Veinticinco años después de la caída de la Unión Soviética, el capitalismo aparece triunfante. Sus efectos se ven por todas partes. Aunque la desigualdad entre los estados -nación está en declive global, la desigualdad entre los estados aumenta. Las economías occidentales están volviendo a niveles de desigualdad que no se veían desde finales del siglo XIX. Los estados ex comunistas han pagado por una mayor libertad política con un aumento en la inseguridad económica, y los dividendos de la libertad política no han sido tan generosos como se esperaba.

Han surgido nuevas formas de autoritarismo en las organizaciones institucionales que antes eran democráticas. En Rusia, los oligarcas obedientes ven cómo sus intereses económicos están bien atendidos. En los Estados Unidos, los dos partidos políticos más importantes están sujetos a algún tipo de intereses comerciales. También en Sudáfrica, la desigualdad ha crecido desde el fin del Apartheid y si damos crédito a las matanzas en Marikana, los reclamos para una mayor igualdad en sueldos y condiciones se pueden cumplir sin represiones violentas.

Mientras tanto, la política de izquierda, en líneas generales aquellos que buscan una suerte de redistribución del bienestar y poder que está en contradicción con los gobiernos autoritarios, intereses comerciales sin restricciones y desigualdad económica, aún luchan por articular un conjunto de ideas capaces de describir lo que está mal y lo que tenemos que hacer para solucionarlo. El socialismo, incluso la socialdemocracia, está en declive como conjunto de acuerdos económicos. La planificación económica, que alguna vez se consideró necesaria en aras de una mayor calidad, un mayor bienestar e incluso una eficiencia económica, se han visto sustituidos por la “libertad” económica. Con demasiada frecuencia, todo se reduce a la “libertad” de los intereses comerciales pisoteando al más débil en nombre de mayores beneficios, o por el contrario, la “libertad” de un trabajador de vender su trabajo por salario menor al necesario para subsistir.

Workers carry sand from ships on the outskirts of Dhaka. They earn 250 Taka ($ 3.30) per each day of work.

En este contexto, algunos de izquierda han recurrido a los derechos humanos como forma de articular los reclamos para la justicia social en forma de igualdad. La promesa de los derechos es lo que reclama la idea central del neoliberalismo, que la libertad de los humanos es quizás, el valor político más importante. La mejor consideración de los derechos  lleva a una conclusión lógica. La libertad de interferencia del estado con el pensamiento y la acción política es, por supuesto, importante. Pero, ¿qué pasa con las otras libertades, es decir, estar libre de enfermedades, ignorancia y pobreza, libertad para hacerse cargo de uno mismo y para buscar una vida saludable, bien informada y cómoda?

La mayor contribución de la política de izquierda a la teoría de los derechos es esta: Si los derechos políticos valen para algo, implican el reconocimiento de los medios necesarios para ejercerlos. Los derechos civiles y políticos son indivisibles de los derechos económicos y sociales. Por supuesto, una educación, sanidad, vivienda y empleo adecuados son cosas buenas por sí mismas, pero no se puede dar por sentado que todo el mundo piense que todos los demás tienen derecho a ello. Lo bonito de la indivisibilidad es su fuerte desafío central: si realmente  te preocupa la libertad política, entonces tienes que preocuparte por la libertad económica.

Pero la libertad económica en este caso no es sólo autonomía. Es la autorrealización. La libertad económica, como condición preexistente para el ejercicio de los derechos políticos, no implica la protección absoluta de los derechos de propiedad. En lugar de ello, requiere de la redistribución de los bienes económicos hasta donde sea necesario para garantizar que todos tengan más o menos un acceso similar a los medios de la autorrealización. Porque sin esos medios, los derechos civiles y políticos estarían vacíos.

Una parte de los derechos humanos que hace énfasis en su indivisibilidad es, quizás, la única forma que tiene actualmente la izquierda de persuadir a los liberales y a los conservadores, o al menos a aquellos que genuinamente se preocupan de la libertad, de que la redistribución es importante. Los bienes económicos se deben considerar como un derecho de quienes actualmente no los poseen.

Evidentemente, los derechos implican otros asuntos adicionales. Habitualmente estos son entendidos, especialmente por parte de los de izquierda, como un simple conjunto de reclamos legales. En otras palabras, los derechos recaen en las leyes. Las leyes confían demasiado en un gran número de instituciones para su cumplimiento que muchos de la izquierda ven, con algo de razón, como demasiado débiles o demasiado comprometidas para conllevar alguna forma significativa de cambio social. No es bueno pedirle a un juez de élite, a través de abogados de élite, que hagan algo verdaderamente igualitario. Su clase (y es generalmente suya) y otros prejuicios sociales interferirán en ello. Incluso si no interfieren, la fuerte tradición de las restricciones judiciales lo hará. En el mejor de los casos, un reclamo político transformador quedará exprimido a través del sistema legal, emergiendo como un derecho legal muy disminuido. Ese derecho será luego virtualmente imposible de poner en práctica, porque todas las instituciones que velan por el cumplimiento de las leyes operan bajo la perspectiva de que el juicio está pensado para refrenar. Los derechos también necesitan una burocracia estable que respete las leyes y el poder judicial independiente. Esto no siempre se puede garantizar.

Los bienes económicos se deben considerar como un derecho de quienes actualmente no los poseen Hay una fuerza obvia en este argumento, aunque es demasiado reductiva. Hay dos problemas básicos. En primer lugar, incluso las victorias legales estrechas pueden ayudar a catalizar un cambio social positivo en las condiciones apropiadas. En Sudáfrica, el caso Grootboom no acabó con los indigentes, pero precipitó decisiones legales de seguimiento, una reforma en la política del gobierno y una acción política. Estas reformas y acciones han aportado a los pobres en Sudáfrica una gama más amplia de derechos de tenencia y oportunidades en áreas urbanas, que podrían gradualmente resultar en la provisión global de vivienda pública.

En India, el caso PUCL buscaba combatir las muertes por inanición en circunstancias en las que había suficiente comida para todo el mundo.  El hambre y la inanición no han desaparecido, pero se consiguieron muchas mejoras necesarias en la distribución de alimentos, incluyendo la protección y expansión de los esquemas de alimentación en las escuelas. Cientos de grupos de derecho a la alimentación se establecieron posteriormente al caso y continúan luchando por la causa.

Hay muchos otros ejemplos de litigios de derechos socioeconómicos con diferentes grados de éxito. Ellos demuestran que si las decisiones legales no son el objeto de la movilización política y de acciones de seguimiento, se marchitarán y morirán. Pero si lo están, pueden crear oportunidades para una acción política verdaderamente transformadora.

En segundo lugar, los reclamos de derechos no son simplemente reclamos legales. Los derechos son fundamentalmente reclamos políticos inspirados por los valores de emancipación: dignidad humana, libertad e igualdad. El contexto en el que surgen los derechos les proporciona su contenido político. No tienen que ser reconocidos legalmente para tener una fuerza política. Ciertamente, al dejar los derechos en manos de los abogados y de los tribunales, se renunciaría a gran parte de su potencial. Realizar un reclamo de derecho significa ampliar los límites de lo que es políticamente posible. A menudo también se hace para desafiar a aquellos que están en el poder y hacer que cumplan sus compromisos políticos o para poner en evidencia las contradicciones de dichos compromisos.

Son precisamente estas cualidades que hacen que el reclamo de los derechos sea útil en la lucha por la justicia social. Desde la perspectiva de la izquierda, podemos desafiar a otros a que digan cómo, si se preocupan tanto de la libertad política, pueden darse el lujo no preocuparse sobre el tipo de libertad económica necesaria para conseguirla.

Los derechos económicos y sociales no son la panacea, pero sí vale la pena luchar por ellos, incluyendo hacer que el sistema legal sea más receptivo a los valores que los sostienen. Hasta que algo mejor aparezca, estos derechos podrían ser todo lo que tenemos.