En 2011, Máxima Acuña se rehusó a vender sus tierras para el desarrollo del proyecto minero Conga, en la región de Cajamarca, Perú. Enfrentó a las empresas Buenaventura y Newmont, que ya administraban la mina Yanacocha. Máxima y su hija fueron apaleadas hasta perder el conocimiento en dos ocasiones y su casa fue derrumbada, obligándolas al desalojo forzoso. El proyecto fue suspendido el año siguiente gracias a la movilización y la resistencia ciudadana en toda la región. La represión policial de las protestas dejó cinco muertos.
Cuatro años más tarde, en 2016, Máxima recibió el Premio Medioambiental Goldman, conocido como el “Nobel Verde”, y se convirtió en un referente mundial del liderazgo de las mujeres por la protección del medio ambiente. Tan sólo unos días antes, Bertha Cáceres, ganadora del mismo reconocimiento el año anterior, fue brutalmente asesinada por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que ponía en riesgo la tierra ancestral de los indígenas Lencas, en Honduras.
Estos son apenas dos dolorosos ejemplos del contexto que enfrentan las personas defensoras medioambientales en América Latina y el Caribe. Cuando son mujeres, la situación es aún más grave. Amenazas y vulneraciones pretenden invisibilizarlas como sujetos políticos e históricos. Ellas que paren hijos, salen desde la huerta que cultivan y caminan organizadas.
