El primer-ministro en funciones de España, Mariano Rajoy, observa el líder de Podemos Pablo Iglesias, durante la segunda ronda del debate de investidura en el Parlamento español, Madrid. 2 de marzo de 2016. Foto AP / Francisco Se

La incertidumbre política sobrevuela España. Las ielecciones de diciembre 2015 produjeron un parlamento fragmentado sin una mayoría viable. El partido en el gobierno, el Partido Popular (PP-conservador), obtuvo 123 de los 350 escaños en el Congreso; Ciudadanos (Cs-liberales) obtuvo 40; el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), 90; Podemos y sus aliados en Cataluña, Valencia y Galicia (izquierda radical), 69; y finalmente “otros” (incluyendo los nacionalistas vascos conservadores y los partidos catalanes pro-independencia), 28. Ante la incapacidad de llegar a un acuerdo – era necesario un pacto entre al menos tres partidos para constituir una mayoría estable –, el país se encamina de nuevo a las urnas. Será la segunda vez en seis meses.

Durante el período de negociaciones, se exploraron varias fórmulas: un gobierno tecnocrático dirigido por independientes; una coalición conservadora (PP + Cs) con la abstención de los socialistas; una Grosse Koalition (PP + PSOE); una coalición de centro-izquierda (PSOE + Cs) con la abstención del PP o de Podemos (esto último, fue lo única se discutió realmente); o una coalición de izquierda (PSOE + Podemos) con la abstención de Cs o bien PSOE + Posemos con el apoyo de los ex-comunistas, y/o los nacionalistas vascos y catalanes.

Esta última fórmula tiene semejanzas con lo que aconteció en Portugal hace seis meses, cuando el actual primer ministro, Antonio Costa, logró formar una coalición de izquierdas que arrebató el poder a los conservadores. A pesar de conseguir el primer puesto en las elecciones, no alcanzaron la mayoría absoluta en el parlamento (107 escaños de un total de 230), y aunque se las arreglaron para formar un gobierno de minoría en un primer momento, un voto de no confianza fulminante lo convirtió en el gobierno más corto de la historia de Portugal. Duró sólo 12 días.

Todo ello no pasó desapercibido en España. El líder del PSOE, Pedro Sánchez, aprovechó la oportunidad y voló a Lisboa para entrevistarse con el primer ministro Costa. De pronto, el llamado "pacto a la portuguesa" se convirtió en una posibilidad a contemplar para alcanzar el objetivo de apartar del poder al líder del PP y presidente saliente, Mariano Rajoy. Pero no resultó ser más que una ilusión pasajera, ya que los socialistas (90) y la izquierda radical (69) no sumaban una mayoría suficiente de escaños en el Congreso, y un pacto inspirado en el ejemplo de Portugal quedó descartado. Hoy, sin embargo, al iniciarse una nueva campaña electoral, la posibilidad de una coalición de izquierdas à la portugaise vuelve a estar sobre la mesa. 

Sumando escaños

La situación política en España comparte varias características con la de Portugal. Los conservadores en ambos países (una coalición, en el caso de Portugal) aunque no alcanzaran una mayoría absoluta, terminaron en primer lugar en las elecciones. Aun así, de forma inesperada para algunos y predecible para otros, tanto la coalición PSD/CDS en Portugal como su homólogo español, el PP, no lograron capitalizar el hecho de haber alcanzado un mayor número de votos.

La segunda fuerza más votada en ambos países fueron los socialistas. En Portugal, el Partido Socialista (PS) obtuvo el 32,4% de los votos, mientras que en España el PSOE obtuvo el  22%, su peor resultado en la historia reciente, pero suficiente para asegurar su posición como segunda fuerza en el parlamento. El PS obtuvo 86 escaños (de 230), mientras que el PSOE obtuvo sólo 90 escaños (de 350).

Ni el PS ni el PSOE, por supuesto, podían formar gobierno por sí mismos. Pero en Portugal, para alcanzar una mayoría suficiente, una coalición de izquierda necesitaba sólo tres partidos: el Partido Socialista (86 escaños), la izquierda radical (Bloque de Izquierda, 19 escaños) y los comunistas (PCP, 17 escaños) – un claro socio sénior y dos júniors.

Por el contrario, en España, para alcanzar una coalición de izquierdas era necesaria una alianza entre al menos cinco fuerzas políticas: dos socios séniors, el Partido Socialista (90 escaños), la izquierda radical (Podemos, 69 escaños), además de por lo menos tres socios júniors: los ex comunistas (IU, 2 escaños) y dos partidos nacionalistas catalanes pro-independencia (el conservador Demócratas de Cataluña, con 8 escaños, y el radical Izquierda Republicana de Cataluña, con 9 escaños), a los que se podía añadir, en caso de necesidad, el conservador Partido Nacionalista Vasco (6 escaños). Llegar a un acuerdo entre cinco partidos políticos distintos es ya de por sí una pesadilla pero si, además, dos de ellos se están disputando la hegemonía de la izquierda mientras que otros dos añaden a la ecuación una agenda rupturista pro-independencia, entonces la misión se vuelve imposible.

Exceso de optimismo

Aunque Portugal logró evitar el estancamiento político que ha experimentado España desde diciembre 2015, el escenario dista de ser idílico. No existe un pacto global, y tampoco hay una verdadera coalición entre las fuerzas de izquierda. En realidad, sólo se ha llegado a una serie de acuerdos bilaterales entre el PS y sus socios minoritarios – a los que no se ha invitado a entrar a formar parte del gobierno. Esto supone una frágil alianza, debido sobre todo a las sustanciales diferencias programáticas entre socialistas y comunistas, que  por ejemplo exigen – de manera muy poco realista – abandonar el Euro y la OTAN, y entre socialistas y el Bloque de Izquierda, que defiende una reestructuración de la deuda difícilmente asumible. por nadie

Los comunistas seguirán apoyando el gobierno de Costa, siempre y cuando puedan conseguir medidas concretas que refuercen su base electoral y su relación con los sindicatos. Los objetivos del Bloque de Izquierda son algo más difusos, pero necesita demostrar a sus votantes, mediante resultados pragmáticos, que es la nueva izquierda, capaz de obligar los socialistas a rendir cuentas y a demostrar su compromiso con las políticas sociales.

De hecho, la coalición portuguesa oscila entre la moderación y el radicalismo. Existen divergencias y contradicciones en casi todos los temas, incluidos los derechos humanos. Angola es un ejemplo particularmente relevante, ya que los comunistas se unieron a los conservadores para bloquear una declaración, presentada por el Bloque de Izquierda, cuyo objetivo era condenar las violaciones de los derechos humanos en la antigua colonia portuguesa.

A pesar de haber sido capaz de unir a la izquierda por primera vez en 40 años, y tras seis meses en el cargo, el primer ministro Costa se enfrenta a una inestabilidad permanente. Llegó a un acuerdo con sus socios sobre un programa anti-austeridad, pero los resultados siguen siendo insatisfactorios. Por un lado, el aumento del salario mínimo, el compromiso de revertir las rebajas de las pensiones y la congelación de los recortes en los servicios públicos son ,sin duda, victorias contra la austeridad. Pero el ciclo de la austeridad está lejos de haber concluido. Y las divergencias se mantienen acerca de todo lo demás. A pesar de que puede haberse iniciado el camino hacia la restauración de los derechos civiles y los servicios sociales, la situación económica del país sigue siendo frágil, y las advertencias de Bruselas en relación al déficit creciente podrían obligar al gobierno a aplicar unos recortes fiscales que, sumados a una tasa de desempleo que se mantiene obstinadamente por encima del 10 %, podrían determinar el fin del gobierno. Costa ha sido particularmente hábil a la hora de negociar apoyos parlamentarios, pero parece excesivamente optimista en cuanto al resultado económico de sus políticas.

El primer ministro portugués, Antonio Costa charla con el ministro de Hacienda, Mario Centeno. Foto AP / Armando Franca.

¿Una solución (im)probable?

La posibilidad de replicar un "pacto a la portuguesa" en España tras las elecciones de junio es muy remota. En España, Podemos y los socialistas están librando una batalla por convertirse en la principal alternativa a los conservadores. Podemos podría ganar el envite, sobre todo después de haber llegado a un acuerdo con los excomunistas de Izquierda Unida para formar una coalición electoral, apodada Unidos Podemos (UP).  Es previsible (y esta es la intención) que esta coalición añada los 923.000 votos que obtuvo IU en las pasadas elecciones  a los 5,19 millones de votos de Podemos, con lo que potencialmente alcanzaría unos 6,11 millones de votos, muy por encima de los 5,53 millones obtenidos por el PSOE entonces.

Según todos los sondeos de opinión disponibles en este momento, el cálculo es bastante correcto y lo más probable es que Unidos Podemos termine por delante PSOE en las próximas elecciones. Pero lejos de ser una buena noticia para la perspectiva de una coalición de izquierda, dicho escenario en realidad aumenta las dificultades para unas futuras negociaciones: el PSOE se resistirá a perder su posición histórica como partido hegemónico del centro-izquierda en España, y seguramente rechazará convertirse en segundón de Podemos. Sólo en el caso, que parece hoy improbable, de que los socialistas terminen por delante de UP, y que entre los dos sumen una mayoría en el Congreso que no requiera el apoyo de cualquiera de los partidos independentistas catalanes, sería posible hablar de una coalición de izquierda.

Las encuestas de opinión a día de hoy confirman que Unidos Podemos logrará su objetivo estratégico y adelantará al PSOE, pero quedará lejos de la mayoría absoluta. Y en este escenario, es difícil imaginar que el PSOE acepte un papel subordinado en una coalición con Unidos Podemos, al menos por tres motivos: la ideología, la economía, y el modelo territorial.

Considerando que gobernar exige, inevitablemente, un ejercicio de realismo y moderación, un ejecutivo liderado por UP probablemente giraría hacía el centro y ocuparía la centralidad de la izquierda, que es el espacio político "natural" de los socialistas. El lenguaje socialdemócrata que utilizan últimamente los líderes de Podemos se justifica porque los socialistas habrían abandonado las políticas socialdemócratas y cedido ante el enfoque neoliberal que impuso políticas de austeridad, consideradas como la única manera de salir de la crisis tanto por parte del establishment económico español como por Bruselas, sin importar los costes sociales. La nueva izquierda, argumentan desde UP, es genuinamente socialdemócrata, a diferencia de los viejos socialdemócratas del PSOE, que han traicionado sus valores en el pasado reciente. Perder la batalla de la credibilidad de sus credenciales socialdemócratas sería letal para el objetivo estratégico del PSOE, que es mantener la hegemonía del centro-izquierda en España.

Otro factor clave es la economía. Sin lugar a dudas, UP y PSOE podrían ponerse de acuerdo sobre la necesidad de una mayor inversión en educación, salud, protección social e innovación tecnológica. Pero esto significa, inevitablemente, un aumento del gasto público y, de acuerdo con la normativa de la UE, el límite de déficit se sitúa en el 3%. Los cálculos de UP se basan en los ingresos adicionales provenientes del crecim,iento económico, la lucha contra el fraude fiscal y el aumento de los impuestos para las rentas más altas. El programa de Podemos prevé que el déficit público aumentaría hasta el 4,3% en 2016 si, como ellos proponen, se aumenta el gasto público en 60.000 millones hasta 2019, alcanzando el límite del 3% sólo a finales de ese año. Pero ,como hemos visto en el caso de Grecia, la renegociación con las autoridades de la UE requiere no sólo de argumentos muy sólidos, respaldados por una muy sólida mayoría política, sino también la mejor de las suertes posibles.

UP supone que los efectos expansivos de sus políticas (sin poner como prioridad el control del déficit en aras de una mejora de las políticas sociales y un aumento de la inversión pública) implicaría un crecimiento anual del PIB del 3,5% hasta 2019 (el actual, 2,5%, más 1%). Pero suponer que España estará creciendo a un ritmo del 3,5% cuando las previsiones del FMI prevén un crecimiento del 2,6% en 2016 y de 2,3% en 2017 (la Comisión Europea, más optimista, prevé un 2,6% en 2016 y 2,5% en 2017, lo mismo que la OCDE) puede no ser más que una ilusión. Sobre todo si tenemos en cuenta que la Comisión Europea le exige a España que reduzca su déficit público por debajo del 3% de su PIB a través de nuevos recortes presupuestarios y ajustes adicionales por un total de 8.000 millones de euros durante los próximos dos años. Compatibilizar un recorte de esta magnitud con un aumento de 60.000 millones de gasto público no parece algo sencillo. Los socialistas moderados difícilmente aceptarían dicho escenario ante el peligro de desequilibrio macroeconómico.

Si un acuerdo entre UP y PSOE ya es de por sí complicado en relación al programa económico, la situación empeora a la hora de debatir cómo hacer frente a las actuales tensiones territoriales, especialmente ante un gobierno catalán empeñado en mantener su ruta hacia una independencia exprés obviamente inviable. La decisión de Podemos de que un referéndum no vinculante sobre la independencia de Cataluña sea una condición sine qua non para acordar una coalición con los socialistas ya fue unos de los principales obstáculos en las recientes e infructuosas  negociaciones, y disminuye las posibilidades de alcanzar un pacto a la portuguesa en una nueva ronda de negociaciones después del 26 de junio. El PSOE defiende una reforma constitucional en un sentido federal y entiende que es suicidia posibilitar que cualquier comunidad autónoma pueda realizar un referéndum de secesión (en nombre de un supuesto derecho de autodeterminación de los pueblos eufemísticamente llamado “derecho a decidir”), como propone el programa de Podemos.

En resumidas cuentas, ceder la centralidad del espacio de centro-izquierda, enfrentarse a Bruselas en relación al equilibrio maracoeconómico y aceptar una potencial disgregación del Estado español puede resultar un precio demasiado alto a pagar por el PSOE. Acaso un “pacto a la portuguesa” sólo sería posible si el partido júnior de la coalición es Unidos Podemos, si se alcanza un acuerdo en relación a políticas económicas ortodoxas y si  para formar una mayoría no son necesarios los votos de ningún partido que imponga un referéndum rupturista – un escenario poco probable a día de hoy. Pero la presión para evitar unas terceras elecciones puede obligar a aceptar extraños compañeros de cama, incluso à la portugaise.