Cada año, enormes cantidades de dinero que deberían pertenecer al erario público se desvían hacia bolsillos privados gracias a la corrupción y la evasión fiscal, pero las iniciativas gubernamentales para cerrar las lagunas fiscales suelen enfrentarse con amenazas explícitas o implícitas de las empresas de mudarse a otro lugar y llevarse sus inversiones y empleos con ellas.
Éste es un problema internacional, y requiere una solución internacional. Sin embargo, los esfuerzos actuales de cooperación son limitados y no se acercan ni remotamente al corazón del problema. Los países tienen que unir fuerzas y emprender un esfuerzo multilateral para perseguir a los malhechores, además de realizar los cambios políticos y estructurales que se necesitan para abordar estos temas a nivel mundial.
Desarrollar las habilidades y alianzas adecuadas para iniciar y completar investigaciones eficaces es parte de la solución. Recientemente, los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales (ESC) han reconocido los vínculos estrechos entre las obligaciones de derechos humanos de los Estados y la recaudación fiscal, incluidos los sistemas que permiten que las corporaciones y los individuos transfieran su riqueza a cuentas extraterritoriales, fuera del alcance de los gobiernos.
