Con salarios que a menudo están por debajo de los mínimos de supervivencia, la población venezolana depende en gran medida de los bonos, las bolsas de alimentos y otros programas sociales, además de diversas estrategias que transitan entre la legalidad y la ilegalidad. Pero, de la mano de la inmigración masiva, hoy una gran diferencia pasa por tener o no familiares en el exterior que envíen remesas.
Decir que en Venezuela existe una profunda crisis política, económica y social no constituye sorpresa alguna ni tiene un especial atractivo académico o político. La crisis lleva años abatiéndose sobre la población venezolana y salpicando al resto del continente, y en general a muchos países del mundo, por la vía de las historias que llevan consigo quienes han decidido literalmente huir del país y refugiarse en otras latitudes, con la esperanza de encontrar afuera lo que sienten que les es negado en Venezuela.
A pesar de ello, sigue siendo una asignatura pendiente para las ciencias sociales una explicación plausible acerca de cómo, en apenas 20 o 30 años, una nación que fue capaz de protagonizar una de las revueltas más duras contra el neoliberalismo, en los sucesos conocidos como el «Caracazo», asume hoy su condición de ruina y una suerte que cualquiera podría considerar inmerecida, a medio camino entre el desespero y la resignación. Al menos en apariencia.
