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Tomar medidas enérgicas contra el abuso fiscal ayudará a promover los derechos económicos y sociales

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Los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales deberían centrar su atención en el abuso fiscal. Una contribución de Amnistía Internacional al debate de openGlobalRights sobre los derechos económicos y socialesEnglishFrançaisالعربية

Audrey Gaughran
18 February 2015

Cada año, enormes cantidades de dinero que deberían pertenecer al erario público se desvían hacia bolsillos privados gracias a la corrupción y la evasión fiscal, pero las iniciativas gubernamentales para cerrar las lagunas fiscales suelen enfrentarse con amenazas explícitas o implícitas de las empresas de mudarse a otro lugar y llevarse sus inversiones y empleos con ellas.

Éste es un problema internacional, y requiere una solución internacional. Sin embargo, los esfuerzos actuales de cooperación son limitados y no se acercan ni remotamente al corazón del problema. Los países tienen que unir fuerzas y emprender un esfuerzo multilateral para perseguir a los malhechores, además de realizar los cambios políticos y estructurales que se necesitan para abordar estos temas a nivel mundial.

Desarrollar las habilidades y alianzas adecuadas para iniciar y completar investigaciones eficaces es parte de la solución. Recientemente, los defensores de los derechos económicos, sociales y culturales (ESC) han reconocido los vínculos estrechos entre las obligaciones de derechos humanos de los Estados y la recaudación fiscal, incluidos los sistemas que permiten que las corporaciones y los individuos transfieran su riqueza a cuentas extraterritoriales, fuera del alcance de los gobiernos.

Aunque ningún tratado internacional de derechos humanos menciona explícitamente los impuestos, todos los tratados que implican recursos se basan en el supuesto de que los gobiernos reunirán recursos para satisfacer sus obligaciones de derechos humanos. Esto incluye los fondos para capacitar oficiales de policía, mantener tribunales, garantizar elecciones libres y justas, asegurar la existencia de un sistema de educación primaria que funcione o brindar acceso a la atención médica para todos.

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) es el tratado de derechos que menciona de manera más explícita los recursos, ya que requiere que cada Estado use “el máximo de los recursos de que disponga” para hacer efectivos los derechos ESC. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (un organismo de vigilancia independiente establecido para supervisar los avances en materia de derechos ESC) señala que si un Estado quiere argumentar que tiene una escasez de recursos, primero debe “demostrar que ha realizado todo esfuerzo posible para utilizar todos los recursos que están a su disposición en un esfuerzo por satisfacer, con carácter prioritario, esas obligaciones mínimas”.

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Demotix/Sumaya Hisham (All rights reserved)

Hundreds of protesters march through the streets of Cape Town demanding better housing and improved service delivery.


Si bien los Estados financian el gasto público a partir de una variedad de fuentes, por lo general la mayor parte de los ingresos públicos proviene de los impuestos. Por lo tanto, el cobro de impuestos es un factor esencial para su capacidad de mantener un gasto social adecuado para satisfacer sus obligaciones conforme a los tratados.

Algunos expertos en materia de derechos humanos estudian las maneras en las que los Estados utilizan sus recursos, dando seguimiento a sus presupuestos y gastos para descubrir si realmente están intentando cumplir las obligaciones impuestas por sus tratados de derechos humanos. La International Budget Partnership, por ejemplo, ha estado trabajando con agrupaciones de la sociedad civil en todo el mundo para analizar e influir sobre los presupuestos públicos con el fin de reducir la pobreza.

Sin embargo, apenas muy recientemente, a través de la labor de la relatora especial de la ONU sobre la extrema pobreza y el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, los activistas de derechos humanos comenzaron a analizar la movilización de recursos estatales.

Al examinar los “recursos disponibles”, no debemos concentrarnos en lo que está disponible, de hecho, en este momento, sino en lo que podría estar disponible, legítimamente, si los gobiernos realizaran los esfuerzos adecuados. Al examinar los “recursos disponibles”, no debemos concentrarnos en lo que está disponible, de hecho, en este momento, sino en lo que podría estar disponible, legítimamente, si los gobiernos realizaran los esfuerzos adecuados. Los debates sobre el fraude y la evasión fiscales, la austeridad, el financiamiento para el desarrollo después de 2015 y la cada vez más inequitativa distribución de la riqueza han comenzado a poner al descubierto dónde se encuentra la riqueza en el mundo y quién la controla. Las revelaciones han sido impactantes: no solamente está el hecho de que un número reducido de personas y corporaciones controlan cantidades masivas de dinero, sino que los sistemas que usan para conservar y aumentar su riqueza a menudo están fuera del control de los Estados particulares.

En Europa, por ejemplo, donde las crisis económicas y la necesidad de implementar medidas de austeridad son temas bien conocidos, los políticos han propuesto tomar medidas fiscales regresivas que tienen el potencial de obstaculizar la movilización de recursos para los derechos humanos. En otros casos, se han realizado revelaciones inquietantes sobre evasiones fiscales por parte de las corporaciones multinacionales. Esto significa que el dinero que los gobiernos podrían utilizar para financiar el gasto social, reducir la pobreza y hacer efectivos los derechos humanos se está desviando hacia manos privadas a través de canales que son legales, pero que se perciben ampliamente como injustos. Estos mismos sistemas, los paraísos fiscales y las cuentas bancarias extraterritoriales, también facilitan el movimiento de patrimonio ilícito.

Un informe elaborado en 2014 por Global Financial Integrity encontró que los países en vías de desarrollo perdieron $6.6 billones de dólares en flujos financieros ilícitos de 2003 a 2012 y que estas fugas de capital aumentaron a una alarmante tasa de 9.4% al año en promedio. Las fugas de capital, facilitadas entre otras cosas por el secreto bancario en los paraísos fiscales, las empresas anónimas y las técnicas de lavado de dinero, fueron mucho mayores que el total de asistencia oficial para el desarrollo que se proporcionó a los países en vías de desarrollo durante ese mismo periodo, que fue de $809 mil millones.

A la fecha, Amnistía Internacional ha concentrado su atención principalmente en la falta de protección y respeto de los derechos ESC por parte de los Estados y en la discriminación con respecto al acceso a bienes y servicios fundamentales, como la educación. Hasta ahora, no hemos enfocado nuestra energía en estudiar la manera en que los Estados acceden a los recursos y los utilizan para satisfacer las necesidades y las obligaciones para toda la población.

El análisis de presupuestos es una herramienta importante para esta labor, aunque este tipo de análisis se limita a lo que los Estados dicen, o creen, que está disponible actualmente. Cualquier análisis sobre cómo está distribuyendo sus recursos Portugal o Sierra Leona, por ejemplo, no revelaría la evasión fiscal ni la transferencia de riqueza a cuentas extraterritoriales por parte de compañías multinacionales o individuos acaudalados.

Si no analizan estos problemas más profundos, los activistas corren el riesgo de emitir recomendaciones simplistas que aceptan el statu quo de los recursos, junto con injusticias mundiales importantes. Irónicamente, muchos de los Estados que proporcionan ayuda a los países en vías de desarrollo que no pueden satisfacer sus obligaciones de derechos ESC también son la sede de las empresas que les están quitando fondos a esos países más pobres, y a una velocidad y en cantidades mucho mayores a las de los flujos de asistencia. También son, en algunos casos, los arquitectos de las mismas estructuras (los paraísos fiscales y los núcleos financieros extraterritoriales) que les permiten hacerlo.

Si las comunidades de derechos humanos y desarrollo quieren ir más allá de las lamentaciones, deben participar en trabajos de investigación rigurosos y a profundidad para exponer, caso por caso, los odiosos sistemas y políticas que facilitan las fugas de riqueza, y vincular estos sistemas con sus efectos en materia de derechos humanos.

Los activistas de derechos económicos y sociales deben centrar su atención en encontrar soluciones internacionales para la evasión fiscal. Acusar a los violadores y aumentar los presupuestos de asistencia internacional para el desarrollo no es suficiente. Y no debemos dejar que los economistas y el movimiento de justicia fiscal promuevan por sí solos la agenda sobre el acceso ético a la riqueza mundial.

Los activistas de derechos humanos también deben desarrollar las habilidades y las alianzas que les permitan participar en las soluciones y las investigaciones sobre la evasión fiscal.

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