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Un golpe a cámara lenta en Guatemala

El presidente Jimmy Morales y sus aliados en el mundo de los negocios, la política y el ejército compiten por quebrar el Estado de derecho y consolidar su poder. English

David Mattingly
9 February 2019
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Un manifestante enseña una pancarta con el #RenunciaJimmy. Imagen: Josue_Decavele / DPA / PA Images. Todos los derechos reservados

Mientras toda la atención internacional se concentra en la crisis política y económica que está teniendo lugar Venezuela, en Guatemala se está llevando a cabo un golpe a cámara lenta. Y está pasando en gran medida inadvertido.

El presidente  Jimmy Morales, junto a congresistas, ciertos empresarios y poderosos jefes militares están dando rápidos y transcendentales pasos para consolidar su poder antes que se celebren las elecciones presidenciales, previstas para junio. Constitucionalmente, Morales no puede presentarse a la reelección y, en consecuencia, una vez su sucesor tome el poder, el actual presidente perderá la inmunidad ante posibles juicios por corrupción.

Durante años, Guatemala ha sido una fuente de inspiración para la comunidad internacional de derechos humanos. Ha sido un ejemplo de cómo, gracias a su determinación, activistas de derechos humanos pueden acabar consiguiendo que se haga justicia, incluso sobre las ruinas de la guerra y las atrocidades masivas que tuvieron lugar entonces.

Guatemala sigue siendo conocida por sus altos índices de corrupción y por la infiltración del crimen organizado, que incorpora a ex jefes de seguridad pública y militar, situados en los niveles más altos del gobierno.

Durante los últimos diez años hemos visto cómo un ex dictador era declarado culpable de genocidio; cómo oficiales militares de alto rango eran sentenciados a largas penas de prisión por su participación en atrocidades masivas; y cómo mujeres indígenas ganaban juicios contra miembros del ejército que las convirtieron en esclavas sexuales y les robaron sus tierras.

A pesar del progreso al que hemos asistido recientemente a la hora de juzgar y condenar a los perpetradores de crímenes pasados, Guatemala sigue siendo conocida por sus altos índices de corrupción y por la infiltración del crimen organizado, que incorpora a ex jefes de seguridad pública y militar, situados en los niveles más altos del gobierno.

Para combatir esta dinámica, en 2006 el gobierno guatemalteco y la ONU firmaron un acuerdo que estableció la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para ayudar a los investigadores y fiscales guatemaltecos a poner en evidencia al crimen organizado y la corrupción.

En los últimos tiempos, la CICIG estaba investigando denuncias de fraude financiero electoral por parte de Jimmy Morales, así como otros casos de corrupción que involucran a su hermano y a su hijo. La CICG pidió en dos ocasiones que se levantara la inmunidad de Morales para permitir así una investigación más amplia y un posible enjuiciamiento.

Sin embargo, en septiembre de 2018, Morales negó el reingreso en Guatemala a Iván Velázquez, comisionado de la CICIG. Y en enero de este año fue aún más lejos: rescindió unilateralmente el acuerdo con la ONU y expulsó del país al resto del personal extranjero de la comisión. Eso dejó al personal guatemalteco en el limbo, haciéndolo vulnerable al acoso legal por parte de la administración guatemalteca.

El Tribunal Constitucional ha intentado proteger el mandato y la función de la CICIG, pero Morales y sus aliados han ignorado sus fallos. Después de esto, Morales tomó represalias contra el tribunal, solicitando que tres de sus magistrados fueran despojados de su inmunidad, remitiendo el asunto a una Comisión de Investigación del Congreso la cual, probablemente, apoyará las medidas.

En septiembre de 2018, Morales negó el reingreso en Guatemala a Iván Velázquez, comisionado de la CICIG. Y en enero de este año fue aún más lejos: rescindió unilateralmente el acuerdo con la ONU 

Los defensores guatemaltecos de los derechos humanos aprecian en estos movimientos un intento de neutralizar a la CICIG y la Corte Constitucional, las dos instituciones que en Guatemala probablemente se interpongan en el camino de la consolidación cada vez más fuerte del poder del ejecutivo.

Una ley inconveniente

Estos movimientos han allanado el camino para que el Congreso promueva reformas a la Ley de Reconciliación Nacional de 1996, que se puso en marcha como parte de los acuerdos de paz negociados por la ONU tras la guerra civil de Guatemala, que duró 36 años.

 Si Morales y algunos miembros del Congreso, conocidos por muchos como el “Pacto de Corruptos”, logran reformar la Ley de Reconciliación Nacional, conseguirán una amnistía general para delitos graves de derechos humanos.

En la actualidad, la ley concede una amnistía para los delitos políticos cometidos durante la guerra, pero la niega explícitamente por delitos graves reconocidos internacionalmente, como el genocidio, la tortura y los crímenes de lesa humanidad. Si Morales y algunos miembros del Congreso, conocidos por muchos como el “Pacto de Corruptos”, logran reformar la Ley de Reconciliación Nacional, conseguirán una amnistía general para delitos graves de derechos humanos.

Los cambios propuestos también anularían las condenas de ex soldados y paramilitares por delitos como tortura, "desaparición", ejecución y violencia sexual agravada. En las primeras 24 horas posteriores a la promulgación de la ley, se pondría en libertad a cualquiera que haya sido condenado por estos delitos desde 1996. También los que están en la cárcel en espera de juicio serían puestos en libertad. 

Los activistas de derechos humanos están muy preocupados. La ley podría ser modificada en cuestión de días o semanas, y los perpetradores podrían volver a las calles poco después, libres para tomar represalias contra los activistas, jueces y fiscales que trabajaron con tantas dificultades para obtener justicia para las víctimas de la guerra civil. Las represalias podrían alcanzar a los sobrevivientes y a los testigos que testificaron valientemente contra ellos.

Clausurar la oposición

En un tercer movimiento para eliminar a la oposición y consolidar el poder, el presidente Morales y sus partidarios en el Congreso también están promoviendo ahora en el Congreso una 'ley de ONGs'. Esta ley otorgaría al Ministerio del Interior la facultad de clausurar cualquier organización que esté realizando actividades que no estén explícitamente descritas en sus estatutos, o que esté llevando a cabo actividades consideradas contrarias al orden público, sin definir de qué actividades podría tratarse.

Parece que este proyecto de ley se tramitará muy pronto y, una vez adoptado, irá al presidente, quien lo apoyará con toda seguridad. Armados de esta nueva legislación, el presidente y sus aliados podrán clausurar cualquier organización que les plante cara.

Si el Tribunal Constitucional acaba siendo cooptado, ya no habrá nada que impida la supresión de la sociedad civil de Guatemala. Y si la CICIG permanece inoperante, Morales y sus aliados habrán establecido un precedente internacional muy peligroso ya que, sin lugar a dudas, esto envalentonaría a los líderes autocráticos y corruptos en todo el mundo.

Más allá de Guatemala

El Fondo para los Derechos Humanos Mundiales, donde yo trabajo, ha venido trabajando estrechamente desde 2003 con grupos de derechos humanos y activistas comunitarios en Guatemala, ayudando a aportar recursos para su lucha a largo plazo por la justicia.

A lo largo de estos años, hemos sido orgullosos testimonios de los logros que estos activistas han alcanzado a lo largo de los años. Sin embargo, la rápida quiebra del Estado de derecho amenaza su libertad para hablar, e incluso sus propias vidas, y podría tener graves implicaciones para toda la región, y más allá.

 La crisis que está teniendo lugar en Guatemala se enfrenta a un silencio ensordecedor entre la comunidad internacional.

A pesar de los esfuerzos de grupos como el Fondo, y de otras organizaciones internacionales y activistas dedicados sobre el terreno, la crisis que está teniendo lugar en Guatemala se enfrenta a un silencio ensordecedor entre la comunidad internacional.

En particular, Estados Unidos, que una vez fue un partidario de primera línea y defensor de la CICIG, ha abandonado su compromiso público con la Comisión, abandonado así a su suerte a los activistas de derechos humanos amenazados, y  a los sobrevivientes de las masacres.

A pesar del continuo ruido político en los Estados Unidos en torno a una supuesta invasión de migrantes y refugiados, casi no se presta atención a una crisis que amenaza con obligar a los guatemaltecos a huir de su país.

La comunidad internacional debe denunciar sin ambages este golpe a cámara lenta, y debe utilizar la ayuda al desarrollo y cualquier otro instrumento disponible para hacer que Morales y su gobierno asuman sus responsabilidades, antes de que sea demasiado tarde. 

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