Nicolás Maduro, Presidente de Venezuela. 6 de marzo 2017. Xinhua/SIPA USA/PA Images. Todos los derechos reservados.

En enero de 2016, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que reúne a 11 partidos de oposición, tomó el control del Asamblea Nacional (AN) tras ganar las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. El reparto de poder entre el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) del actual presidente Nicolás Maduro y la oposición acabó en punto muerto. En febrero de 2016, la MUD tomó la iniciativa de presentar una petición para la convocatoria de un referéndum revocatorio con el objetivo de echar a Maduro de la presidencia. Dicha petición recibió el apoyo de grandes movilizaciones contra el régimen, que se saldaron con detenciones y encarcelamientos de activistas de la oposición. En septiembre, fueron más de 170 las personas detenidas tras una manifestación en Caracas para exigir el referéndum antes de finales de 2016.

Nicolás Maduro, elegido presidente en abril de 2013 tras la muerte de Hugo Chávez, ha intensificado las medidas represivas y los abusos contra cualquier tipo de oposición. Numerosas personas críticas con el régimen, detenidas bajo acusaciones poco convincentes y escasas evidencias, sufren abusos en prisión y ven como sus juicios van postergándose una y otra vez, varios meses e incluso años. El 1 de julio de 2016 había 1.998 presos políticos en espera de juicio y condena, 96 de ellos en prisión. Con Maduro, el desprecio por el debido procedimiento legal y los derechos humanos se ha convertido en norma.

¿Juicios injustos? El caso de la familia Baduel

Raúl Isaías Baduel, oficial izquierdista, fue Ministro de Defensa y Comandante en Jefe del ejército venezolano con el presidente Chávez. Muy leal al Comandante, dirigió una operación de paracaidistas que logró abortar el golpe de Estado contra el presidente en 2002. Pero en 2007 dimitió de su cargo y se unió a la oposición por su desacuerdo con la iniciativa de Chávez de convocar un referéndum para ampliar los poderes del ejecutivo. Dos años más tarde, Chávez cesó a varios altos cargos de cuya lealtad dudaba y mandó detener a Baduel. Se le condenó por delitos de corrupción en el ejercicio de sus cargos. Estuvo encarcelado hasta agosto de 2015, cuando se le concedió la libertad condicional. El 12 de enero de 2017 le fue revocada la libertad condicional y estuvo recluido en régimen de incomunicación hasta el 3 de marzo, cuando el tribunal presentó nuevos cargos de corrupción y conspiración contra él, un día antes de que expirase su condena de siete años y 11 meses.

Su hijo Raúl Emilio Baduel también fue arrestado, unos años más tarde que su padre, y también permanece detenido hoy en día. Se le detuvo el 21 de marzo de 2014, tras una manifestación convocada bajo el lema "no hay motivos para celebrar" en la que se formó una cadena humana para impedir una tradicional celebración de primavera en Maracay, ciudad famosa tanto por ser el centro de una rica región agrícola como por su relación con el ejército. Mientras que a otros manifestantes arrestados ese día se les dejó en libertad a las tres semanas, a Raúl Emilio Baduel y su amigo Alexander Tirado, destacado activista del partido de la oposición Voluntad Popular, se les encerró en una prisión de alta seguridad, a cuatro horas de trayecto de la ciudad. Pasaron ocho meses en la prisión de Uribana, varios de ellos en régimen de aislamiento, y sufrieron torturas, según relató Tirado en una carta publicada por El Nacional. Luego se les trasladó a otra prisión, tras registrarse motines en la prisión de Uribana, conocida por ser una de las prisiones más violentas de Venezuela.

Raúl Emilio Baduel fue formalmente acusado de incitación a cometer crímenes, intimidación pública con artefactos explosivos y asociación contra el Estado. La defensa denunció el hecho de que las pruebas aportadas por la fiscalía contra el acusado eran contradictorias, entre ellas la atribución de comportamientos y la descripción de las circunstancias de su arresto, que no coincidían con el relato de testigos presenciales ni con las pruebas aportadas por la defensa. Argumentó, además, que la fiscalía obstaculizó el trabajo de la defensa manipulando pruebas y testimonios. Raúl Emilio Baduel fue condenado finalmente a ocho años de cárcel.

La defensa afirma que a Raúl Emilio Baduel se le negó el debido procedimiento legal y que en la sentencia pesó el hecho de que su padre se hubiese convertido en un enemigo jurado de Chávez. Tanto en el momento en que fue detenido como hoy en día, muchas organizaciones de derechos humanos afirman que el caso de su padre, Raúl Isaías Baduel, obedece a motivaciones políticas. Sostienen que Chávez castigó a Baduel por desertar y pasarse a la oposición. Todo lo cual plantea diversos interrogantes sobre la politización y los mecanismos de detención, encarcelamiento y juicio de aquellos que mantienen posiciones críticas acerca del gobierno en Venezuela.

Los mecanismos de detención y encarcelamiento

El gobierno de Maduro ha estado reprimiendo todo tipo de oposición, de cualquier tendencia política, incluso la de aquellos jueces que se niegan a seguir sus directivas judiciales - como la juez Maria Lourdes Afiuni, que fue procesada en 2009 por conceder la libertad condicional a un opositor que había estado aguardando juicio en prisión durante tres años -, la de los funcionarios locales y la de los jóvenes que expresan públicamente sus críticas al gobierno, como destaca Human Rights Watch. Cuando se producen protestas contra el régimen, el gobierno lleva a cabo redadas y detenciones, a menudo arbitrarias, y aunque algunas personas quedan en libertad poco después de su detención, a otras se les retiene arbitraria e ilegalmente durante largos períodos de tiempo, a pesar de la falta de pruebas consistentes para sustanciar los cargos que se les imputan.

Según la ONG Foro Penal Venezolano, que ofrece asesoramiento jurídico a presos políticos y grupos de presión en defensa de los derechos humanos, existen tres categorías de presos políticos en Venezuela. Algunas personas son arrestadas porque representan una amenaza política para el gobierno, en tanto que individuos. El objetivo de su arresto es aislarlos del resto de la población. Este es el caso del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, que fue condenado a casi 14 años de prisión en octubre de 2015. Otras personas son detenidas y encarceladas por ejercer un "derecho constitucional contra la línea oficial", como Raúl Emilio Baduel, que participó en protestas de la oposición. El objetivo en este caso es intimidar al grupo al que pertenecen y disuadirlo de seguir actuando. Por último, algunas personas que no representan una amenaza política directa, ni individual ni colectiva, pero que sirven de chivos expiatorios para justificar la propaganda oficial. Por ejemplo, Manuel Morales, dueño de una gran cadena de supermercados, que fue detenido durante 170 días en 2015 y al que se le achacó la escasez de alimentos provocada por la mala gestión económica del gobierno.

El gobierno pone esporádicamente en libertad a algunos presos políticos, para luego detener a un número igual o mayor de personas. Un abogado que trabaja para Foro Penal Venezolano y pide que no se le nombre, describe esta práctica como de puerta giratoria: el gobierno detiene, encarcela y pone en libertad a miembros de la oposición de manera rotatoria, para dar la impresión de que se van liberando presos políticos de manera regular; sin embargo, cuando cierto número de ellos salen en libertad, otros son arrestados y encarcelados. Este abogado afirma también que se utilizan los presos políticos como moneda de cambio en las negociaciones entre gobierno y oposición. En 2016, según Foro Penal Venezolano, fueron puestos en libertad 46 presos políticos, y se detuvo a otros 56.

Mientras esperan juicio, y una vez condenados, los presos políticos sufren "hacinamiento, falta de alimentos y altos niveles de violencia" en la cárcel, según este mismo abogado. Algunos presos políticos son objeto de violencia sexual y tortura. El tratamiento inhumano consiste en que se les obliga a permanecer en cuclillas o arrodillados durante horas, a escuchar música chavista a todo volumen, y en que son objeto de quemaduras en partes sensibles, golpes brutales, descargas eléctricas y amenazas de asesinato o violación. Human Rights Watch posee también información de varios casos de confinamiento en solitario y otras formas de tortura psicológica. En 2014 se produjeron dos motines en la cárcel de Uribana en protesta por las condiciones de detención de los presos políticos, entre ellas el uso habitual de violencia física.

El tiempo de espera para la celebración del juicio, el trato en la cárcel y la fijación de la pena dependen totalmente de los antecedentes de la persona de que se trate. Respecto a la espera de juicio, el abogado de Foro Penal Venezolano explica: "La legislación venezolana establece que los acusados no pueden pasar más de dos años esperando sentencia. Sin embargo, saltarse esta norma es práctica común en los tribunales penales de Venezuela". Además, las sentencias son a menudo arbitrarias o desproporcionadas. "Para un estudiante que es detenido en una manifestación pacífica, la sentencia puede ir desde la prohibición de salir del territorio nacional hasta 10 o 15 años de cárcel". La manipulación de testigos y la postergación indefinida de las vistas son prácticas comunes, y a las personas detenidas a menudo no se les comunican de qué se les acusa.

A rueda libre

Todo este proceso de detención y encarcelamiento se repite ad infinitum porque en Venezuela no existe independencia judicial. El presidente Chávez se aseguró el control del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) nombrando a partidarios suyos como jueces. Tras conseguir el MUD, la coalición de oposición, la mayoría en la Asembla Nacional (diciembre de 2015), el TSJ ha bloqueado una y otra vez las decisiones de la cámara, declarándolas nulas cuando se han apartado de la línea o han desafiado al régimen. Dado que el TSJ apoya plenamente al ejecutivo y que el poder legislativo ha quedado casi anulado, Maduro es quien decide en la práctica el destino de los presos políticos, sin cortapisas ni obligación de rendir cuentas.

En los últimos decenios, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido fallos vinculantes para contrarrestar la politización de los tribunales en Venezuela y exigir el respeto de los derechos de los presos políticos. El 10 de diciembre de 2013, Venezuela se retiraba oficialmente de la CIDH basándose en la afirmación de que la Comisión viola su soberanía y "apoya al terrorismo" contra los gobiernos "progresistas" de América Latina.

El 14 de enero de 2017, a raíz de una solicitud recibida para investigar presuntos abusos a presos políticos en Venezuela, la CIDH emitió una resolución en la que se pedía respeto a los derechos de dichos presos, en particular de Raúl Emilio Baduel, y se instaba al gobierno venezolano a que tomara medidas para garantizar su integridad.

Pero la dureza con la que Venezuela trata a la oposición no tiene visos de acabarse. De hecho, una de las primeras cosas que hizo Tareck El Aissami, el nuevo vicepresidente del gobierno nombrado por Maduro a principios de enero y que Estados Unidos ha incluido en su lista negra por su supuesta relación con el narcotráfico, fue dar la orden a los servicios de inteligencia para que redoblaran la persecución a los políticos de la oposición.