En 2011, Máxima Acuña se rehusó a vender sus tierras para el desarrollo del proyecto minero Conga, en la región de Cajamarca, Perú. Enfrentó a las empresas Buenaventura y Newmont, que ya administraban la mina Yanacocha. Máxima y su hija fueron apaleadas hasta perder el conocimiento en dos ocasiones y su casa fue derrumbada, obligándolas al desalojo forzoso. El proyecto fue suspendido el año siguiente gracias a la movilización y la resistencia ciudadana en toda la región. La represión policial de las protestas dejó cinco muertos.

Cuatro años más tarde, en 2016, Máxima recibió el Premio Medioambiental Goldman, conocido como el “Nobel Verde”, y se convirtió en un referente mundial del liderazgo de las mujeres por la protección del medio ambiente. Tan sólo unos días antes, Bertha Cáceres, ganadora del mismo reconocimiento el año anterior, fue brutalmente asesinada por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca que ponía en riesgo la tierra ancestral de los indígenas Lencas, en Honduras.

Estos son apenas dos dolorosos ejemplos del contexto que enfrentan las personas defensoras medioambientales en América Latina y el Caribe. Cuando son mujeres, la situación es aún más grave. Amenazas y vulneraciones pretenden invisibilizarlas como sujetos políticos e históricos. Ellas que paren hijos, salen desde la huerta que cultivan y caminan organizadas.

¿Una luz de esperanza?

Con el fin de establecer una estrategia regional para prevenir y sancionar la violencia contra las personas defensoras, 24 países de América Latina y el Caribe firmaron en marzo de 2018 el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como el Acuerdo de Escazú. Este es el primer tratado ambiental en la historia de la región y es el único instrumento creado para la protección de defensores y defensoras ambientales en el mundo.

El Acuerdo es el resultado de varios años de negociaciones que fueron impulsadas desde las mesas de trabajo de la Conferencia de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas de 2012, conocida como Río+20. Al día de hoy, cuenta con la firma de 24 países, 12 de los cuales ya lo han ratificado, con lo cual entró en vigor el 22 de abril de 2021. La Secretaría General de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) es la encargada de velar por su ejecución y cumplimiento.

De acuerdo con lo dispuesto en el texto, los Estados tendrán la obligación de abrir y actualizar los sistemas de información ambiental y de alerta temprana para mapear, entre otras cosas, la contaminación, así como de elaborar informes regulares sobre el estado del medio ambiente en sus territorios.

La pregunta es: ¿podrá la articulación de luchas y reconocimiento de derechos que contempla el Acuerdo frenar la violencia contra las personas defensoras de derechos ambientales?

Una guerra no declarada

La vergonzosa cifra de asesinatos a personas defensoras ambientales y líderes comunitarios continúa en alza en la región. En promedio anual, más de 200 defensores son asesinados en América Latina. La demanda creciente de materias primas en el norte global desencadena procesos de violencia en los territorios de recursos naturales, como el petróleo o el agua.

Reportear la defensa del medio ambiente en América Latina da la sensación de atestiguar una guerra no declarada en contra de las comunas, los pueblos y las nacionalidades habitantes de territorios ancestrales y biodiversos. Los Estados, que deberían garantizar los derechos colectivos, son en muchos casos quienes atentan contra estos derechos de forma recurrente, desconociendo la normativa internacional y de sus propios países.

La relación entre el Estado y los pueblos indígenas, cuyo territorio está en disputa para el extractivismo, resulta en un grave problema: se les niega sus derechos como sujetos políticos. Se afecta principalmente el derecho a la consulta previa, libre e informada, como estipula el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El territorio colectivo se convierte en un espacio de intervención del poder estatal y de los capitales que financian las industrias extractivistas.

Desde 2012, Global Witness registra los ataques contra personas defensoras de la tierra. En su último informe presentado en septiembre de 2021, la organización reporta que, a medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen la tierra.

En este contexto, la lucha de las mujeres cobra mayor fuerza. Cuando la guerra se cuenta desde las voces de las mujeres, la historia es otra. “En esta guerra no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles” explica la cronista Svetlana Alexiévich. En ese sentido, las palabras que nacen de las mujeres defensoras son palabras con origen en procesos de lucha y resistencia a un modelo económico que reduce su rol al cuidado doméstico y privado.

¿Qué papel tienen las mujeres en los procesos de resistencia al extractivismo que amenaza la vida? ¿Cómo ayudaría el Acuerdo de Escazú a las mujeres defensoras a garantizar sus derechos? Aquí reunimos las historias de cuatro mujeres defensoras de la biodiversidad en América Latina.

Alejandra, movilización contra el fracking en México

En 2020, fueron asesinados 18 defensores ambientalistas y de derechos humanos, y en lo que va del 2021, cinco casos, sólo en Paso de la Reyna, Oaxaca, donde se proyecta la construcción de una presa hidroeléctrica. La cifra sigue en aumento en lugares como la Sierra Tarahumara o la de Jalisco, mientras que el Senado mexicano aprobó la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hace poco más de un año.

De acuerdo al más reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos ambientales, en 2020 se registraron 65 ataques, de los cuales nueve fueron casos de estigmatización promovidos por el propio presidente. Asimismo, los periodistas reportan dificultades para acceder a la información para hacer reportería sobre megaproyectos que afectan al medio ambiente y cuyo promotor principal es el gobierno federal.

Las políticas extractivistas en México se han intensificado de forma sostenida desde 2013, año en que el gobierno de Enrique Peña Nieto implementó la Reforma Energética que permitió la extracción de gas y petróleo por medio de fracturación hidráulica (fracking). En reacción, la sociedad civil organizó la Alianza Mexicana contra el Fracking, dentro de la cual milita Alejandra Jiménez, defensora de Totonacapan, Papantla, al norte del Estado de Veracruz.

Allí, la ocupación de la tierra destinada a la producción de cultivos bajo el sistema agrícola tradicional conocido como milpa, se reemplazó por la perforación de pozos petroleros. Los niveles de contaminación, según documentó el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), iniciaron con los derrames de hidrocarburos y la quema de gas desde la década del 1950. La extracción petrolera tradicional y el fracking amenazan a la comunidad.

Lisa, la resistencia pemón contra la minería en Venezuela

Al sur del río Orinoco, la actividad minera se incrementó desde que el gobierno de Nicolás Maduro aprobó, en 2016, la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, que afecta al 12% del territorio nacional. La medida autorizó la explotación de oro, bauxita, hierro, cobre, coltán, diamantes y tierras raras, e implicó la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg), con lo cual el proceso extractivo cobró una dinámica marcial y securitista de ocupación de territorios.

El Orinoco es el territorio de comunidades indígenas como los mapoyo, inga, kariña, arawak y akawako, y su área de influencia incluye las tierras natales de los yekwana, sanemá, pemón, waike, sapé, eñepá y hoti o jodi en el Estado Bolívar; los yabarana, hoti y wotjuja, en Amazonas; y los warao, en Delta Amacuro. El Orinoco es un territorio transfronterizo de integración y encuentro de pueblos y nacionalidades.

Lisa Henrito es una mujer indígena pemón y defensora de la tierra, capitana de la comunidad Maurak, en el estado de Bolívar, limítrofe con Guyana y Brasil. Acusada de liderar un movimiento secesionista y de “traición a la patria” por el alto mando militar, Lisa ha sido criminalizada por su labor como activista de organizaciones de mujeres indígenas pemón, que exigen el fin de la militarización y la explotación minera de sus territorios ancestrales sin consulta informada ni estudios del impacto social previos, según la acción urgente que interpuso Amnistía Internacional en 2018 a su favor.

La reportería de la periodista Minerva Vitti recupera los testimonios de la lideresa y de los niños que crecen en esta comunidad pemón con el temor que infundió la masacre de Kumarakapay, en 2019. Esta masacre revivió el miedo que sembró la masacre de Haximú, veinte años antes. Actualmente, el gobierno de Nicolás Maduro les quitó su terreno y ahora viven en un lugar seco porque no hay agua. Lisa, como muchos otros indígenas pemón, necesita la garantía de sus derechos colectivos.

Angélica, sobreviviendo a las hidroeléctricas en Colombia

Hidroituango es el mayor proyecto hidroeléctrico en Colombia, en las aguas del río Cauca, y afecta a 16 municipios. Las políticas públicas intentaron despojarlo de su valor simbólico y ancestral para convertirlo en el motor de energía del país. Hidroituango es administrado por las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus problemas más graves afectan al departamento de Antioquia.

En 2018, Hidroituango casi colapsa por un derrumbe. Esto obligó a evacuar a 20 poblados río abajo donde vivían cerca de 100 mil personas, entre ellas Angélica Mazo y su hijo. Cinco años antes, Angélica y otros 350 campesinos, en su mayoría víctimas de desplazamiento forzado por proyectos de desarrollo, se movilizaron hasta Medellín en protesta por el impacto del megaproyecto.

Una protesta anterior, convocada por las Comunidades Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías (Comunidades SETAA), dejó 12 defensores detenidos. Durante siete meses, vivieron en carpas improvisadas dentro de la Universidad de Antioquia junto a otras lideresas de Comunidades SETAA, como Estela Posada, desalojada en cinco ocasiones mientras se construía la represa entre 2011 y 2018.

El testimonio de la defensora Angélica Mazo, recogido por el periodista Juan Manuel Flórez, recupera una historia que describe el impacto devastador de Hidroituango: “el agua es arrojada a una caída de 225 metros y al chocar con el fondo levanta un estallido de vapor que deja sin hojas la montaña del frente, como si ardiera todo el tiempo.”

En 2019, el megaproyecto se convirtió en una amenaza constante para la vida. Se produjo un hundimiento de suelo que afectó al municipio de Ituango, y el cierre de una compuerta dejó sin agua al río, afectando el equilibrio ecológico. La política del gobierno colombiano sigue desatendiendo la necesidad de reparación a las comunidades afectadas. Más grave aún, es el telón de fondo de violencia hacia líderes sociales, en cuya área de influencia se han registrado 73 masacres que neutralizan la movilización social.

La represa Hidroituango expone carteles que advierten sobre la contaminación del agua y que ésta no es apta para realizar actividades acuáticas. Las mujeres se resisten a heredar un río muerto a sus hijos.

Alicia, liderazgo indígena por la defensa del Yasuní (Ecuador)

“Muchos de los contratos petroleros fueron firmados por los hombres”, explica Alicia Cahuiya, lideresa del pueblo waorani asentado en el Yasuní, Reserva de la Biósfera declarada por la UNESCO en 1989. Éste es uno de los lugares más biodiversos del planeta y alberga a los kichwa, shuar, waorani y pueblos aislados como los tagaeri o taromenane.

En octubre de 2013, Alicia era la vicepresidenta de la Nacionalidad Waorani del Ecuador. El gobierno del Expresidente Rafael Correa la presionó a través de la dirigencia cooptada, para que se pronunciara a favor de aprobar el proyecto de ley que autorizaba la explotación del Bloque 31 y Bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní. Las diferentes acciones y protestas no detuvieron las exploraciones petroleras en esta área protegida.

Tras la consulta popular de 2018, el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021) incumplió el mandato del pueblo ecuatoriano y autorizó la construcción de plataformas de perforación y producción de hidrocarburos en el Bloque 43, que afectó a los pueblos aislados y territorio waorani que habitan el Yasuní. Ese mismo año, Amnistía Internacional documentó ataques y amenazas contra Patricia Gualinga (lideresa de Sarayaku), Nema Grefa (Presidenta Nación Sapara del Ecuador), Gloria Ushigua (lideresa sapara), Margoth Escobar (activista), e integrantes del colectivo Mujeres Amazónicas, incluyendo a Alicia Cahuiya.

Pese a las amenazas de muerte y constante asedio, Alicia continúa trabajando. Este año, fue elegida como responsable de Mujer y Familia en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una de las organizaciones sociales con mayor repercusión en el país y dentro de la región.

En un contexto hostil para los indígenas, el gobierno del banquero Guillermo Lasso (posesionado en mayo de 2021) anunció el incremento de la producción petrolera diaria para que pase de 500 mil barriles de petróleo a un millón. El plan de la expansión de la frontera petrolera ya está en marcha, y por eso la lucha de Alicia Cahuiya está más vigente que nunca. Imágenes satelitales muestran la apertura de una carretera de 4.7 km en el Bloque 43, que atraviesa el parque Yasuní y que conecta las plataformas Tambococha B y C e Ishpingo A y B. Mientras tanto, la huella del derrame de 15.800 barriles de petróleo, ocurrido el 7 de abril de 2020, continúa afectando a familias waoranis y de otros pueblos que conviven en los ríos Napo y Coca. Aún no hay justicia para las 25 mil familias damnificadas.

¡Escazú, ahora!

Los casos emblemáticos de estas mujeres no son los únicos. Las personas defensoras de la tierra, derechos colectivos, territorios ancestrales y del medio ambiente, enfrentan prácticas violentas de todo tipo. Necesitan protección, garantía de derechos y reconocimiento.

El Acuerdo de Escazú contempla varias herramientas para esto. El derecho a impugnar o o recurrir a instancias internacionales, como la Corte Internacional de Justicia, cuando los derechos de participación no sean respetados, o cuando haya ocurrido o pueda ocurrir una afectación adversa al medio ambiente. Medidas cautelares o provisionales para prevenir o hacer cesar daños al medio ambiente. Vigilancia de las decisiones judiciales y administrativas y de las medidas de reparación de daños ambientales. Mecanismos alternativos de resolución de disputas.

Para esto, los Estados deben primero garantizar a nivel local los derechos y reconocer la importancia de la labor de las personas defensoras. Para que esto se haga efectivo, los Estados también deben capacitar a las autoridades y funcionarios públicos, sensibilizar a la población y fortalecer los registros y los sistemas de información ambiental.

Este es el séptimo artículo del e-book Tejiendo Lazos: El Futuro del Multilateralismo en América Latina publicado por democraciaAbierta