Un día después de que se iniciara su juicio político, Guillermo Lasso presidente ecuatoriano, firmó el decreto para disolver la Asamblea con base en el mecanismo conocido como la "muerte cruzada", una figura que forma parte de la Constitución ecuatoriana de 2008 y que permite al jefe del Estado disolver la Asamblea Nacional si considera que ésta obstaculiza gravemente su capacidad para gobernar.
Desde que se promulgó la Constitución, es la primera vez que un presidente invoca esta figura en el país, por lo que hay preocupación sobre cómo se manejará el proceso.
A partir de la entrada en vigor del decreto presidencial, el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe convocar elecciones presidenciales y legislativas en un plazo de siete días. La primera vuelta debe celebrarse en un tiempo máximo de 90 días, según el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y quienes sean elegidos en esa vuelta permanecerán en sus cargos hasta 2025, año en que están previstas las próximas elecciones regulares en Ecuador.
