democraciaAbierta

¿Se sacrifican las criaturas en beneficio de los derechos de los hombres maltratadores?

La legislación española reconoce a las criaturas como víctimas directas de la violencia de género; sin embargo, el derecho a las visitas que la judicatura concede abusivamente a los padres que les violentan, dejan a éstas en riesgo de poder ser asesinadas. In English.

Irune Lauzirika
8 December 2015

El pasado 7 de noviembre tuvo lugar en Madrid una manifestación histórica en el ámbito de la lucha  por los derechos de las mujeres. Ángela González Carreño, una mujer cuya hija fue asesinada por su expareja en una de las visitas permitidas por un juez, se dirigía a la multitud mientras, muy cerca,  miembros del partido de extrema derecha Vox trataban de empañar la protesta. Lo que el 7N se reivindicaba era el respeto a la legalidad vigente para que, por una parte, se realicen modificaciones estructurales que cambien los valores de la sociedad y, por otra, se atiendan adecuadamente las demandas de las mujeres que están siendo violentadas.

Desde 2008 según la ONU, en España han sido asesinadas 31 menores; 20 murieron durante visitas con sus padres,  sancionadas por un juez.   Cambios en la ley sobre violencia de género revindican la importancia de proteger a las criaturas; éstas son especialmente vulnerables en casos de custodia compartida impuesta.

7N manifestación Madrid. Imágenes de mujeres asesinadas. Foto: Liz Cooper.

Según el avance de la macro encuesta 2015 publicada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 12,5% de mujeres las mayores de 16 años residentes en España han sufrido violencia física y/o violencia sexual por parte de sus parejas o exparejas al menos en una ocasión. El espacio donde se presupone la seguridad y el confort, el hogar, es para muchas mujeres el espacio más peligroso. Por ello, a la espera de que se adopten medidas para atender sometimientos en otros espacios (ámbito laboral, lugares públicos, etc.) como dicta el Convenio de Estambul, en la legislación española la violencia contra las mujeres ejercida por parte de sus parejas o sus exparejas (cuando éstas son hombres) está especialmente perseguida mediante la Ley Orgánica 1/2004, una ley pionera en Europa aprobada hace ahora 10 años por un gobierno socialista. Esta ley ha sido modificada en este año de las elecciones generales por la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio aprobado por el corriente gobierno conservador.

Los importantes cambios incorporados reconocen a los niños y las niñas como víctimas directas de la violencia de  género y obligan a la justicia a pronunciarse sobre las medidas civiles en relación a la patria potestad, las visitas y la comunicación, entre otros aspectos. Sin embargo, sus efectos van a ser limitados si no se comprenden las formas en la que se ejerce esta violencia y el rol que los hijos y las hijas juegan en el maltrato: los hijos y las hijas son piezas fundamentales en la decisión que toman las mujeres; casi un cuarto (24,86%) de las mujeres que deciden no continuar con la denuncia afirman que lo hacen porque “es el padre de mis hijos o hijas”. Los hombres que se piensan propietarios de las mujeres con las que conviven conocen bien el papel que los hijos e hijas tienen en la vida y en las decisiones de ellas, y lo utilizan para atar, retener, coaccionar o imponerse.

Así, las soluciones válidas para estas mujeres pasan por que las administraciones y especialmente la judicatura conozcan la perversión con la que operan los hostigadores de las mujeres y la extorsión que pueden ejercer a través de los hijos y las hijas. Así lo señaló el dictamen de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) sobre la violencia sufrida por Ángela González Carreño: “Se deben tomar en cuenta los antecedentes de violencia de género en los procedimientos de determinación de custodia y del régimen de visitas de los niños y niñas, para que no se ponga en peligro la seguridad de las víctimas de violencia, incluidos sus hijos e hijas”. Además la CEDAW exige una actuación de jueces y personal administrativo libre de estereotipos de género. Según datos nacionales, desde 2013 hasta hoy 13 menores han sido asesinados  en España, en contextos de violencia machista y otros 5 casos están en investigación; además, 125 criaturas se han quedado huérfanas (sus madres han sido asesinadas por sus padres o por la pareja de sus madres) en este período según datos del Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad

El Estado debe de mantenerse vigilante porque los machismos se adaptan para poder actuar especialmente en los casos en los que no hay acuerdo; hablamos de la custodia compartida en los casos en los que no hay acuerdo en la pareja.  Sin el consenso del movimiento feminista y bajo un tinte igualitario, quienes defienden estas normas buscan  controlar a las mujeres utilizando a las criaturas como arma para el hostigamiento. Las consecuencias serán negativas para todas las mujeres, y muy especialmente para quienes deciden acabar con una relación violenta pero no denuncian por diversas causas (falta suficiente de pruebas, miedo, no confianza en el sistema judicial etc.), o para las mujeres a quienes la justicia les ha dado la razón pero cuando el agresor ya ha cumplido la sentencia la protección se acaba.

Según estudios de la Comisión Europea, las mujeres cobran un 16% menos que sus compañeros;  además las cifras de los contratos a tiempo parciales ahondan en estas diferencias: frente al 8,6% de los hombres el porcentaje de mujeres se sitúa en el 35%. Por si esto fuera poco, no podemos olvidar que son las mujeres quienes realizan la mayor parte del trabajo no remunerado y de cuidado. Plantear la custodia compartida, aún sin acuerdo, teniendo en cuenta la rotundidad de los datos supone para las mujeres un evidente menoscabo de su calidad de vida.  Principalmente porque si no hay una comunicación normalizada es lógico pensar que los asuntos más rutinarios se puedan gestionar de una manera adecuada pero también por razones económicos y de empoderamiento personal.

La judicialización de las relaciones familiares y la custodia compartida supone una pérdida de la calidad de vida también para las criaturas, no solo porque, ante la falta de comunicación de los progenitores, ellas van a ser utilizadas como correo, sino además porque las criaturas deberán (en la mayoría de los casos) trasladarse de vivienda cada quince días con el trastorno que esto supone (cambios de registros, alejamiento de entornos de amistades, etc.)  Así, este tipo de normas lejos de garantizar el interés superior de los o las menores, parece superponer a éste otros intereses.

7N crowd_0.jpg

7N. Contra la utilización de las criaturas para acosar. Foto: Irune Lauzirika

En el manifiesto que Ángela González Carreño leía al principio de la marcha de Madrid (7N) se rechazaba la custodia compartida impuesta y se pedía la retirada de las visitas a los hombres que hayan instigado a las mujeres con las que convivían. Su voz era aplaudida y respaldada por más de 200.000 personas allí presentes y por muchas otras que no pudieron acudir y que escucharon estas palabras esperanzadas. Las proclamas del 7N  La lucha sigue y Nos queremos vivas siguen resonando. La semana después de la manifestación 8 mujeres fueron asesinadas en, se supone, una reacción del machismo para amedrentar e impedir los avances de las libertades de las mujeres.


Unete a nuestro boletín ¿Qué pasa con la democracia, la participación y derechos humanos en Latinoamérica? Entérate a través de nuestro boletín semanal. Suscríbeme al boletín.

Comentarios

Animamos a todo el mundo a que haga comentarios, Por favor, consulte las intrucciones de openDemocracy para comentarios
Audio available Bookmark Check Language Close Comments Download Facebook Link Email Newsletter Newsletter Play Print Share Twitter Youtube Search Instagram WhatsApp yourData