Hoy en día, la justificación de la escasez de recursos ocupa un lugar privilegiado en el manual de estrategias de todo político. “Los derechos económicos y sociales son una aspiración moralmente atractiva, claro, pero simplemente no tenemos los fondos necesarios”, dice el comúnmente usado pero raramente comprobado estribillo de los gobiernos, tanto ricos como pobres.

Ya no podemos darnos el lujo de permanecer callados sobre el abuso fiscal.Por un tiempo, demasiados activistas de derechos humanos batallaban para responder a esta justificación aparentemente irrefutable, y aceptaban que las autoridades económicas determinaran libremente las maneras de recaudar fondos públicos. Algunas voces críticas dentro de la comunidad de derechos humanos intentaron cuestionar las maneras en que los gobiernos obtienen recursos; pero muchos de sus colegas los ignoraron por considerarlos demasiado ingenuos, demasiado flexibles con respecto a los impecables estándares de las leyes de derechos humanos, o simplemente demasiado “ideológicos”. Las secretarías de finanzas siguieron siendo de hecho zonas libres en materia de derechos humanos, libres del escrutinio de los organismos de derechos humanos tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Como resultado, siguen faltando fondos para hacer efectivos todo tipo de derechos humanos; desde la educación hasta el acceso a la justicia, desde el derecho a la salud a la libertad de expresión, desde la seguridad ocupacional hasta la protección social. Lo que es más, al evitar los debates sobre la recaudación de ingresos públicos, los activistas de derechos humanos descuidaron inadvertidamente un eje central de la relación de rendición de cuentas entre los ciudadanos y el Estado, y así pasaron por alto una de las formas esenciales de mediación del poder.

La verdadera ingenuidad fue creer que los derechos humanos podrían hacerse efectivos sin considerar los recursos materiales para lograrlo. Ese enfoque ha llegado a un final abrupto, ya que una tormenta perfecta de cambio climático, austeridad fiscal y desigualdad económica está poniendo al descubierto los cimientos poco profundos de los viejos supuestos. Hoy en día, ya no podemos darnos el lujo de permanecer callados sobre el abuso fiscal.

La buena noticia es que los defensores de los derechos económicos y sociales han estado librando esta lucha durante muchos años, y han obtenido logros y conocimientos valiosos. Por ya más de una década, los activistas en materia de presupuesto han abierto el camino al adoptar las normas de derechos humanos para enmarcar y dar fundamentos jurídicos a sus críticas a las decisiones de asignación de recursos, y han tenido un éxito formidable. Más recientemente, los profesionales y activistas de derechos humanos, colaborando con economistas y expertos en materia fiscal, han comenzado a emplear los estándares de derechos humanos de maneras prácticas para desafiar las injusticias arraigadas en la política fiscal.

Una coalición brasileña cuestionó las reformas fiscales regresivas con el argumento de que gastar en la protección de los derechos sociales debe ser una prioridad fiscal. Se aprovecharon las protecciones constitucionales de derechos humanos en materia de derechos económicos y sociales en Colombia para revocar un impuesto al valor agregado que contribuiría a la pobreza. En la India, los defensores de los derechos humanos han cuestionado los argumentos del gobierno con respecto a la necesidad de disminuir el gasto en protección social para los Dalits y Adivasis al tiempo que pretende reducir los impuestos corporativos en un 5%. En Argentina, se ha rastreado y enfrentado la discriminación de género en el código tributario. Y recientemente los activistas kenianos impugnaron la constitucionalidad del acuerdo de doble tributación que celebró el país con Mauricio, el cual puede debilitar la capacidad de la autoridad impositiva del gobierno para cobrar impuestos. El Center for Economic and Social Rights ha buscado que se rindan cuentas ante distintos organismos regionales e internacionales de derechos humanos por las políticas fiscales no equitativas en países de todos los niveles de ingresos, desde Egipto y Guatemala hasta Irlanda y España.

Irish demonstrators demand an end to a regressive household and water tax in Dublin.

Motivados por los defensores de los derechos ESC a abordar las políticas fiscales de una manera más significativa, los órganos de tratados internacionales de derechos humanos, los Relatores Especiales de la ONU, los organismos regionales de derechos humanos y la Iniciativa de Derechos Humanos de la International Bar Association: todos han expresado a detalle la manera en que las leyes de derechos humanos deben dar forma a las políticas y prácticas de los países y empresas. El Relator Especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos produjo el extracto más avanzado de estas pautas normativas hasta la fecha.

Estos cuerpos han esclarecido cómo se aplican concretamente a las políticas fiscales algunos principios fundamentales de derechos humanos, como la implementación efectiva de los derechos sociales y económicos, las garantías de no discriminación y las obligaciones de los Estados en materia de cooperación internacional. Estos organismos acreditados han confirmado que los estándares de derechos humanos existentes exigen que los gobiernos recauden los recursos suficientes para hacer efectivos los derechos humanos de manera equitativa a través de instituciones públicas transparentes y responsables. Además, los gobiernos que facilitan o promueven activamente el abuso fiscal, sea nacional o transfronterizo, podrían estar en violación de sus obligaciones internacionales de derechos humanos.

¿Qué se necesita para transformar estos avances normativos y de activismo relativamente esporádicos en un movimiento de justicia fiscal y derechos humanos más unido y proactivo? La investigación interdisciplinaria con base en métodos robustos seguirá siendo esencial para proporcionar la evidencia que se necesita para atribuir las infracciones de derechos humanos a un comportamiento comercial o un Estado específico. También será crítico crear sinergias más estrechas e intencionadas entre los activistas de derechos humanos y de justicia fiscal.

Ese es precisamente el objetivo de la próxima Reunión Internacional de Estrategia “Avanzando la justicia tributaria a través de los derechos humanos” que se celebrará en Lima, Perú, a finales de abril y convocará a importantes profesionales, académicos, juristas y otros expertos en materia tanto de derechos humanos como de justicia fiscal para responder a varias preguntas fundamentales. ¿Cómo se pueden diseñar los códigos tributarios para catalizar en lugar de obstaculizar la justicia de género? ¿Cuál es el argumento de derechos humanos a favor de los regímenes tributarios progresivos de renta y capital? ¿Qué responsabilidades de derechos humanos relacionadas con los impuestos tienen las empresas multinacionales y los asesores fiscales, contadores, abogados y cabilderos que emplean? ¿Cómo se pueden aprovechar las obligaciones de cooperación internacional de los gobiernos para llamar a cuenta a los responsables del abuso fiscal transfronterizo? ¿El litigio estratégico puede servir de complemento útil al activismo de justicia fiscal? El debate aprovechará esfuerzos anteriores de investigación emprendidos por instituciones académicas y organizaciones de desarrollo.

En vez de que las personas sean sujetos pasivos de regímenes tributarios injustos y sin rendición de cuentas, el objetivo es, mediante un uso creativo del derecho, la investigación y el activismo, hacer que el Estado esté cada vez más sujeto a las exigencias de los derechos humanos inalienables de las personas. Cuando los políticos buscan hacer retroceder los derechos humanos mediante aseveraciones alarmistas sobre la escasez de recursos, los activistas deben contar con herramientas para combatir este ardid, cuestionar los argumentos de escasez y promover alternativas tributarias justas.