Una proposición de ley redactada por Xnet, y registrada en el Congreso de los Diputados el 30 de mayo de 2019 en Madrid, nada más abrir el registro según la metodología Do It Yourself habitual que aplica Xnet, se presenta hoy jueves en el Parlamento.

Esta metodología se inspira en el principio de que toda verdadera democracia es una colaboración y no una subordinación entre sociedad civil organizada y los representantes de la ciudadanía en las instituciones. La proposición contó con el apoyo inicial de los varios diputados que se comprometieron a apoyarla antes de las elecciones.

Se trata de una proposición de ley que, de ser aprobada, convertiría a España en el primer país de la Unión en aplicar la Directiva Europea de Alertadores, una directiva aprobada con un amplio consenso de todos los grupos en el Parlamento Europeo el pasado mes de abril (591 votos a favor, 29 en contra, 33 abstenciones).

Las eurodiputadas Virginie Rozière (relatora de la directiva) (S&D) y Eva Joly (Los Verdes / ALE) están entre las personas y organizaciones internacionales que apoyan la proposición de Xnet [ver listado al final].

El pasado mes de abril, Xnet celebraba la aprobación de la Directiva Europea de Alertadores (whistleblowers), un texto que en muchos sentidos considera propio y en el que reconoce muchas de las enmiendas que ha presentado durante su elaboración, así como la presión que han ejercido las organizaciones internacionales de que forma parte, para elaborar esta herramienta legal.

La definición de alertador con estrechamente vinculada al interés general, el reconocimiento de la posibilidad de anonimato por parte del alertador, impedir el uso indebido de la protección de datos o de los secretos empresariales para invalidar pruebas de abusos o la libertad en la elección de canales de denuncia, son algunas de las principales enmiendas que Xnet planteó en su momento, y que fueron incluidas en la versión definitiva de la directiva para su aprobación por su relatora, la eurodiputada del grupo socialista Virginie Rozière.

La Directiva y por consecuencia esta Proposición de ley significaba un punto de inflexión en el reconocimiento y la protección legal de la figura del alertador a nivel europeo, dotado a partir de ahora de una legislación fuerte y transversal, en favor no solo de la lucha contra la corrupción y el fraude, sino también contra cualquier abuso en todos los ámbitos de interés general: la salud, el medio ambiente, la justicia, la democracia, la protección de los consumidores... Un espectro especialmente relevante para un país en que, por una parte, los alertadores carecen de protección alguna, y que, por otra parte, padece un alto grado de corrupción.

Además abarca tanto al sector público como al privado.

A pesar de que la alerta de irregularidades es esencial para proteger el interés público y para mantener la rendición de cuentas y la integridad en lo público y en lo privado, los alertadores alertan con un alto riesgo personal. Denunciar abusos no debería ser un acto heroico. Debería formar parte de la normalidad, una normalidad tan asumida que su efecto disuasorio la haría casi innecesaria. El 70% de los casos de corrupción los destapan personas que sufren represalias y persecuciones.

Es por ello que hace falta una ley que sea capaz de corregir la asimetría de fuerzas entre los ciudadanos y las instituciones o las corporaciones que imposibilita que las personas puedan cumplir con el deber ciudadano de alertar sobre delitos y comportamientos impropios, regularidades o actividades ilícitas que afectan al interés general sin por ello ser objeto de represalias.

Esta proposición de Ley Integral de Alertadores contiene los estándares internacionales más exigentes. Se ha creado por un lado integrando las experiencias más rigurosas de otros países, y, por otro, adaptando los elementos de la directiva europea y profundiza en los aspectos que dependen de su transposición nacional.

Entre ellos, cabe destacar:

1 - Primero de todo una solución jurídica extremadamente innovadora propuesta por Xnet emanada del espíritu de la Directiva y partiendo se sus experiencia en la lucha contra la corrupción y el uso de buzones para que la ciudadanía pueda “filtrar” indicios de abusos sistémicos de forma segura y anónima: la distinción entre denuncia y alerta, un aspecto clave en la tipificación misma del alertador. Esta ley quiere ir más allá de los artículos 259 y 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española, que plantean una responsabilidad distribuida en la protección del interés general, y corregir la dificultad de su cumplimiento debido a la exposición a la que se someten las personas alertadores.

La instituciones que tienen la responsabilidad de investigar de oficio los “delitos públicos” o sea que afectan al interés general, solo necesitan de la “Notitia Criminis” para actuar; no necesitan exponer un ciudadano de a pie para cumplir con su deber.

2 - La extensión de la protección legal a los facilitadores de alertas, personas físicas o jurídicas como plataformas ciudadanas, ONGs o medios de comunicación que permiten que aflore la alerta dada por los alertadores sin perjuicio del derecho a la información y a la protección de los profesionales de la misma. La experiencia de Xnet por las personas que ha ayudado y la información que ha destapado, es que muchas veces los canales institucionales no funcionan y se requieren otros canales para que la información sea efectiva en tiempo útil.

3 - Para corregir esta deficiencia sistémica, se refuerza el rigor de los canales de alerta a través de la experiencia pionera de Xnet con los Buzones de Alerta en la instituciones, empezando por el que ha instalado en el Ayuntamiento de Barcelona, que fue el primer buzón anónimo gubernamental en utilizar tecnologías de anonimato con Tor. Esta experiencia, de la mano de Xnet, se está replicando masivamente en Instituciones española como la Agència Antifrau de Valencia liderada por Joan Llinares y en breve se instalará probablemente en la CNMC, entre otras.

El anonimato es la más robusta y democrática protección que se le puede ofrecer a un ciudadano alertador (como ha reconocido por diferentes disposiciones del ordenamiento legal español, organizaciones como la ONU y ahora también esta Directiva). Por esto la Proposición detalla las características de los canales que lo garanticen y las sanciones férreas de los canales (institucionales o no) que se dicen anónimos y no lo son realmente.

4 – El único punto en el que se ha debido reducir las ambiciones iniciales, es en la constitución del Organismo Autónomo. Esta no era la primera intención, sino la de crear un Juzgado especializado, como se hizo con la violencia de género. Finalmente se ha descartado esta posibilidad demasiado ambiciosa ya que implicaría modificar leyes orgánicas.

Esperemos que el parlamento español esté a la altura de la oportunidad que se le ofrece de liderar esta cuestión clave para los derechos en la Unión Europea.

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Personas y organizaciones internacionales que apoyan la proposición de Xnet:

Whistleblowing International Network (WIN) - Anna Myers

The Signals - Delphine Halgand

Blueprint For Freespeech – Suelette Dreyfus

Government Accountability Project – Tom Devine European Center for Whistelblower Rights - Mark Worth

Eva Joly – Anticorruption, magistrate and former MEP

Protect – Francesca West

The Ethicos Group Australia - Howard Whitton

Renewable Freedom Foundation - Moritz Bartl

WeMove Europe

Transnational Institute – Fiona Dove

Homo Digitalis – Eleftherios Chelioudakis

Debt Observatory in Globalisation (ODG)

Cristina Flesher Fominaya - Social Politics and Media, University of Loughborough