie el proceso electoral.
En cualquier caso, para muchos es evidente que la calidad de la democracia mexicana, que enfrenta gravísimos problemas como la militarización de la seguridad y el creciente poder del ejército ante una violencia desatada, está en juego.
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