Paraguay, un país que pocas veces es noticia internacional, celebrará elecciones generales este domingo 30 de abril tras una campaña marcada por la desinformación y un debate escaso sobre derechos de las mujeres, la infancia y las comunidades LGBTQ.

Si Paraguay estuvo en los títulos de prensa en los últimos meses fue por las sanciones lanzadas por el gobierno de EEUU contra el expresidente Horacio Cartes, empresario tabacalero y líder de la derechista Asociación Nacional Republicana (ANR). EEUU acusa a Cartes de corrupción y vínculos con el terrorismo por hechos cometidos antes, durante y después de su mandato, entre 2013 y 2018.

Pero, lejos de los reflectores, este país sudamericano es desde hace tiempo un laboratorio de discursos y acciones del movimiento conservador estrechamente vinculado a las derechas del continente.

Aquí, por ejemplo, un ministro de Educación amenazó con quemar libros en la plaza pública y censuró la palabra “género” del currículum educativo en 2017.

En este país la prohibición del aborto es “draconiana”, según Human Rights Watch – solo se permite cuando corre riesgo la vida de la persona embarazada. En promedio casi dos niñas de 10 a 14 años dan a luz por día; 80% de los casos de abuso sexual infantil ocurren en el entorno familiar, y no existen ni el matrimonio igualitario ni el derecho a la autodeterminación de género.

Este domingo, más de 4 millones de electores y electoras podrán votar al presidente y el Congreso para los próximos cinco años. Y si bien en cada elección está en juego el futuro de mujeres, niñas y diversidades, este ciclo se destaca por el uso de la desinformación sobre género, los mensajes de odio hacia candidatas y la casi ausencia de proyectos esperanzadores para el ejercicio pleno de derechos de esas poblaciones.

Las principales fuerzas que pujan por la presidencia se presentaron como conservadoras cuando emergieron debates sobre equidad de género durante la campaña.

La ANR, conocida como Partido Colorado y que gobierna desde hace casi 70 años, tiene en sus filas a varios exponentes de grupos contrarios a la igualdad de derechos para las mujeres y personas LGBTQ. Su influencia es notoria en el discurso colorado de los últimos años.

Su candidato presidencial, Santiago Peña, mutó la posición a favor del matrimonio igualitario que expresaba en 2017, cuando era ministro de Hacienda, a su actual compromiso electoral “contra el aborto y el matrimonio igualitario”.

Otros candidatos de la ANR dieron el mismo giro, como la exministra de Hacienda y candidata a senadora Lea Giménez, quien cuando integraba el gabinete de Cartes dijo en una entrevista estar a favor de la legalización del aborto, pero hoy se mantiene en silencio sobre el tema.

En la otra vereda se encuentra la Concertación Nacional, una plataforma que aglutina varios partidos de derecha, centro e izquierda, junto a la principal fuerza de oposición, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), y que postula a la presidencia al líder del PLRA, Efraín Alegre, exsenador y exministro de Obras Públicas.

La Concertación Nacional incluye a respetadas dirigentes afines al movimiento feminista, como la senadora Esperanza Martínez y la candidata a diputada Johanna Ortega. Su fórmula presidencial lleva como vice a Soledad Núñez, exministra de Vivienda que busca captar el voto más joven.

Pero incluso cuando las demandas de mayor igualdad se ven reflejadas en su programa de gobierno, la Concertación intentó eludir el debate en cuestiones fundamentales y postergadas, como la interrupción voluntaria del embarazo. Este silencio no evitó que el oficialismo buscara desacreditar a las principales figuras de la Concertación, asociándolas con la “ideología de género”, la “Agenda 2030” de la ONU y otros caballitos de batalla de grupos fundamentalistas.

En Paraguay se cometen unos 36 feminicidios por año, según datos de los últimos cuatro años. Más del 90% de los agresores eran conocidos de las mujeres asesinadas, como parejas y exparejas. Casi 8 de cada 10 mujeres pasó por algún tipo de violencia de género en sus vidas, y la violencia sexual fue la más reportada en una encuesta nacional sobre la situación de las mujeres.

La participación política femenina sigue siendo escasa. Las mujeres ocupan sólo 16,8% de curules en el Congreso, y en los 17 departamentos del país, solo uno está gobernado por una mujer.

Paraguay carece de procedimientos para reconocer la identidad de género de las personas. En 2020, cuando la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó una resolución de promoción y protección de los derechos humanos, Paraguay manifestó su oposición a los términos “identidad y expresión de género” empleados en el capítulo sobre prevención de la violencia contra personas LGBTQ. Hasta ahora, no hay legislación local que proteja de la discriminación a esta población. La impunidad es la norma. La sociedad civil lleva un recuento de 60 personas trans asesinadas como crímenes de odio desde que se recuperó la democracia, en 1989. Apenas en 2019 se dictó la primera condena por el asesinato de una persona trans en este país.

Desinformación y discursos de odio, protagonistas

Si bien la desinformación estuvo presente en elecciones anteriores, en este periodo fue una de las principales herramientas de campaña. En las internas partidarias del año pasado, la desinformación sobre género aumentó con la instrumentalización del movimiento antiabortista por parte del sector del Partido Colorado afín al expresidente Cartes. Esto derivó en acoso, ‘doxxing’ (revelación no consentida de información personal) y mensajes de odio en línea contra activistas y líderes del feminismo, y en manifestaciones en todo el país contra un plan de reforma educativa del gobierno por supuestamente contener “ideología de género”.

Un análisis de 211 frases pronunciadas por militantes antiaborto en una audiencia pública en el Congreso sobre ese plan, expuso una narrativa según la cual Paraguay está ante un “enemigo interno”, que es feminista, defensor de los derechos humanos, LGBTQ, extranjero y que responde a una agenda global oculta.

Como resultado de esa campaña, que encontró apoyo oportunista en políticos y eco en medios propiedad de Cartes, la Cámara de Diputados derogó un convenio de financiación de la reforma educativa firmado con la Unión Europea, poniendo en riesgo una donación de 38 millones de euros.

Aunque el plan de reforma educativa no cayó, este logro del movimiento fundamentalista empoderó a sus líderes. Uno de ellos, el activista ultraconservador Juan Vera divulgó en redes sociales el número de teléfono personal de una de las periodistas más reconocidas y defensora de los derechos de las niñas y las mujeres, Mercedes Barriocanal, instando a sus seguidores a que la hostigaran por haber criticado el voto de los diputados. La periodista recibió una avalancha de mensajes de odio.

Ahora son las candidatas de la Concertación el principal objetivo de este tipo de mensajes cargados de misoginia y homofobia, en particular la aspirante a la vicepresidencia Núñez, sobre la que también circulan desinformaciones que buscan asociarla al “globalismo” o al movimiento LGBTQ, como si lo último fuera algo recriminable.

Hay también activistas ultraconservadores compitiendo por cargos en el Congreso, que se presentan como “opciones provida”. Una de ellas, la abogada Dannia Ríos, lanzó la idea de una ley para “penalizar toda conducta que alterara o dañara la percepción natural del niño sobre su sexualidad o identidad”, y que incluye largas penas de cárcel para quienes publiquen materiales con información sobre diversidad de género.

Si bien estas figuras van a testear este domingo el alcance de su popularidad en votos, su fortaleza ya se puede ver en alianzas coyunturales, acciones de ‘lobby’, manifestaciones en las calles y un bombardeo constante de desinformación en redes sociales.

Programas electorales insuficientes

El mes pasado, la imagen de una mujer que dio a luz en el piso de un hospital porque no recibió atención médica oportuna recorrió los medios y generó una masiva expresión de indignación. Sintetizaba las condiciones precarias de la salud pública, en especial la de las mujeres, el resultado más palpable de casi 70 años de gobiernos colorados. Pero no logró instalar en la conversación pública propuestas sólidas para transformar esta precariedad. De hecho, en casi todo este ciclo electoral, pocos temas relacionados con la calidad de vida de la mitad de la población del país lograron ocupar la atención.

Uno de esos temas fue la promesa de los candidatos de la ANR y de la Concertación de ofrecer “guarderías” a madres trabajadoras. La periodista Juliana Quintana evaluó esta promesa y encontró que las salas para infantes menores de dos años “son un derecho ya contemplado en el Código del Trabajo”. Lo que falta es hacerlo cumplir.

Candidatas de la Concertación se han enfocado en algunas propuestas superadoras, como acompañar los esfuerzos ya en marcha de establecer un sistema nacional de cuidados. Además, el plan de gobierno de la Concertación habla de políticas públicas para promover una distribución más equitativa de tareas en el hogar, mayor participación y representación política de las mujeres y prevención de la violencia machista.

Pero ninguno de esos proyectos logró insertarse en la conversación electoral con más fuerza que una propuesta delirante de imponer el parto natural (en oposición a la cesárea) y el amamantamiento obligatorio de los niños hasta los dos años, lanzada por un exsenador díscolo que busca volver a la política con su candidatura a la presidencia.

En medio de estas propuestas problemáticas y de una crisis de desinformación, pende de un hilo el futuro de niños, niñas, mujeres y personas LGBTQ.