*Todos los nombres que aparecen en este texto se cambiaron para proteger la seguridad de sus protagonistas.

Al otro lado del teléfono se oye lluvia. En medio de un aguacero, Luisa me habla sobre su vida y las amenazas que han hecho que denuncie públicamente y pida ayuda a la Fiscalía, entidad encargada de velar por la seguridad de los líderes sociales del país. En lo corrido de 2021, van 28 líderes sociales asesinados en Colombia y 15 masacres, números que se suman a las olas de violencia de 2020 que dejaron 310 líderes sociales asesinados, casi uno por día. El Cauca, de donde es oriunda Cepeda, es el lugar del país donde más líderes mueren. En este departamento, cada tres días muere asesinado algún líder social o defensor de derechos humanos que se atreve a rechazar a los violentos o a plantear proyectos comunitarios para no depender de economías ilegales.

Yo soy Luisa Cepeda, nacida criada en Buenos Aires, Cauca. Mi padre y mi madre siguen vivos, se separaron hace 25 años. Mi abuelo murió y mi abuela está cercana a cumplir los 100 años.

Mis padres tuvieron seis hijos, yo soy la segunda. Tengo, además, tres hermanos más, uno muerto, que mi padre tuvo por fuera del matrimonio. Yo tengo dos hijos: uno de 25 y otra de 23. Ya soy abuela, tengo 42 años y cumplo 43 el 27 de abril.

Cuando salí del colegio, hice un técnico en el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, en seguridad y salud del trabajo. Luego hice otros en pastelería y arreglos navideños. Desde 2001, me dedico a liderar colectivos que protegen mujeres y víctimas del conflicto. En 2001, salí desplazada después de la masacre de El Naya.

La masacre de El Naya es una de las masacres que se le atribuyen a los paramilitares o Autodefensas Unidas de Colombia - AUC. En la Semana Santa de 2001, el Bloque Calima asesinó y desplazó a comunidades indígenas y afro de esta región del sur de Colombia. En abril de 2001, alrededor de 220 paramilitares salieron hacia El Naya, una región limítrofe entre los departamentos de Cauca y Valle del Cauca. Según versiones libres que han dado a la Fiscalía, los paramilitares instalaron retenes ilegales para controlar el ingreso de todos los productos que llegaban a El Naya.

Esto por orden Carlos Castaño, jefe paramilitar, que había dado la orden de generar impacto y hacerse sentir cuando ingresaran por primera vez a una región, para enviarle un mensaje a los colaboradores de la subversión. Con el objetivo de crear un nuevo bloque, los 220 paramilitares salieron hacia El Naya. Mataron a más de 23 personas y desplazaron a más de 3.000. Las audiencias para imputar cargos a quienes participaron en esta masacre todavía se están llevando a cabo.

Antes de salir desplazada, tenía una tienda y vivía de eso. A mi me sacaron porque, cuando llegaron a El Naya, dijeron que yo les daba comida a los guerrilleros. Por eso salí con mis hijos y llegué a Jamundí, donde estudié enfermería. Ahí estuve hasta 2012, porque no aguanté más y me devolví a mi tierra.

Cuando volví me diagnosticaron con anemia falciforme; acá le dicen “la enfermedad de los negros”. Me fui a Bogotá un tiempo, pero me tocó devolverme porque la altitud no me hace bien. Me mandaron con un internista que me mandó medicinas y oxígeno de por vida. En ese momento me separé y quedé a cargo de mis dos hijos.

Cuando todavía vivía en Jamundí, aprendí a lo que yo llamo “pasar los muertos”. Es decir, veníamos cerca a El Naya, buscábamos los cuerpos de la masacre y de otras incursiones paramilitares, y los pasábamos en llantas para llevarlos a que los reconocieran. En ese momento se fundó Renacer Siglo XXI, una organización que se dedica a ayudarle a las víctimas de la violencia en esta zona. Hoy nos estamos legalizando y estructurando como organización, porque queremos ayudar a más personas.

Luego, entré a ser parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres Cauca, donde hay más de 150 mujeres a las que apoyamos para que puedan desarrollar sus proyectos de vida. Ahora estamos recopilando las historias de las mujeres del Cauca que fueron violadas por los paras, para que eso no se pierda. En diciembre, además, hice parte de las reuniones de la Comisión de la Verdad, que es importante porque, como decía Ángela Salazar, quien murió y era parte de la Comisión, hay muy pocas mujeres negras ahí. Fue clave porque logramos que entrevistaran a mujeres del Cauca y que entendieran que las violencias que sucedieron en este territorio tienen que analizarse bajo esa lupa, la del enfoque diferencial.

Amenazas sin tregua

A raíz de su trabajo como lideresa y como parte de la Ruta, organización que empodera a las mujeres del Cauca, Luisa ha ayudado también a mujeres de su comunidad que son víctimas de discriminación y violencia. Entre ellas está Sara, hija de uno de sus vecinos. Sara, sus padres y sus hermanos, llegaron de Pasto, al suroccidente de Colombia. Sara le ha contado a Luisa que tuvieron que irse después de que su padre asesinara a alguien.

En los últimos seis meses, Luisa ha ayudado a Sara a través de la Ruta porque su padre no acepta que es lesbiana. Tanto así, que intentó envenenarla y le roció un químico que se usa para fumigar cultivos después de obligarla a subir, a pie, por más de tres horas hasta llegar al lote que tienen para cosechar. Luisa logró que Sara hablara con una de las psicólogas de la Ruta y que se fuera de la casa de sus padres.

El 17 de febrero, sin embargo, Luisa oyó a alguien fuera de su casa. Era un hombre que, después de disparar un tiro al aire, le dijo que si no se iba esa misma semana, iba a comenzar por matar a sus hijos. Por eso, la hija de Sara ya no vive con ella, tuvo que huir escondida en un carro. Su hijo tampoco. Ella interpuso una petición por situación de amenaza de muerte ante la Fiscalía virtual, pero no ha recibido ninguna respuesta. Unos días más tarde, el padre de Sara fue hasta la casa de Luisa y le dijo que no quería volver a verla en la calle, que se fuera. Por ahora, Luisa sigue esperando que alguien la ayude y que la Fiscalía le de algún tipo de protección.

Ella no quiere correr la misma suerte de su hermana que, por su trabajo con la Ruta, salió desplazada de su hogar, por amenazas de muerte también. Por ahora, espera y se prepara para salir a las calles a marchar el 8 de marzo, Día internacional de la mujer, para pedir que la violencia contra las mujeres, otra pandemia que no da tregua en Colombia, pare. “Yo no voy a dejar de luchar por nuestros derechos y porque estemos a salvo”, dice Cepeda. Ya vamos más de una hora hablando, más del tiempo que, por seguridad, habla normalmente por teléfono. Al ver la hora me dice con angustia que tiene que colgar, me agradece, y termina la conversación.